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Lara, 19 de junio de 2026.- Este viernes la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, que impulsa el Gobierno Nacional, se instaló en el estado Lara con la participación de los integrantes de la comisión que dirige este proceso, así como por diversos sectores del estado.
El gobernador de la entidad, Luis Reyes Reyes, al dar la bienvenida a los presentes, aseveró que este proceso de consulta es «una demostración de la democracia» que existe en Venezuela. «La reforma de la justicia penal es algo esperado por mucho tiempo (…) Apostamos a tener los mejores resultados y poseer un sistema judicial humanizado», destacó en compañía de la comisión para este debate.
El fiscal general de la República, Larry Devoe, agradeció a todo el país por el apoyo a esta iniciativa. También señaló que el debate para la reforma judicial es un tema que atañe a todos los venezolanos y venezolanas.
Dijo que esta es una consulta que se ha venido desarrollando en todo el país, y que tiene entre sus objetivos generar el diagnóstico del sistema penal en todos los sectores y de manera colectiva con todas las expresiones políticas. Además, el diagnóstico debe servie para generar ideas y soluciones.
Devoe explicó que la consulta tiene como segundo objetivo crear una ruta común para transformar el sistema judicial penal. «Esta ruta común nos llevará a la justicia popular, que es el mandato de la Constitución», aseveró.
Por su parte, el presidente de la Comisión para el Seguimiento de la Ley de Amnistía y diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza, aseveró que el lineamiento fundamental de esta consulta es la reforma «estructural y profunda» del sistema judicial del país.
«El llamado es a compartir ese diagnóstico que todos tienen (de la justicia penal). Hay un gran diagnóstico que ya está hecho por el pueblo, por los privados de libertad, por los familiares que tienen que lidiar con los procesos. Si logramos que se ejerza el proceso de justicia desde el territorio, vamos a una prevención desde el territorio», sentenció el parlamentario venezolano.
Por otra parte, Arreaza destacó que las Comunas y Circuitos Comunales tienen la responsabilidad de intervenir en el proceso de acercamiento a los penales en el punto y círculo. «Se nos abren puertas para iniciar caminos nuevos, para hacer que la comunidad tenga información permanente sobre la justicia en Venezuela «, detalló.
El ministro para los Servicios Penitenciarios, Julio García, infirió que la consulta se ha realizado en centros policiales, en instituciones de privados de libertad, jueces, abogados, entre otros sectores. «Nuestro método es consultar y son los privados de libertad quienes cargan esas cruz. Escuchando a todas las partes vamos a poder transformar el sistema. Estamos haciendo investigaciones profundas», manifestó.
Igualmente, Daniel Ramírez, defensor público general, reiteró que la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal de Venezuela, cuenta con la integración de todos los organismos del Estado.
De igual manera, llamó a continuar debatiendo sobre el tema para atender todos los casos que podrían estar represados en el sistema de justicia.
Los voceros del estado Lara relacionados con el tema judicial, Sagrario López y Wilfred Peraza, definieron este proceso de reforma como un evento histórico para el país. Además, propusieron una justicia anticolonial y feminista, que respete los derechos humanos, así como promover la cultura, el deporte y la educación.
Gisela Jiménez, integrante de la Asociación Venezolana de Juristas, destacó que la realidad de la justicia en Venezuela ha avanzado notablemente, «eso nos da un entusiamo para creer que sí se puede; estamos comoeometidos para lograr esa transformación».
La Comisión para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal fue instalada en Venezuela para consolidar cambios estructurales en el sistema judicial.
Esta instancia desarrolla mesas de trabajo y despliegues territoriales para construir de forma colectiva una hoja de ruta y un diagnóstico compartido.
El proceso fue instalado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, junto con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; el fiscal general, Larry Devoe (quien actúa como secretario ejecutivo); distintas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como el ministro para el Sistema Penitenciario, Julio García.
