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Hace apenas unos días, el pasado 2 de octubre, se cumplieron 10 años de un incidente que, paradójicamente, cae como anillo al dedo para ilustrar lo absurdo del secuestro del avión de carga de Emtrasur, filial de la aerolínea estatal venezolana Conviasa por parte del sistema judicial argentino, situación acerca de la cual ha guardado un vergonzoso silencio el gobierno de Alberto Fernández.
El hecho al que se hace referencia en esta nota fue protagonizado por un juez de la República de Ghana, quien a instancia de los tenebrosos Fondos Buitres que azotaban las cuentas y activos de la República Argentina en franca crisis financiera, ordenó el embargo de la Fragata Libertad (con más de 320 tripulantes a bordo), buque escuela de la armada del citado país sureño. Por supuesto que ese acto violaba la soberanía de la nación suramericana y su derecho a decidir cómo afrontar sus dificultades económicas.
Los denominados fondos buitres son compañías del sector financiero que viven de la caza y compra de papeles de deuda gubernamentales, que por razones diversas -generalmente porque sus emisores están con sus cuentas en rojo – están a la baja en sus cotizaciones para luego ir en contra de sus víctimas con toda la fuerza y poder del capitalismo financiero de Wall Street. Su negocio, entonces es comprar con descuentos significativos a tenedores desesperados por salvar parte de lo invertido para luego cobrar el 100 por ciento del valor de los pasivos.
Como se verá hace una década actuó la meca del capitalismo, usando como herramienta, como arma, el sistema judicial de un país africano, en contra de un símbolo de la soberanía argentina, nada más y nada menos que un buque militar insignia. Y ahora en contra de la República Bolivariana de Venezuela, es un juez argentino el que es usado como marioneta de la Casa Blanca para vulnerar nuestro derecho a ser independientes.
Por cierto, en ese momento difícil de Argentina, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, fijó posición a favor del pago de la deuda con el fondo buitre que demandó el embargo de la nave. Por eso no extraña que el juez argentino que dictó la medida en contra del avión venezolano pertenezca al bando de este político-empresario que quiere regresar a la Casa Rosada. Ya vemos que ninguno de los dos cree en la soberanía e independencia de los pueblos.
Por: Alfredo Carquez Saavedra
alfredo.carquez@gmail.com