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El pasado 6 de octubre, en el marco de la 45° sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se adoptó una resolución sobre el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.

La resolución adoptada por el foro multilateral viene a fortalecer el invaluable trabajo desempeñado por el Estado venezolano y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde la firma de la Carta de Entendimiento el 20 de septiembre de 2019 y renovada en septiembre 2020 para la promoción y protección de los derechos humanos en el país.

Nuevamente una resolución del Consejo de Derechos Humanos que condena de manera inequívoca la imposición –arbitraria e ilegal– de medidas coercitivas unilaterales a la República Bolivariana de Venezuela, que ha impactado negativamente en el disfrute de los derechos económicos, políticos y sociales, particularmente en el marco de la pandemia del Covid-19.

Evidentemente, la resolución contó con el consentimiento del Gobierno Bolivariano ya que reafirmó su convicción de ser un Estado garante de los derechos humanos y la voluntad de fortalecer los lazos de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los trabajos con el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, como lo es el Examen Periódico Universal (EPU).

Igualmente el texto adoptado reafirmó el respeto a los principios universales del derecho internacional como la soberanía, integridad territorial, el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, la igualdad soberana de los Estados y la no intervención y no injerencia en los asuntos internos de los Estados, consagrados en la Carta de la ONU y en numerosos instrumentos internacionales.

Una resolución que hizo un llamado a la comunidad internacional para que colaboren con el diálogo y todas las vías diplomáticas posibles que permitan lograr una solución pacífica, democrática y constitucional entre venezolanos, sin ninguna amenaza de injerencia militar, de fuerzas de seguridad o de servicios de inteligencia extranjeros.

La resolución celebró las medidas adoptadas por el Estado venezolano sobre la concesión de penas alternativas a la privación de libertad de 67 personas desde septiembre de 2019, por conducto de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, en el marco del proceso de diálogo nacional, y que se haya indultado a 110 personas, como parte de las medidas por reforzar el diálogo político y mejorar la situación de los derechos humanos en el país.

De manera clara e inequívoca la resolución reconoció todos los esfuerzos realizados por el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros para cooperar con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en la aplicación de políticas y en la búsqueda de recursos financieros y materiales para hacer frente a la pandemia del COVID-19.

Fracasó el “Grupo de Lima”

Como era de esperarse, esta iniciativa impulsada por el Gobierno venezolano fue atacada por el autodenominado “Grupo de Lima”, quien en su desespero por continuar satanizando la legítima institucionalidad democrática venezolana, pretendió menoscabar su contenido y llamó a votación a la resolución, reiterando con esta actitud que no se busca la paz y la reconciliación en la patria de Bolívar y Chávez, sino promocionar un clima de confrontación política y social entre venezolanos, particularmente de cara a las elecciones parlamentarias del mes de diciembre 2020.

Importante es destacar que todo el esfuerzo del autodenominado Grupo de Lima, también conocido como el Cartel de Lima, fue en vano ya que la mayoría de los miembros del Consejo de Derechos Humanos apoyó el texto como fue presentado por la República Islámica de Irán.

De esta manera quedó claro el carácter democrático y pacifista del Gobierno Bolivariano en el mundo de cooperar con el sistema internacional de los derechos humanos, y, alejar todas las pretensiones guerreristas de un grupo de países subordinados al Gobierno supremacista de Trump, cuyo principal objetivo es promover un cambio de régimen político en nuestro país, por el uso de la fuerza y de esta manera continuar con el asedio internacional de imponer medidas coercitivas unilaterales que –definitivamente­– sólo afectan los derechos humanos del pueblo venezolano.

Como dijo el Canciller de la Revolución Jorge Arreaza en su cuenta de la red social Twitter: “El Consejo de DDHH de ONU aprobó hoy la Resolución para estrechar el trabajo conjunto entre la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH y Venezuela. Tal como lo expresó hace días el Presidente @NicolásMaduro a @mbachelet, el compromiso de nuestro país con los DDHH es absoluto”. “A pesar de la feroz presión de los EEUU y sus satélites en el Consejo de DDHH, la Resolución fue aprobada (…)”

Finalmente, recordamos que el Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de Naciones Unidas compuesto por 47 Estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en el mundo. El CDH tiene la capacidad de debatir situaciones temáticas relativas a los derechos humanos que requieren su atención durante todo el año. Tiene su sede en la ciudad de Ginebra, Suiza, y se reúne de manera ordinaria tres veces al año.

Edgardo Toro Carreño