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Desde los inicios del «interinato» de Juan Guaidó, uno de los objetivos fundamentales ha sido los distintos activos que tiene Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) fuera del país.

El «reconocimiento» del diputado en el marco de una coalición de países occidentales, así como de la estructura paralela de «autoridades» que ha ido nombrando en estos últimos meses, ha permitido que sectores de clase dominante venezolana se apropien de recursos tan bien valorados en el mercado energético.

Caso fundamental es el de Citgo, filial de PDVSA que opera en suelo estadounidense. Desde el escalamiento económico de Washington contra Venezuela, muchas de las sanciones estuvieron dirigidas a impedir que PDVSA pudiera realizar con normalidad operaciones que son vitales para su funcionamiento.

Tal es el caso del refinanciamiento de deuda, colocando como garantías acciones de su filial en Estados Unidos, y que en múltiples ocasiones fue saboteada por las calificadoras de riesgo que manipularon los valores del riesgo país venezolano.

Paralelo a ello, y al igual que otros sectores de la industria petrolera nacional, la refinería fue fichada por transnacionales en la búsqueda de retaliaciones por las expropiaciones que se hicieron de sus filiales en territorio venezolano.

Las arremetidas judiciales también intercedieron en la política desarrollada por Washington para lograr la captura de los recursos petroleros.

La lucha anticorrupción, emprendida a mediados de 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro, develó una trama que involucraba a la Junta Directiva de Citgo en la que se pretendía refinanciar a la compañía con la mediación de fondos buitre.

La irrupción de Guaidó alteró sustancialmente el panorama de Citgo, que ya corría peligro con los años previos de asedio. Una vez que Estados Unidos da luz verde a la apropiación ilegítima de esta compañía, se toma una serie de decisiones que ponen en riesgo su propia existencia.

Aunque el relato oficial de los funcionarios estadounidenses, y que a su vez replica el político de Voluntad Popular, es el de recuperar y proteger los activos del país de supuestas acciones corruptas del gobierno venezolano, la práctica los contradice totalmente.

Desde el punto de vista de analistas que emergen de sus propias filas, la liquidación de Citgo está a la vuelta de la esquina y mucho tiene que ver con «la gerencia» de estos últimos meses.

De este modo, las tres refinerías venezolanas de Citgo en Estados Unidos venían padeciendo los estragos del acoso financiero de Estados Unidos.

Todas estas acciones previas en el frente financiero y judicial, mezcladas además con las prohibiciones de abastecer la dieta de sus instalaciones con el crudo venezolano, condujeron a un deterioro estructural de la empresa.

¿Cómo llega el equipo de Guaidó a empeorar la situación? Revisemos las principales decisiones que han causado controversia incluso entre sus propios seguidores.

RECONSTRUYENDO EL CASO DE CITGO

Es sabido que el «procurador especial» José Ignacio Hernández, designado por la Asamblea Nacional en desacato para representar los intereses de la República y fungir como abogado en el extranjero de los activos confiscados, fue contratado anteriormente por las multinacionales Crystallex y Owen Illinois, en laudos de arbitraje contra el Estado venezolano.

El personaje en cuestión se encargó de elaborar un recurso legal (el «alter ego») que justificaba la transferencia del litigio a la petrolera PDVSA, con el objeto de hacer pagar a Citgo las indemnizaciones que se determinaran en los tribunales estadounidenses.

En el caso de Crystallex, la corte del distrito de Delaware recientemente falló a favor del demandante. La minera canadiense está exigiendo 1 mil 400 millones de dólares por el pago de deudas venezolanas, monto que fue primero determinado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial contra el Estado venezolano, y que ahora existen posibilidades ser reclamado mediante la confiscación de los activos de Citgo.

Si es obligado a cancelar este monto, Citgo Holding tendría que subastar una cantidad de acciones en el mercado financiero que le permita conseguir los recursos para pagarle al demandante. De no revertirse esta apelación, otros laudos arbitrales podrían replicar este procedimiento, liquidando a la filial de PDVSA.

Desde el principio, los conflictos de intereses del «procurador» fueron denunciados por algunas facciones de la oposición venezolana. En este sentido, el miembro de Avanzada Progresista, Jorge Alejandro Rodríguez, ha solicitado el inicio de una investigación sobre estas relaciones con las transnacionales demandantes.

Rodríguez fue reseñado en la investigación de Anya Parampil para el portal The Grayzone sobre los actos de conspiración en torno a Citgo. El ingeniero cuestiona otros actos de José Ignacio Hernández que, claramente, contradicen la posición que asumió como defensor de los bienes venezolanos en el extranjero.

A su consideración, el procurador «tomó varias decisiones que finalmente permitieron, si no aseguraron completamente, la victoria de Crystallex contra el gobierno para el que supuestamente trabajaba».

Igualmente, refiere el nombramiento de la nueva «Junta Directiva» presidida por el empresario Carlos Jordá, quien es director de Delek US Holding, una refinadora de petróleo con sede en Tennessee y con una composición de capital de origen israelí.

En agosto de este año, fue informada esta designación por parte del grupo de Guaidó y la AN y, como en otros procesos, cumple con el perfil de profesionales ligados a corporaciones extranjeras del ramo energético y financiero.

Un detalle que destaca Rodríguez: el «procurador» Hernández permitió estos nombramientos ilegales de la gerencia de Citgo porque estaba ayudando a probar un aspecto crucial del caso de Crystallex contra el gobierno venezolano», cita Parampil.

