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En el proceso comicial para elegir a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como eje fundamental del Estado de Derecho, resguardará la voluntad expresada por el pueblo a través del voto, recalcó este domingo su presidenta, Gladys Gutiérrez.

“Estamos siempre pendientes de preservar la voluntad del pueblo, que la expresa democráticamente y fortaleciendo la institucionalidad”, expresó durante una entrevista.

Recordó que el Poder Electoral tiene a cargo el cumplimiento de la actividad y el TSJ “desde el ámbito de su competencia estará atento para responder cualquier situación que sea presentada ante sus órganos”.

Informó que para el día de los comicios estarán programadas unas guardias para atender eventuales ilícitos electorales y al respecto comentó que la Sala Electoral del máximo tribunal adelanta actualmente talleres para revisar la legislación al respecto y dar a conocer a la ciudadanía sus derechos.

De haber alguna duda respecto a los resultados electorales, mencionó que existen los mecanismos legales y constitucionales para manifestar cualquier irregularidad ante los órganos jurisdiccionales con los respectivos recursos electorales que sean revisados con criterio de ley para determinar la admisibilidad y dictar los resultados que correspondan.

Manifestó estar segura de que Venezuela continuará su senda democrática y aunque haya amenazas “siempre termina triunfando la verdad” ante los ataque provenientes “de sectores que no ven a los poderes públicos como un conjunto de órganos y formulas que organizan el bienestar colectivo”.

Sobre los señalamientos e intrigas contra la institución comentó que siempre surgen en momentos cercanos a elecciones “y puede uno allí ver la intencionalidad de intentar deslegitimar una rama del poder público o la institucionalidad toda con el fin de justificar hechos de violencia”.

Comentó que la institución se caracteriza por una cordialidad absoluta y actualmente es un órgano más cercano al ciudadano, como lo demostró recientemente la elaboración del Plan estratégico del poder judicial 2013-2019, hecho con el aporte de trabajadores del Poder Judicial, organizaciones de base, estudiantes, consejos comunales, indígenas y un pueblo que actualmente está conociendo “la función real del Poder Judicial”, como resultado de las iniciativas de difusión del organismo.

Para la optimización de la funcionalidad, el TSJ implementa desde 2013 en el Área metropolitana de Caracas —con extensión progresiva al resto del país— planes para la celeridad en los procesos mediante mecanismos como el Sistema de Agenda Única en conjunto con el Ministerio Público y la Defensa Pública, para evitar el diferimiento de las audiencias o retardo procesal.

Con el mismo objetivo se han incorporado herramientas informáticas, como videoconferencias, que reúnen para el estudio de los casos a la medicatura forense y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para evitar que las audiencias sean diferidas por una eventual inasistencia de los expertos que rinden datos sobre los informes presentados.

Resguardo de los derechos fundamentales

Recordó que el TSJ, además de regir la complejidad de la función jurisdiccional, en lo que respecta a dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, a lo penal, mercantil, contencioso administrativo, laboral, agrario, niños, niñas y adolescentes, también se ha dado respuesta inmediata a las solicitudes hechas por el pueblo, y las relacionadas con la seguridad y defensa de la nación.

Refirió la sentencia número 100, emitida en febrero de 2014, —resultado de las solicitudes de interpretación de los alcances de los artículos 1, 5 y 322 de la Carta magna— la cual reafirma el carácter soberano de Venezuela ante la injerencia de Estados Unidos, luego de que este país promulgara una ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela.

Asimismo, recordó el decreto ejecutivo firmado en 2015 por el presidente estadounidense Barack Obama en el que señala a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria”, el cual se determinó que no posee validez con relación a Venezuela y sus habitantes, ante el cual las autoridades venezolanas pueden encauzar cualquier reclamación puesto que dichas medidas generan responsabilidad nacional e internacional.

Resaltó que se han atendido con celeridad los casos de violencia impulsados por sectores minoritarios en el país, además la institución ha participado en el Consejo de Estado para ofrecer sus aportes en lo que respecta a la lucha contra la guerra económica, declarando la constitucionalidad de los decretos de Estado de excepción, con base en la Constitución.

Ante los ataques que contemplan también acusar al país como violador de los derechos humanos, resaltó el hecho de que ha sido por el contrario, Venezuela ha sido calificada positivamente por su labor en el resguardo de derechos fundamentales en foros como la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, donde han sido presentados informes sobre los derechos sociales, culturales y económicos, civiles y políticos.

Detalló que estos exámenes han permitido revisar el catálogo de sentencias y decisiones hechas por el TSJ y su aporte a la visión de la Constitución y derechos como la salud, alimentación, vivienda, género, protección a la mujer y grupos vulnerables, indígenas, además de hacer la pertinente revisión constitucional para ordenar el seguimiento de casos denunciados por la Comisión por la Justicia y la Verdad para abrir investigaciones sobre torturas y desapariciones entre 1958 y 1998.

AVN