Por: Eduardo Piñate R.

La Asamblea Nacional acaba de elegir, con el voto de la bancada revolucionaria y un voto de la oposición, a los integrantes del Poder Ciudadano: la doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, doctor Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República y a Tareck William Saab, Defensor del Pueblo. Todos y todas, venezolanos ejemplares con amplia trayectoria profesional y de lucha en sus respectivas áreas de trabajo. Sin desmeritar de las credenciales profesionales, académicas y condiciones personales del resto de postulados y postuladas, no dudamos en afirmar que la Asamblea Nacional ha tomado la mejor decisión para los intereses nacionales y del pueblo venezolano.

Sin embargo, la mayoría de las fracciones de la oposición (repetimos, sólo un diputado de oposición votó favorablemente) se opuso a partir de un argumento falaz: que tal decisión debía tomarse por mayoría calificada y no por mayoría simple como se hizo.

Hay que decir que es un argumento carente de razón, pues el artículo 279 de la Constitución establece claramente que cuando el Consejo Moral Republicano no convoca en el lapso establecido al Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano “…la Asamblea Nacional procederá, dentro del lapso que determine la ley (treinta días establece la ley respectiva), a la designación del titular o la titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente.” Como se observa, por ninguna parte dicho artículo habla de mayoría calificada. Tal situación se produce cuando es el Consejo Moral Republicano quien convoca al Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano y este presenta una terna a la Asamblea Nacional. Esta no fue la circunstancia que operó en este caso, pues el Consejo Moral Republicano entró en omisión y no presentó ninguna terna, razón por la cual la Asamblea Nacional asumió la función que la Constitución Bolivariana le asigna en tal circunstancia.

Ahora bien, que no quede duda alguna que se trata de un tema político y no constitucional o legal. Veamos:

La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad en este momento de elegir tres rectores o rectoras del CNE con sus respectivos suplentes y doce magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. En ambos casos deben ser electos con mayoría calificada de la Asamblea Nacional, es decir, con 110 votos, que la bancada revolucionaria por sí sola no tiene. Es allí donde una oposición que es minoría en la Asamblea Nacional y en la calle, se comporta como si fuera mayoría y pretende imponer condiciones y chantajear a la mayoría. Cosa que, obviamente, esta mayoría revolucionaria en el parlamento nacional, hija de Chávez y Bolívar y consustanciada con los principios revolucionarios y chavistas, no acepta.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos da la respuesta al supuesto atolladero en el que la oposición pretende meternos. Para el caso del CNE, cuando no se aprueba –como no se aprobó- por mayoría simple, se incurre en omisión legislativa y es el TSJ quien designa a los tres rectores o rectoras del CNE. Y en el caso del TSJ, cuando en tres sesiones convocadas para elegir los magistrados y magistradas no se alcanza la mayoría calificada, se convocará a una cuarta sesión y en ella se elegirá por mayoría simple.

Esta es la situación que tenemos; ya el TSJ fue informado de la omisión legislativa en el caso de los rectores o rectoras del CNE y la decisión está en sus manos. Y para el caso de magistrados y magistradas del TSJ, ya se hizo la primera sesión prevista en nuestra carta magna, la segunda se convocó para el 26 de diciembre, la tercera para el 27 de diciembre y si hiciera falta, la cuarta sesión se convocó para el 28 de diciembre.

No habrá vacío ni en el Poder Ciudadano, ni en el Electoral, ni en el tribunal Supremo de Justicia como quiere la oposición antinacional y antipopular. Aquí hay un Estado revolucionario cuyas instituciones funcionan con normalidad y donde las transiciones democráticas de unos funcionarios a otros se producen normalmente, sin traumas de ningún tipo.

La oposición partidista en Venezuela, envalentonada por las leyes y pronunciamientos injerencistas del gobierno y el parlamento de EEUU y del Parlamento Europeo; junto a la guerra económica, mediática y psicológica, entre otras; apuesta a desgastarnos en el 2015 y que lleguemos con escaso apoyo popular a las elecciones parlamentarias del año próximo, si no pueden derrocar el gobierno antes como es su sueño.

Una vez más se equivocan, una vez más dejan por fuera de sus fórmulas al pueblo venezolano; un pueblo que hoy está más organizado y más consciente, con un partido revolucionario (el PSUV) que en el año que está concluyendo dio muestras de una extraordinaria vitalidad y hoy está acometiendo un proceso de reordenamiento de sus estructuras y equipos de dirección desde las bases; con un Gran Polo Patriótico que acaba de realizar el Congreso de sus movimientos de masas y ya realizó Congresos de indígenas, trabajadores y trabajadoras, cultores y cultoras, intelectuales, etc., y comenzando el 2015 debe realizar el Congreso de los partidos políticos que componen la alianza revolucionaria; y cuenta también con la fuerza demoledora que imprime a la revolución la unión cívico-militar.

La oposición es coherente en su apuesta contra la Constitución Bolivariana y nuestra revolución, no en balde se opusieron a ella desde el primer día y han hecho de todo, incluido un golpe de Estado, para acabar con las dos –la Constitución y la revolución- pero no van a poder, siempre se encontrarán con el pueblo de Chávez y Bolívar dirigido por el camarada Nicolás Maduro y la dirección de la revolución.

Caracas, 22 de diciembre de 2014