Por: Gabriel Iachini (*)

Mucho se ha comentado estos días en los medios privados y medios internacionales, luego de la presentación del informe de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, después de la visita que hiciera a mediados de junio a Venezuela por invitación del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En la previa, la agenda mediática estaba orientada a posicionar en la opinión pública un estado de indefensión, que reflejaba según su discurso un Gobierno incapaz de proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Para la fecha, era común en los medios la difusión ver notas sobre supuestos casos de represión, presos políticos, falta de comida, medicinas, problemas en centros de salud, recintos penitenciarios, migración e inseguridad, que buscaban —entre otros escenarios— sesgar el informe que finalmente días después presentara la Alta Comisionada.

Llegados los días, decidieron adelantar la publicación del informe a través de los medios de comunicación y las redes sociales. La víctima: La verdad.

Bachelet pasó de «la izquierda» y «cercana del régimen» a una heroína de la oposición venezolana, ya que en su informe condenó cada una de las premisas mediáticas que ya enumeramos, pero en el cual, tímidamente mencionó a las sanciones unilaterales de EEUU contra Venezuela, y que tal como ella misma expresó en su momento —antes y durante la visita que hizo al país— agravan la crisis que padecemos los venezolanos.

Las fuentes

¿Pero de dónde vienen los datos de Bachelet? ¿Por qué se dice que es un informe parcializado? La respuesta, parece obvia, pero una mentira dicha más de cien veces bastará para ser «verdad» y más en los medios de comunicación.

De acuerdo a las autoridades venezolanas, más del 80% de los testimonios y entrevistas priorizadas en el informe, fueron las que realizaron fuera del territorio nacional y no las hechas por su oficina durante las visitas que hicieron a Venezuela y que ella misma pudo presenciar. En un comunicado el Gobierno presentó no menos de 70 objeciones al referido informe sobre las cuales no profundizaremos en este artículo, para concentrarnos en una de sus fuentes priorizadas: las ONG.

Y es que sobre la base de al menos 12 organizaciones no gubernamentales (ONG), entre las que podemos mencionar Médicos por la Salud, Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS), el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) Foro Penal Venezolano, Provea, Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), Espacio Público y COFAVIC, todas con una evidente y abierta parcialidad política, la Alta Comisionada acusó al Gobierno de cometer graves violaciones de los derechos humanos en varios ámbitos, basándose además en reportes del Centro de Documentación y Análisis de para los Trabajadores (Cendas) y la Federación Farmacéutica Venezolana, que también manifiestan un activismo claramente opositor, a pesar de las supuestas restricciones que según la Alta Comisionada tienen las ONG en el país. Veamos.

Actuación y financiamiento de las ONG

El 16 de enero de este año, 120 ONG difundieron un texto, mediante el cual exigían a la ONU «defender» los derechos humanos en Venezuela, sumándose a finales de enero luego otras organizaciones para llegar a la cifra de 245 ONG que pedían a sus colegas de otros países apoyo en sus manifestaciones de rechazo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

De igual manera, el pasado 25 de febrero, 45 ONG solicitaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Estado venezolano, alegando una «ruptura del orden constitucional» por la prórroga del Estado de Excepción y Emergencia Económica que solicitó el presidente Nicolás Maduro y por la «suspensión indefinida del derecho al sufragio», publicó el portal La Iguana.

Gran parte de estas organizaciones operan de acuerdo con los intereses de sus financistas, principalmente del Departamento de Estado y sus organizaciones. En el texto publicado el 02/06/2016, titulado: «ONG en Venezuela y financistas que operan detrás de ellas», el portal Misión Verdad, señala que la ONG Provea es financiada por la Open Society Foundations (del banquero estadounidense de origen judío George Soros), la Fundación Ford y la embajada Británica.

El portal Misión Verdad indica que el OVCS recibe recursos de la Fundación Nacional para la Democracia (en inglés: National Endowment for Democracy, NED), la ONG Control Ciudadano recibe fondos de la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), Espacio Público es financiado por el Departamento de Estado y Provea por Freedom House.

Según cifras de la misma USAID, el año de mayor desembolso a la oposición fue 2008 (10 millones de dólares de los 14 que se comprometieron) mientras que en 2011 hubo menos aportes (1,8 millones de dólares).

En 2017 el financiamiento fue de 5 millones de dólares, 3,9 de ellos destinados al sector «Gobernanza y sociedad civil». La NED, por su parte, ha destinado 415 mil de los 2,6 millones de dólares asignados para intervenir en Venezuela bajo aparentes aportes en «Comunicaciones Estratégicas Cohesivas».

