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Foto: Prensa Clet
El presidente del Consejo Legislativo del estado Táchira (Clet) José Omar Hernández y la Directora de la Zona Educativa de la entidad, Ana Leal, encabezaron la cadena humana que cruzo toda la 5ta Avenida hasta la Defensoría del Pueblo, donde se entregó un documento en el cual se exige el restablecimiento de los derechos constitucionales que actualmente son violentados por quienes como forma de manifestación han colocado barricadas, que impiden el derecho al libre tránsito, el derecho a respetar la integridad física y moral de las personas; a la educación, la vida y la salud.
La cadena humana estuvo acompañada por universidades del estado como Instituto Universitario de Tecnología (IUT), Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), UNEFA; diputados del parlamento Regional, Yhon Luna Harol, Luis Mora Jurado, Nellyver Lugo, Luis Mendoza, Jonathan García, Jorge Medina y Zoraida Parra; frentes sociales, misiones Rivas, Robinson y el Poder Popular.
En la actividad, Hernández refirió que sectores de la pequeña burguesía nos han mostrado «sus afilados dientes», destruyendo mercales, pdvales, metrobuses, inmobiliarios urbanos, plazas públicas, bancos públicos; amenazado medios públicos (VTV) y atentando contra la vida de sus vecinos y vecinas, contra los agentes del orden: 40 funcionarios de nuestra Guardia Nacional Bolivariana han sido heridos por balas y, uno de sus integrantes, asesinado por un francotirador: el sargento Segundo de la GN, Giovanni Pantoja.
Destacó el papel de la Fiscal General de la República, quien ha sido enfática en desenmascarar la matriz de opinión que han pretendido crear sectores de la derecha, que tras esos criminales hechos están los estudiantes: Ya desde la fiscalía se ha desmontado la imagen de «protesta estudiantil» que buscan reflejar los medios internacionales, pues 60 por ciento de los detenidos han resultado ser población civil.
De las 1044 personas detenidas solo, 418 son estudiantes, lo que representa apenas el 40 por ciento, en el país; inclusive, la consigna que motivó este alzamiento contra la Democracia venezolana, tiene muy poco que ver con reivindicaciones estudiantiles.
«Ha quedado evidenciado, en las zonas populares del país se ha recurrido al expediente de cancelar hasta mil bolívares a jóvenes para que realicen guarimbas. En el Municipio San Cristóbal y Mérida, incluso, se han importado desde Colombia, paramilitares. Ya lo denunciaba el propio gobernador Vielma Mora, cuando develó la influencia de personas con conocimiento en técnicas paramilitares, para poder sorprender y atacar agresivamente a la GN, a las policías que están en un plan de pacificación», resaltó Hernández.
En consecuencia -dijo Hernández-, Venezuela ha sido sometida por el imperio de los EE.UU. a una Guerra de Baja Intensidad, es decir, una lucha político-militar limitada para alcanzar objetivos políticos, sociales, económicos o psicológicos. Es muchas veces prolongado y varía de presiones diplomáticas, económicas y psico-sociales hasta el terrorismo y la contrainsurgencia.
“Hemos sido testigos de las cargas imperialistas contra nuestra República Bolivariana, que buscan ganar las mentes y los corazones de las naciones amigas en riesgo”, apuntó al tiempo que ejemplificó con esto la intervención de la industria del entretenimiento en el caso venezolano.