Foto: Misión Verdad

El relato mediático que posiciona a Venezuela como uno de los países líderes en tráfico de drogas obvia que Colombia, en donde la Administración Federal de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dice encabezar la guerra contra el narcotráfico, ha aumentado la superficie cultivada de coca en los últimos años en más del 50%. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aumentó de 96 mil hectáreas en 2015 a 146 mil en 2016.

Según la misma DEA, la producción de cocaína en Colombia aumentó en un 35% entre 2015 y 2016, pasando de 250 toneladas a 710 toneladas, «los niveles de producción actuales son los más altos reportados» y las cosechas de hoja de coca aumentaron en 18% en 2016. En este sentido, la agencia antidrogas estadounidense parece más centro informativo que un cuerpo que realmente combate el narcotráfico.

Una lucha con resultados y sin la DEA

A la par, el Gobierno venezolano ha incrementado en un 209,66% las incautaciones de droga tras la eliminación de los convenios con la DEA en 2005, así lo informó el General de División Juan Pedro Grillo González, jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

Desde entonces se han logrado capturar a más de 110 capos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de dinero, entre ellos Diego Pérez Henao; Maximiliano Bonilla, alias «El Valenciano»; los hermanos Héctor y Nelson Buitrago Parada, alias «Martín Llanos» y «Caballo» respectivamente; el colombiano Daniel Barrera Barrera, alias «El Loco», quien fue capturado en San Cristóbal (Táchira), y cuya captura mereció el agradecimiento expreso del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Además, el italiano Genco Fara Vito fue arrestado, acusado de ser uno de los miembros de la mafia siciliana Cossa Nostra.

El empresario español Rafael Rubén Núñez Cencerrado, que era uno de los más buscados en España, también fue arrestado porque se le acusaba de estar directamente relacionado con los capos de los principales carteles de la droga colombianos.

Jorge Milton Cifuentes, alias «JJ» o «Jota», solicitado por EEUU, fue capturado en Anzoátegui; también Vasily Kotosky Villarroel Ramírez, quien tuvo difusión roja por Interpol Venezuela y color verde para EEUU, es acusado de ser financista y legitimador de las capitales ilícitos del cartel mexicano de Sinaloa, organización que lideró el famoso capo Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Según el World Drug Report publicado por la ONU en 2016, durante ocho años Venezuela ha estado entre los 10 primeros países con las mayores incautaciones de drogas en el mundo y ocupa el sexto lugar en América Latina.

En 2017, la ONA informó de 5 mil 905 procedimientos relacionados con el narcotráfico, la incautación de 40 toneladas de drogas y 773 propiedades de las organizaciones delictivas, que hoy en día son precisamente utilizadas por cuerpos de seguridad para atacar dicha actividad. La corrupción también ha sido atacada: ese año se detuvo a un gran número de funcionarios públicos de puertos y aeropuertos y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Decisiones estratégicas que acompañan a los logros

Aun cuando Venezuela no responde a los difusos lineamientos de la DEA, mantiene alrededor de 50 acuerdos internacionales con 37 países en temas antidrogas, colabora plenamente con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, un organismo que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la Comisión de Estupefacientes de la ONU e Interpol.

En 2010 el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (Grulac) destacó los esfuerzos del gobierno nacional en instalar un sistema de radar (10 en total) para fortalecer el control del espacio aéreo y combatir el tráfico ilícito de drogas así como la destrucción sistemática de pistas no autorizadas que reduce el tráfico de drogas por aire.

Venezuela es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes.

Además se creó una nueva Ley Orgánica sobre Drogas que aumentó el período de prisión de 8 a 30 años a las posibles sanciones por el tráfico de drogas y otros delitos relacionados.

Las políticas han funcionado de tal manera que alrededor de 100 aviones han sido neutralizados utilizando el espacio aéreo venezolano para el tráfico de sustancias ilícitas, 30 de ellos desde que se creara la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, norma aprobada en mayo de 2012. Con ese instrumento jurídico, más el uso de radares y acciones contundentes, se aumentó la capacidad de intercepción, desactivación, inmovilización y disuasión de las aeronaves que prestan servicio al tráfico internacional de drogas.

Además se han ejecutado maniobras conjuntas de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para mantener el territorio nacional libre de cultivos ilícitos. Se desmantelaron docenas de laboratorios clandestinos utilizados para el procesamiento de drogas ubicados en la frontera con Colombia. Durante la Operación Paso del Tornado II, ubicaron dos instalaciones operativas del narcotráfico y 26 laboratorios de drogas a unos 700 metros de la frontera con Colombia, en el municipio Jesús María Semprún.

Los ataques y el no reconocimiento como parte del desprestigio a Venezuela

Los sucesivos gobiernos de EEUU han insistido en acusar a Venezuela de no cooperar en su guerra mediante informes unilaterales.

La clase política colombiana ha arreciado su ataque contra Venezuela, además de basar su campaña electoral en atacar a la Revolución Bolivariana. Han utilizado la compleja situación económica como excusa para invisibilizar las hambrunas, asesinatos y desplazamientos que ocurren dentro de su territorio. Muchos de estos problemas están vinculados directamente a una economía que privilegia a las élites y que es aceitada por la producción y exportación de drogas hacia el primer país consumidor: Estados Unidos.

En noviembre pasado, el presidente Maduro declaró que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos «debería responderle a la ONU y al mundo por qué ha permitido en su gobierno que aumente la producción de cocaína», mientras se preguntaba qué dirían en EEUU y en la Unión Europea si fuese Venezuela donde se produjera y aumentara la producción de estupefacientes: «No callarían como lo hacen con el gobierno de Colombia».

En medio de los ataques a Venezuela, que van desde bloqueos de fondos, alimentos, medicinas y hasta el acceso a deportistas a competir, se ha incubado el término «narcoestado» que intenta degradar y desconocer los logros acá descritos. Los números permiten inferir que las élites de EEUU y Colombia, tanto políticas como financieras, participan y se benefician de un negocio tan rentable como el tráfico de sustancias ilícitas. Es alta la demanda desde EEUU y alta la productividad de este rubro en Colombia, por lo que Venezuela, sus logros y políticas contra esta actividad, constituyen un estorbo.

Las últimas proyecciones dicen que el 80% de la droga producida en Colombia pasa por el Pacífico para evitar los controles que el Gobierno venezolano ha implementado. Aun cuando mucho se ha discutido respecto al fracaso global en la guerra contra las drogas, Venezuela busca proteger el territorio de la fábrica mundial de drogas que representa Colombia. Es fundamentalmente importante evitar que esa narrativa ponga en el tablero una intervención militar contra el país, al estilo de la invasión de Panamá en 1989. He ahí la real amenaza.