Clodovaldo Hernández / Opinión

1.Sep.2015 / 05:32 pm / Haga un comentario

Por: Clodovaldo Hernández

¿Los derechos de quiénes cuidan las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos? Es una pregunta interesante para sumarla a uno de esos sondeos ómnibus que hacen las encuestadoras. La interrogante surge porque las tan mentadas ONG parecen siempre defender los derechos de los victimarios, y no los de las víctimas. Algo, sin duda, bastante torcido.

Una encuesta así tal vez permitiría saber si esas ONG tienen o no respaldo popular, más allá del debate -también muy candente- de si son realmente independientes o si actúan como meros apéndices del poder hegemónico mundial, el del capitalismo y sus corporaciones.

Claro que eso no importa tanto porque las referidas organizaciones no son partidos políticos ni clubes deportivos, es decir, que su misión no es acumular seguidores. La popularidad no tiene por qué preocuparles, eso está claro, pero… ¿pueden darse el lujo de ser impopulares?.

El enfoque de que los derechos humanos solo pueden ser violados por los estados hace que, muchas veces, los defensores terminen actuando de ese modo que evoca el mundo al revés de Galeano. Y esto implica que la violación sufrida por el ciudadano común se eleva, por decir lo menos, al cuadrado.

El otro día, un estudiante relató en clase un incidente que tuvo con un policía depravado. Le pregunté si había ido a la Defensoría del Pueblo y me respondió: “no, yo no tengo derechos humanos, porque no soy malandro”. No pocas veces he tenido la impresión de que esa es más o menos la imagen generalizada que se tiene en nuestra sociedad acerca de ese tema.

Cuando se trata de ver el desempeño de las ONG, los casos más difíciles de digerir son aquellos en los que defienden los derechos de los delincuentes y presuntos ídem. Para los familiares de personas vilmente asesinadas; para las víctimas de secuestros, atracos, extorsiones y otros hechos violentos es lacerante ver a los luchadores pro DDHH batiéndose no por ellos, sino por los autores de los delitos. Es muy difícil de tragar.

Veamos otros casos de resonancias actuales: en 2014, el ala pirómana de la oposición bloqueó calles, incendió basura, lanzó bombas molotov, puso guayas con la intención de degollar a personas en moto, regó aceite en las vías, disparó contra funcionarios y civiles… pero nada de eso fue catalogado como violación a derechos humanos por ninguna ONG especializada. Nada, salvo la respuesta que dio el Estado. Al asumir tal actitud, con intención o sin ella, las organizaciones acabaron defendiendo los derechos de minorías muy violentas. Incluso, su defensa ha abarcado a individuos con grave psicopatías, como se ha demostrado últimamente, de la forma más escalofriante. Al hacerlo, esas instituciones vulneraron los derechos de la ciudadanía pacífica, en especial de quienes sufrieron con los desmanes antes referidos.

Hay muchas otras situaciones así. Por ejemplo, la operación de despojar, mediante ilícitos y vivezas, a todo un pueblo de los bienes esenciales, muchos de ellos subsidiados por el Estado venezolano, no califica para las ONG como violación a los derechos humanos. Pero cuando las autoridades intentan tomar medidas contra esa anomalía, entonces sí opera el mecanismo para socorrer a los perpetradores continuados de los delitos e irregularidades. Al final de la jornada, las ONG terminan amparando el derecho de los bachaqueros a comprar un paquete de pañales en 65 bolívares y venderlo en 700. Y, al hacerlo, quiéranlo o no, pisotean el derecho de la madre o el padre que debe someterse a tal robo.

Las ONG de derechos humanos no realizaron ninguna gestión digna de ser resaltada para denunciar los perjuicios que causan a la población venezolana las graves irregularidades en el comercio de la zona fronteriza. No cuestionaron que productos subsidiados por Venezuela, destinados a los sectores más necesitados, pasaran al otro lado de la frontera para ser vendidos a precios “de libre mercado”. No vieron la injusticia implícita en que en muchas ciudades y pueblos de Venezuela escaseen tales productos, mientras en Cúcuta y otras localidades colombianas se ofrezcan de manera abundante (y cara). Pero ahora que se tomaron medidas restrictivas, las ONG sí han identificado un crimen de lesa humanidad en el acto de privar a los ciudadanos colombianos de esos productos… y de su jugoso negocio.

Las ONG se alinean con los colombianos deportados, lo cual parece una causa muy noble. Solo que, de nuevo, en la práctica están poniéndose del lado de los victimarios y en contra de las víctimas. Apoyan a quienes venían actuando ilícitamente y con plena impunidad. Defienden el status quo del negocio gigantesco y complejo del contrabando, una actividad que, sin lugar a ninguna duda, viola los derechos humanos de la mayoría del pueblo venezolano. A menos que, como mi estudiante, uno diga resignadamente: “yo no tengo derechos humanos porque no soy bachaquero”.

 

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