«No fue hasta que Hernández hizo lo que hizo, o permitió que la Asamblea hiciera lo que hizo, que quedó tan claro que los tribunales de Delaware dijeron: ‘Bien, no tiene sentido hacer esperar a Crystallex’», le explicó Rodríguez.

¿De qué manera respaldaba a la parte demandante en el caso Crystallex? Al no respetarse el debido procedimiento para la asignación de cargos y, en vez de ello, hacerlos unilateralmente desde la AN, se estaría reafirmando que el gobierno fake de Guaidó (el que reconocen los tribunales estadounidenses) y CITGO son una «misma entidad».

LA PESADILLA DE GUAIDÓ: EL BONO DE LA DEUDA PÚBLICA PDVSA 2020

La orden ejecutiva 13.884 que emitió Donald Trump contra Venezuela el pasado 5 de agosto se prefiguraba, desde el antichavismo, como una renovación de la promesa que hicieran los funcionarios del Tesoro de «proteger» a Citgo y todos sus activos confiscados de compromisos adquiridos anteriormente.

Sin embargo, existe el precedente de la aprobación de una excepción a las medidas económicas de Estados Unidos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) para hacer uso de los recursos congelados con el objetivo de pagar 71,6 millones de dólares por concepto de intereses a los tenedores del bono 2020.

El bono de la deuda pública PDVSA 2020 tiene como garantía el 50.1% de los activos de Citgo Holding. Ahora, se aproxima a la fecha de vencimiento (27 de octubre) para cancelar el pago correspondiente a 913 millones de dólares.

A pesar del cerco financiero impuesto a Venezuela en los mercados financieros, que dificultaron la capacidad del país para emitir y comercializar nueva deuda, para cumplir con los compromisos con sus acreedores, la República Bolivariana cumplió con todas las fechas de pago hasta 2018.

El nuevo contexto político de 2019, en el que Estados Unidos niega la soberanía del gobierno venezolano y autoriza a los representantes de Guaidó a manejar ilegalmente los activos venezolanos, ha tenido como consecuencia que se ejecuten medidas preferenciales y corruptas para beneficiar al grupo de bonistas.

La cuestión implica, además, a los asesores consultados por el gobierno artificial para tratar los compromisos de las instituciones venezolanas.

Es necesario recordar al sicario financiero Lee Buchheit, conocido por prestar asesoramiento en las controversiales renegociaciones de la deuda soberana en Grecia, Irak y Argentina, y que fue contratado para «reestructurar y refinanciar» la deuda pública de Venezuela.

Lee Buchheit es un afamado sicario económico, involucrado en el colapso inducido por la banca internacional en Irak y Grecia (Foto: Kai Nedden)
Según Reuters, antes de colaborar con Guaidó, Buchheit trabajó para Cleary Gottlieb, bufete que representa a un grupo de tenedores de bonos venezolanos. Ahora, este abogado tiene la tarea de «proteger» a Citgo en la reestructuración de los compromisos financieros.

¿Y QUIÉN PAGA LA DEUDA?

Guaidó, carente de legitimidad en las instituciones venezolanas, es un instrumento del gobierno de Estados Unidos para utilizar el dinero congelado en enero por el Departamento del Tesoro y que se valora en, al menos, 7 mil millones de dólares.

En los hechos, los activos no están siendo salvaguardados ni mucho menos puestos a la orden de labores humanitarias en Venezuela. Pero sí se generan licencias para que se tomen acciones de Citgo cuando se ven amenazados los intereses de los acreedores del bono 2020.

«La orientación del departamento sobre los bonos de PDVSA 2020 no se vio afectada por la orden ejecutiva», así lo refiere el articulista Ben Bartenstein para Bloomberg, quien asegura que los tenedores han sido tranquilizados por la OFAC sobre la reciente medida de embargo, gracias a que el portal de su sitio web aclara que «no estarían limitados para obtener acceso a sus garantías».

Bartenstein sostiene que la medida generó confusión tanto en los inversores como en los asesores de Guaidó, por los evidentes conflictos de intereses.

La OFAC está presta a que los cobradores de la deuda obtengan su reembolso, pero de cumplirlo, el gobierno de Washington pone en peligro la de por sí desgastada imagen de Juan Guaidó. La pérdida del control de Citgo podría ser derrota con un alto costo político para el militante de Voluntad Popular.

Francisco Rodríguez, reconocido economista y financiero venezolano, admitió que «la orden ejecutiva es, en el mejor de los casos, ambigua y eso puede reflejar que la administración no ha tomado una decisión sobre cómo tratar con Citgo».

Aunque siguiendo el historial de la Casa Blanca, parece acertado afirmar que esta «ambigüedad» puede ser fácilmente olvidada al momento de sopesar los mayores intereses de Washington.

De modo que todo el esfuerzo diplomático para imponer la falsa legitimidad de Juan Guaidó en la comunidad internacional para desplazar la autoridad del gobierno de Nicolás Maduro, puede derrumbarse cuando se asoma la oportunidad de capturar una porción enorme de las refinerías venezolanas en Estados Unidos.

La historia de la última aventura de la Administración de Trump con el antichavismo pasaría a ser contada como la de un gobierno que, al reconocer a otro, lo robó descaradamente.

Misión Verdad