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Foto: Archivo
La sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 11 de noviembre de 1999 sobre la responsabilidad del Estado venezolano en la violación de los derechos fundamentales de 44 víctimas de El Caracazo, una década después de los hechos y cinco años luego de recibir la denuncia, fue acatada por la Revolución Bolivariana con criterio de inclusión y acordó indemnizar al resto de las víctimas que no tuvieron acceso al organismo internacional.
Durante la rebelión popular del 27, 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, los venezolanos protestaron contra el paquetazo neoliberal impuesto por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, acontecimiento en el que muchos fueron masacrados por los organismos de seguridad del Estado que reprimió la rebelión popular en Guarenas (Miranda), Caracas y otras ciudades del país.
En 1995 un grupo de familias, agrupadas en la organización no gubernamental Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y marzo 1989 (Cofavic), elevaron su denuncia ante la CIDH, cuya sentencia fijó la responsabilidad del gobierno puntofijista, posteriormente, el 29 de agosto de 2002, estableció la sentencia de Reparaciones y Costas.
Con este dictamen el Estados debió pagar, por concepto de indemnización del daño material, la cantidad de US$1.559.800,00 (un millón quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda venezolana.
Así fue como por primera vez, un Gobierno honró la memoria de aquellos que perdieron la vida bajo la represión puntofijista, que tal y como lo recordó el líder revolucionario Hugo Chávez el 7 de octubre de 2012: “fue una insurrección abatida a plomo, sangre y llamas” por las fuerzas militares y policiales que salieron a las calles por órdenes del Gobierno adeco “para masacrar a un pueblo que estaba reclamando comida, salud, que alguien lo oyera”.
El pasado mes de febrero, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la indemnización de 74 nuevas familias, sumándose a las 596 que ya han sido indemnizadas por el Ejecutivo venezolano, resarciendo así parte del daño que las políticas cuarto republicanas causaron en el pueblo.
Si le tomó 10 años a la Corte IDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), para fijar una posición en defensa de los afectados por El Caracazo, menos tiempo transcurrió para pronunciarse ante a las medidas tomadas por el Estado venezolano por crímenes cometidos por factores políticos de derecha en 2014.
Ocurrió con Leopoldo López, activista radical sentenciado por la justicia el 10 de septiembre de 2015 a más de 13 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de 43 venezolanos, por quien 15 días después del fallo, el 25 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabaja de forma conjunta con la Corte IDH, manifestó “su preocupación ante la sentencia contra Leopoldo López en Venezuela”.
El organismo, mediante un comunicado de prensa, solicitó al Estado “adoptar las medidas necesarias para preservar su vida e integridad personal”, sin considerar a los ciudadanos que resultaron muertos durante los hechos del plan golpista promovido por López, denominado “La Salida”.
AVN