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Hace 19 años, el 11 de abril de 2002, se gestó el golpe de Estado mediático, militar y empresarial contra el comandante Hugo Chávez Frías, con el apoyo del régimen imperial que gobierna a EE.UU., sectores de la oligarquía nacional, políticos y dirigentes derechistas, monseñores de la jeraquía católica venezolana, con la evidente y vergonzosa complicidad de los medios privados de comunicación, que pusieron al mando en el Palacio de Miraflores a Pedro Carmona Estanga, entonces jefe de la patronal Fedecámaras, que pasó a la historia como el “breve” dictador que gobernó de facto 47 horas hasta que fue expulsado por el bravo pueblo venezolano.

Dirigentes políticos actuales, nacidos en Venezuela, como Julio Borges, Leopoldo López, Juan Guaidó, Enrique Capriles Radonsky, Antonio Ledezma, Iván Simonovis, Carlos Vecchio, Freddy Guevara, entre otros, así como algunos ya desaparecidos de la escena cotidiana mediática como el propio Carmona Estanga, Carlos Ortega, Juan Fernández, Enrique Mendoza, además de obispos y monseñores de la alta jerarquía eclesiástica del país y dueños de medios, son los mismos rostros que en casi dos décadas han ocasionado el peor daño a las familias y economía venezolanas por intereses personales, políticos, partidistas y económicos.

El golpe derechista de abril 2002, se basó en una cadena de engaños, motorizada por los medios de comunicación que incluso interfirieron en la Cadena Nacional Presidencial, algo nunca visto antes, y la actuación de jefes policiales como el entonces Comisario Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, que ordenaron disparar contra el pueblo que protegía el palacio en el Puente Llaguno de Caracas.

Fedecámaras, la confederación adeca de Trabajadores de Venezuela (CTV), medios de comunicación privados, trabajadores “meritócratas” de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en coalición con la Coordinadora Democrática (actual G-4 de partidos terroristas), así como individualidades de la jerarquía eclesiástica, se confabularon en el derrocamiento del Presidente Chávez.

El golpe fue planificado previamente con una masacre contra el pueblo venezolano en las calles cercanas al palacio presidencial de Miraflores, mediante francotiradores extranjeros contratados por la derecha. Es emblemático el video de militares desertores que encabezaban la conspiración mortal, grabados por un periodista de la cadena CNN, Otto Neustald, mucho antes de que cayera el primer muerto en la calle, donde declaraban que se alzaban al Gobierno Nacional por la “represión” causante de los fallecidos. Hasta hicieron varios ensayos del pronunciamiento, con al menos dos videos grabados que luego transmitieron por los medios complotados.

En medio de una incertidumbre mediática provocada por los dueños de los medios, el 11 de abril de 2002 el presidente Chávez fue secuestrado mientras una ola de violencia se desataba en el centro de Caracas, signada por informaciones poco claras de empresas televisivas y radioemisoras privadas, mientras grupos policiales armados de la gobernación de Miranda ocupaban y cerraban la televisora del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), y actuaban contra medios alternativos y comunitarios.

La intención evidente fue hacerle creer a la población que el gobierno había ordenado reprimir al pueblo y se incitaba a usurpar ilegalmente el poder, sin que existiera un medio que pudiera decir la verdad.
Posteriormente fue difundida la noticia falsa, o fake-news como se conoce hoy día, que el Mandatario Nacional había “renunciado”, aunque la dimisión presidencial no puede hacerse mediante el anuncio de un tercero. Se presentó incluso en las pantallas de TV un papel que nunca mostraron cabalmente, para afirmar que allí estaba la firma autógrafa de Chávez, en la que además presuntamente destituía a todo el gabinete ministerial.

Ni las autoridades de facto ni los medios privados permitieron difundir declaraciones del mandatario derrocado ni informaban de su paradero.

Por el contrario, las mentiras que atribuían al Jefe de Estado secuestrado sí fueron protagonizadas por los golpistas y transmitidas abierta y comunicacionalmente a través de una cadena de televisoras privadas.

Carmona Estanga y sus cómplices borraron de un plumazo la democracia venezolana, eliminaron los Poderes Públicos, las gobernaciones, las alcaldías y las instituciones democráticas, derogaron de facto la Constitución Bolivariana votada por el pueblo en elecciones democráticas en 1999 y “revivieron” la Constitución de 1961, concentrando todo el poder político en el dictador. La barbarie dictatorial fue aceptada y reconocida por el gobierno de EE.UU. y algunos pocos gobiernos de derecha de países como España, El Salvador, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Nicaragua.

