Héctor Rodríguez Castro / Opinión

18.Feb.2018 / 10:24 am / Haga un comentario

Foto: PSUV Miranda

Foto: PSUV Miranda

Por: Héctor Rodríguez

Justamente ésa es nuestra visión de lo que podríamos denominar una actualización de nuestro marco jurídico regional, porque si queremos alcanzar progresiva y sostenidamente los objetivos planteados para el pueblo mirandino, requerimos de un conjunto de leyes que nos den la amplitud y la fortaleza para actuar  en función del desarrollo integral de nuestro estado.

Esa actualización se establece sobre cuatro dimensiones prioritarias: la seguridad integral, tanto personal como jurídica; un desarrollo económico integral cada vez más autosuficiente; el desarrollo social de individuos e instituciones para lograr una vida plena; y la transformación de los espacios urbanos y los servicios públicos para el disfrute de una vida profundamente colectiva.

En este sentido, hemos estado trabajando con las comunidades organizadas, con los entes públicos y privados, y con las personalidades destacadas de la región para diseñar una serie de iniciativas legales, de instrumentos jurídicos, que permitan la actualización de los acuerdos sociales, con una visión de inclusión y justicia.

Por ello, le proponemos al Consejo Legislativo un paquete de leyes para ser discutidas y aprobadas en el primer semestre del 2018. Estas leyes serán las herramientas concretas con las que contaremos en nuestro estado para garantizar el ejercicio pleno de nuestros derechos.

En el campo de la seguridad y paz ciudadana, hemos determinado dos leyes necesarias: la de los cuadrantes de paz y la de las casas de justicia.  Por la vía de la práctica ya se ha comprobado que ambas iniciativas dan resultado. Ahora, con leyes específicas, con regulaciones, procesos y mecanismos perfectamente delimitados, tendremos un sendero transparente para cimentar lo positivo de esta experiencia.

En relación con la economía productiva, son necesarias una Ley de tributos especiales que alimentarán el erario público y fortalecerá su retribución hacia la sociedad. Igualmente se requiere una Ley de minas, que nos permita robustecer el manejo de los recursos materiales metálicos y no metálicos con los que contamos en más de 150 minas de nuestro estado.

En cuanto al desarrollo social, y con miras a darle el músculo necesario a las misiones de Chávez, hemos puesto sobre la mesa dos leyes surgidas de las discusiones, planteamientos y propuestas del pueblo: un Ley de cultura que vendrá a apoyar las tradiciones vivas que han sido reconocidas por la Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad; y una Ley del deporte, como una fórmula de ver la actividad deportiva como garante de la salud integral de la sociedad, más allá de la competencia.

Finalmente, cuando se trata del derecho a la ciudad, al hábitat, tenemos tres leyes indispensables: Ley de ordenamiento territorial;  Ley  del servicio del servicio de transporte público estatal, urgente y necesaria ya que la única garantía real de la gente es un transporte público eficiente que dependa del Estado y no de los vaivenes de un mercado capitalista; y, finalmente una Ley de usuarios y usuarias de los servicios públicos, que garantice la organización, participación y toma de decisión de las comunidades organizadas, que garantice que todos asumamos el ejercicio de la corresponsabilidad en el devenir diario con la vista puesta en un futuro hermoso y luminoso para Miranda.

 

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