Lo cierto de todo esto es que por más que se presente como una «verdad» el informe de la Alta Comisionada, prevalece lo que expresa el dicho «quien pone la plata pone la música» y ésta, evidentemente, no parece ser la excepción.

Lo que no condena Bachelet

Mientras ocurre este revuelo mediático contra Venezuela, del otro lado del mundo en países como EEUU, Colombia, Brasil o Chile, cuyos gobiernos se caracterizan por su obsesión anti venezolana, la Alta Comisionada prefiere mirar a un costado ante verdadera violaciones sistemáticas a los DDHH, pese al «horror» que manifestó sentir en días recientes por las condiciones en que el Gobierno de EEUU detiene los migrantes, incluidos niños, a pesar de esto no se observa una condena similar a la realizada contra Venezuela.

Según reportes del propio Gobierno estadounidense, las condiciones de vida en los centros de detenciones en la frontera son miserables, ya que las celdas abarcan un número mayor de personas a las que fueron diseñadas en un principio, además de la separación de familias y la mala higiene a la que son expuestos los detenidos, dándose casos de un par de muertes resultado de estas malas condiciones.

Asimismo, expertos y activistas en materia de DDHH ponen el ojo en Brasil y Colombia, donde según estudios, estos países disputan el miserable primer puesto del país más peligroso para los defensores de derechos humanos.

Si se trata de la tierra o del medio ambiente, Colombia es el país más violento; si hablamos de los derechos de las mujeres o de la población LGTBI, Brasil lidera la tasa de homicidios, denuncian las activistas Debora Diniz y Giselle Carino en un artículo publicado en El País, de España.

Agregan que la división de las cuestiones de derechos humanos es una forma de clasificar los temas de mayor riesgo en cada país, pero historias concretas de activistas amenazados o asesinados muestran que la frontera es incierta.

Solo poro mencionar unos casos citan el de Yirley Velasco, quien es campesina, superviviente de la masacre de El Salado (Colombia). Fue víctima de violencia sexual en el año 2000 y recibió amenazas de muerte por su activismo político en defensa de los derechos de las mujeres en Montes de María, donde María del Pilar Hurtado fue asesinada frente a sus hijos.

Otro caso, Talíria Petrone, ejerce como diputada federal, fue amiga de Marielle Franco —la concejal asesinada por milicias en Río de Janeiro—, es una voz activa en favor los derechos humanos en la política nacional brasileña también ha sido amenazada y no goza de ningún tipo de protección.

Volvamos a Colombia, país que actualmente es la nación con más peticiones y casos abiertos a trámite de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de acuerdo con un balance divulgado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) ocupa el 24% de todos los procesos en trámite de la Corte, mientras este organismo ahora pretende venir a Venezuela a «evaluar» la situación de los derechos humanos en el país.

No va pal’ baile

Pese a la bulla y a la propaganda, el informe de Bachelet no pasará de allí. De hecho, activistas opositoras, tales como Yajaira Forero, quien es esposa de uno de los policías metropolitanos condenados por el golpe de Estado de 2002, pidió este lunes que el informe «no sea engavetado». Mientras, crecen las voces de rechazo a nivel internacional ante la parcialidad de Bachelet.

En la propia ONU el informe no fue aprobado por el Consejo de Seguridad, lo cual, según las opiniones de los expertos, desacredita aún más a la Alta Comisionada, perdiendo fuerza y credibilidad.

Asimismo, este sábado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, adoptó una resolución en rechazo al conjunto de medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno estadounidense contra la economía y la industria petrolera de Venezuela, medidas, que vale la pena reiterar, no fueron tomadas en cuenta en el informe, ni mucho menos las cifras emitidas por el propio Estado venezolano.

A lo interno, en Chile, la figura de Bachelet también es altamente cuestionada por los líderes de la oposición, quienes en su momento habrían apoyado a la ex presidenta y ahora descartan de plano una tercera candidatura presidencial de Bachelet, según reporta el diario La Tercera.

Concluye el referido artículo con una cita del senador del Partido por la Democracia (PPD), Guido Girardi, quien da luces del posible interés de Bachelet con el informe contra Venezuela: «No creo que haya Bachelet 3.0 desde el punto de vista presidencial; sí Bachelet 3.0 desde el punto de vista de su rol a nivel internacional en la ONU», dijo.

(*) Politólogo venezolano