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El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil pospuso la decisión para determinar si el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva puede asumir el cargo de ministro de la Casa Civil (jefe de Gabinete del Gobierno) de la presidenta, Dilma Rousseff.
Bajo el argumento de que aún faltan pronunciamientos sobre algunas denuncias que pesan en contra del líder suramericano, el juez Teori Zavascki realizó la solicitud ante la corte, la cual fue aprobada por el resto de los magistrados, refiere Telesur.
Ante esta decisión, el STF no propuso una fecha para retomar el debate, por lo cual el nombramiento de Da Silva se mantiene incierto.
Lula fue designado como titular de esta cartera a mediados de marzo, en reemplazo de Jaques Wagner, quien asumió la jefatura del Gabinete personal de la Presidencia de la República.
Sin embargo, tras conocerse su nombramiento, dos jueces ordenaron suspender los efectos de la toma de posesión del líder suramericano, atendiendo a peticiones de partidos y sectores de derecha. Entre ellos, el juez Gilmar Mendes, quien argumentó que esta designación obstruiría la investigación en la justicia ordinaria en contra de Lula, a quien se pretende vincular con el caso de corrupción y lavado de dinero en Petrobras.
La primera medida cautelar dictada en un tribunal de Brasilia fue anulada el 17 de marzo pasado, mientras que la segunda, que procedía de una corte de Río de Janeiro, fue reprobada al día siguiente por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, corte de segunda instancia.
Estas acciones forman parte de la campaña de desprestigio en contra del líder suramericano y la mandataria brasileña, propiciada por sectores de derecha que pretenden tomar el poder de la nación latinoamericana de forma inconstitucional.
Lula ya había sido atacado el 4 de marzo, cuando fue objeto de una detención arbitraria, luego que al menos 200 efectivos polciales de Brasil allanaron su casa, la de uno de sus hijos y la sede del instituto que lleva su nombre.
Esta operación se desarrolló a pesar de que el STF había emitido una sentencia en la que descartó la necesidad de llamar a Lula a declarar por el caso Petrobras, ante la presentación, por parte de su defensa, de un escrito con las alegaciones en torno a la investigación en la que había sido implicado.
Posteriormente, el Ministerio Público de Brasil dictó una medida de privación de libertad contra el expresidente por supuestos manejos irregulares, denuncias que fueron encaradas por el líder obrero, en compañía de militantes del Partido de Trabajadores.
AVN