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Los comités de familiares de víctimas de las acciones violentas perpetradas por la ultraderecha en el país durante los últimos 16 años, así como de las víctimas de la represión del período 1958-1998 por los gobiernos neoliberales, consignaron un documento a la Defensoría del Pueblo para solicitarle que active los mecanismos para la declaración de inconstitucionalidad de la ley de impunidad que aprobó la oposición en la Asamblea Nacional (AN).
A través de un contacto con Venezolana de Televisión, Maithe García, vocera del Comité de Víctimas del Sicariato Campesino, hizo entrega este jueves del documento al director ejecutivo de la defensoría, Alfredo Ruiz, a las afueras de la sede del organismo en plaza Morelos, sector Bellas Artes, Caracas, de donde partió la marcha del pueblo hasta el Palacio de Miraflores, sede de Gobierno, en rechazo al instrumento que la derecha ha denominado Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
Con esta ley la derecha pretende amnistiar a los responsables de los hechos terroristas de 2014 -que dejaron un saldo de 43 personas asesinadas y más de 800 heridas-, a los responsables de la violencia tras los comicios del 14 de abril de 2013, a los autores de los crímenes perpetrados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, los del sabotaje petrolero de 2002-2003 y otras situaciones que quebrantaron la paz en Venezuela.
«No se puede hablar de reconciliación si se vulneran nuestros derechos. Por el contrario, nos cercenan el derecho a defender nuestra verdad que no es más que los testimonios de los miles de víctimas de crueles asesinatos», enfatizó García, en referencia a la negación de la derecha de otorgarle un derecho de palabra en la AN a los familiares.
Alfredo Ruiz, tras recibir el documento a nombre de la defensoría reafirmó que la verdad y la justicia son derechos humanos fundamentales y explicó que estudiarán el comunicado para hacer las recomendaciones a las instancias pertinentes.
Mencionó que el defensor del Pueblo, Tareck William Saab, estará realizando asambleas populares en el país para debatir el contenido de la ley y escuchar las demandas de la gente.
El diputado del Bloque de la Patria a la AN Darío Vivas, quien acompañó a los comités en la entrega del documento, sostuvo que la ley «vulnera el Estado de Derecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y golpea a las víctimas (…) doblemente: porque fueron ignoradas y en ningún momento ha habido algún tipo de reflexión hacia ellos».
AVN