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El presidente estadounidense, Donald Trump, está este jueves más aislado que nunca después que la Cámara de Representantes acordó iniciarle un juicio político por su responsabilidad ante el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero.
Trump se convirtió en el primer mandatario en la historia de Estados Unidos (EE.UU.) en ser acusado dos veces, cuando la Cámara Baja avaló un proyecto en ese sentido con una votación de 232 a 197, esta ocasión por incitar a la insurrección y la violencia contra instituciones del propio gobierno que representa.
En este sentido, un total de 10 republicanos votaron ahora en su contra, mientras en su primer juicio político realizado en diciembre de 2019, ningún miembro del partido rojo se atrevió a romper las líneas de su agrupación política.
Éstos resultados muestran que los republicanos de alto nivel llegaron, finalmente, a un punto de ruptura con Trump, y de hecho, el terreno político cambió para el presidente a una velocidad asombrosa, refiere Prensa Latina.
Los 10 legisladores que rompieron con el gobernante convirtieron esta votación en la más bipartidista en la historia de EE.UU., pues los únicos otros dos presidentes que fueron acusados, Andrew Johnson (1865-1869) y Bill Clinton (1993-2001), sufrieron cero y cinco deserciones de su propio partido, respectivamente.
Entretanto, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, parece quedarse sin paciencia con Trump también, pues según algunos de sus asesores, acogió con satisfacción el proceso de juicio político como una oportunidad para que el Partido Republicano se deshaga definitivamente de Trump.
Sin embargo, un artículo del diario The New York Times señala que al quedar solamente una semana de su mandato, y a pesar de que la Cámara de Representantes aprobó enjuiciar al gobernante, Trump probablemente dejará el cargo antes de ser juzgado en el Senado.
El juicio político es una de las herramientas más importantes que la Constitución le otorga al Congreso para responsabilizar a los funcionarios gubernamentales, incluido el presidente, por incurrir en violaciones como mala conducta y abuso del poder, añade el periódico.
Según lo establece la Constitución, el proceso debe probar si el presidente ha cometido traición, soborno u otros delitos graves y faltas, recuerda la publicación.
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