Ese día, 12 de abril, despertó la conciencia de un pueblo silenciado que ya estaba en las calles para rescatar a su presidente y la democracia venezolana. “Chávez, amigo, el pueblo está contigo (…) Chávez no renunció, lo tienen secuestrado (…) Liberen a Chávez”, eran algunas de las frases que exclamaba el pueblo enardecido mientras bajaba de los barrios para llenar los alrededores del Palacio de Miraflores. La unión cívico – militar de la Revolución Bolivariana hizo temblar al Gobierno de facto de Carmona Estanga y a las cúpulas oligárquicas.

El Líder de la Revolución Bolivariana fue rescatado por el pueblo en unión cívico-militar el 13 de abril, durante una épica página de la historia nacional, luego que fuera desaparecido por los golpistas y trasladado a distintos lugares, inicialmente en Fuerte Tiuna, en Caracas, y finalmente a la isla La Orchila, donde pretendían trasladarlo a destino desconocido con ayuda de un avión estadounidense.

Tras su retorno a palacio, en la noche del 13 y madrugada del 14A, el Líder Bolivariano ofreció un mensaje de paz al país. Con un crucifijo en la mano exhortó a quienes lo adversaban a tener una conducta democrática, perdonando de hecho a los políticos oposicionistas complotados, algo inimaginable en los gobiernos de la derecha en la cuarta república.

Exigió respeto a la Carta Magna y al mandato del pueblo, especialmente a los dueños de medios, a defender a Venezuela como patria de todos, y a los derechistas les dio una profecía cumplida:

19 años de golpes, magnicidios y sanciones

Pero desde ese mismo año 2002, y pese a que el Presidente Chávez convocó a diálogo y respeto entre las partes, la derecha opositora continuó la conspiración, incrementándola de diversos modos, esta vez con paros, huelgas y hasta con un “templete militar” instalado en plena Plaza Altamira, bajo la protección de la alcaldía opositora de Leopoldo López, desde donde cometieron todo tipo de tropelías, abusos y hasta nuevos asesinatos callejeros, todo ello con la cobertura interesada y complaciente de corporaciones mediáticas privadas.

Siguió luego con el paro-sabotaje petrolero, que en forma abierta y comunicacional fue justificada través de medios y televisoras privadas, obligando a cerrar a PDVSA, comercios privados, atentando contra servicios públicos fundamentales, forzando a los venezolanos a hacer largas colas para adquirir gasolina, gas, alimentos y atención de salud, provocando milmillonarios daños económicos al país.

Al final, el dirigente adeco de la extinta CTV, Carlos Ortega, confesó que “el paro se nos fue de las manos” y -junto a otros dirigentes involucrados en la felonía- huyó del país.
En 2004, pese a la activación del proceso democrático de Referéndum Revocatorio establecido a iniciativa de la Revolución Bolivariana en la nueva Constitución aprobada por el pueblo en elecciones inéditas, la derecha continuó con la violencia al estrenar las llamadas guarimbas provocando más de 40 muertes, miles de heridos y cuantiosos daños patrimoniales.

El avasallante triunfo popular del 15 de agosto de 2004, ratificando a Hugo Chávez en la presidencia, enterró la violenta soberbia derechista.
Canalla mediática y la derecha cambian el formato:

Los medios privados cambiaron la estrategia comunicacional abierta que usaron anteriormente, por otra de apoyo más disimulada y supuestamente objetiva. Mediante supuestas noticias, con medias-verdades, con títulos tendenciosos pero incluso con mentiras abiertas, buscaron borrar la memoria histórica de lo que Venezuela vivía desde aquel abril, y comenzaron a construir otra versión para hacer creer que Chávez, y luego Maduro, “aplastaban” la libertad.

En los años 2013, 2014 y 2017, la derecha reactivó el mismo método violento con numerosas movilizaciones de calle, y pese a contar con la garantía del ejercicio pleno del derecho a la manifestación pacífica, sus dirigentes violaron abiertamente las garantías consagradas en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El nuevo ciclo de violentas protestas fueron convocadas en 2013, tras la partida física del Comandante Chávez, por parte de Henrique Capriles Radonsky con su irresponsable y mortal declaración pública “descargue su arrechera”, justamente para no aceptar su derrota y desconocer los resultados del proceso electoral presidencial sobrevenido del 14 de abril de ese año que le dieron la victoria al nuevo presidente constitucional Nicolás Maduro Moros; siguieron luego con las manifestaciones enmarcadas en la estrategia para presionar el desalojo del poder del Presidente de la República, denominada “La Salida”, implementada el 14 de febrero de 2014 por el hoy prófugo Leopoldo López, María Corina Machado y otros, donde estrenaron el asesinato de personas mediante colocación de guayas en las calles para degollar a motorizados y disparos contra quienes cruzaran las barricadas, produjeron saldo de masivas muertes de venezolanos en las calles.

Todas fueron convertidas en demostraciones de fuerza con señales inequívocas de confrontación insurreccional, hasta que finalmente devinieron en planificadas manifestaciones violentas al margen de las leyes nacionales y la Constitución con respaldo del gobierno imperial estadounidense y países subalternos. Pero fracasaron nuevamente.
En 2015, pese a que estuvieron acusando en forma sistemática al CNE de ser un organismo fraudulento, la derecha gana las elecciones parlamentarias y aún así continúan la violencia, ahora desde el Poder Legislativo, anunciando Henry Ramos Allup el derrocamiento del gobierno legítimo en un plazo de 6 meses, apoyando todo tipo de desmanes callejeros y lanzando ultimátums antidemocráticos y anticonstitucionales, en nombre de la libertad y la democracia.

El entonces diputado Julio Borges, como presidente del Parlamento, dirigente de la autodenominada Mesa de la Unidad (la tarjeta de La Manito), y hoy prófugo de la justicia, usó a la instancia constitucional parlamentaria para facilitar el bloqueo económico y comercial contra el país.

Además, aprovechó su posición para continuar impulsando el “cambio de régimen” que orientó EE.UU., mediante acciones violentas en las calles, apalancó las medidas coercitivas unilaterales del régimen imperial, el aislamiento financiero y comercial del país, legitimó las acciones injerencistas promovidas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno norteamericano, y alentó mediante campaña mediática de engaños a una migración de venezolanos al exterior a quienes luego acusó de ser una “enfermedad contagiosa” que hacía peligrar la estabilidad política, social y económica de la región.
Tanto el gobierno imperial de EE.UU. como la derecha apátrida, proclamaban que la AN era la única autoridad democrática elegida con votos, al tiempo que exigían la renuncia del Ejecutivo Nacional, irrespetando el hecho de que había sido electo también por mayoría popular con los votos del pueblo.

A 5 años de aquella victoria electoral de la oposición política, queda en claro el daño causado por la derecha que usó el Parlamento como un “Caballo de Troya” en el acatamiento de las órdenes dadas por potencias extranjeras.

En  2017, los dirigentes de los partidos que ocuparon la dirección de la Asamblea Nacional (AN) auparon abiertamente a los llamados guarimberos, quienes desde Chacao y alcaldías del este y otras de la oposición en varias zonas del país provocaron una ola de violencia y odio sin precedentes, causando asesinatos, luto y daños económicos y patrimoniales.

Ese año, la derecha registró tres prácticas criminales inéditas en la historia reciente del país:

Incendiar vivas a personas señaladas como partidarias o seguidoras del Gobierno Nacional, en asesinatos políticos callejeros.
Utilización de niños, niñas y adolescentes para preparar bombas incendiarias, custodiar barricadas y agredir a los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad.
Combinar altos niveles de violencia con símbolos religiosos y patrióticos como una maniobra entre partidos de oposición y la alta jerarquía eclesiástica, para dar vida a una fuerza irregular denominada “la resistencia” que era glorificada por los medios privados.

La canalla mediática, radioeléctrica e impresa, colaboraron en la incubación del odio desde sus pantallas, emisoras y portadas, que se convierten en prueba pública y comunicacional de una hemeroteca de la vergüenza que manchó el periodismo venezolano.

Esta violencia desatada por la derecha en Venezuela cesó de inmediato, luego que el pueblo venezolano votara masivamente el 30 de julio de 2017 en las elecciones para elegir la segunda Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del Poder Plenipotenciario de la era reciente revolucionaria bolivariana en la historia del país.

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