Foto: VTV

Por: Edgardo Toro Carreño

Resulta paradójico que el subpresidente Iván Duque, quien tiene una vinculación directa con el narco-paramilitarismo y el terrorismo en esa nación hermana se atreva a atacar al legítimo Gobierno venezolano en el marco de la 75º sesión ordinaria de la Asamblea General de la ONU.

Pero al observar la actual situación de Colombia y la grave y sistemática vulneración de los derechos humanos en ese país, con una política de Estado criminal de persecución a líderes campesinos, políticos y representantes de la sociedad civil, por el sólo hecho de luchar por la reivindicación de sus derechos que han sido vulnerados por muchos años, nos damos cuenta que el Sub-Presidente Duque lo que pretendió fue esconder la grave situación actual que se vive en ese país, desviando la atención de la comunidad internacional.

Entendemos que recibió claras instrucciones por parte de Mike Pompeo después de la gira por algunos países de América Latina para incrementar la agresión y el asedio multiforme a la República Bolivariana de Venezuela.

No es ajeno que hace sólo 5 días una Comisión fantasma de la ONU impulsada por el autodenominado Grupo de Lima y financiada por el Departamento de Estado, haya pretendido también socavar la integridad y legitimidad de las autoridades venezolanas con la publicación de un indigno “informe” -carente de todo rigor metodológico- sobre la situación de derechos humanos en el país Bolivariano, vinculando a nuestras altas autoridades con crímenes de lesa humanidad. Otro ingrediente que viene a sumarse a la campaña negativa sobre el Estado venezolano impulsada por la Casa Blanca y por los súbditos del Grupo de Lima y algunos países miembros de la Unión Europea.

Pensemos que al subpresidente Duque se le quedó en el tintero mencionarles a los países miembros de la ONU que su Gobierno en reiteradas oportunidades ha violado los principales instrumentos internacionales en materia de promoción y protección de derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, y particularmente los postulados establecidos en la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al financiar, organizar, dirigir y ejecutar desde su territorio, actos terroristas que atentan contra la paz y la seguridad internacionales, así como la estabilidad de la región latinoamericana y caribeña.

Igualmente, pensamos que por cuestiones de tiempo el subpresidente Duque no informó en la 75º sesión de la Asamblea General de la ONU como su Gobierno acoge impunemente en su territorio a personas solicitadas por la justicia venezolana por su participación –material y/o intelectual– en actos de desestabilización política-social, atentando contra la estabilidad democrática, así como en actos terroristas , como lo ocurrido el cuatro de agosto de 2018 en la ciudad de Caracas, cuando con la utilización de drones o naves no tripuladas cargados de explosivos C-4 materializaron un magnicidio en grado de frustración contra el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, atentando contra todo el alto mando político-militar que se encontraba presente en el mencionado acto.

A este acto terrorista se le suma el acto del pasado 3 de mayo de 2020 cuando un grupo de mercenarios pretendieron socavar la soberanía del Estado venezolano y ejecutar un magnicidio y la eliminación física de líderes políticos vinculados al Gobierno Bolivariano. Todo quedó reflejado en un contrato firmado por mercenarios estadounidenses y políticos venezolanos. Esta operación se denominó “Gedeón” e igualmente fue planificada por el Gobierno colombiano, conjuntamente con el Gobierno Supremacista de Donald Trump.

Un sin fin de actos terroristas y desestabilizadores promovidos, planificados, financiados y dirigidos desde Colombia, bajo el auspicio del subpresidente Iván Duque, con el apoyo de los lacayos venezolanos, monigotes de la Casa Blanca, que evidentemente afectan los derechos humanos del pueblo venezolano.

También se le olvidó comentar al subpresidente Duque en la ONU la denuncia que hiciera el pasado 14 de septiembre la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet cuando se refirió a las recientes protestas en Colombia resaltando que hubo un uso excesivo de la fuerza que provocó la muerte de más 13 personas, dejando a más de 300 heridas, incluyendo a 77 con heridas de bala.

Eso sin mencionar lo denunciado por la Alta Comisionada en enero 2020 donde detalló que en 2019 fueron asesinados 120 defensores de derechos humanos en Colombia.

Responsablemente, el Gobierno Bolivariano ha denunciado ante la Comunidad Internacional, es más de una oportunidad con pruebas fehacientes, como impulsan y promueven desde la Casa de Nariño, actos de desestabilización con la finalidad de impactar la economía y la democracia de nuestro país. Ahora, de manera desesperada buscan satanizar el proceso de elecciones parlamentarias de diciembre 2020.

Afortunadamente, los pueblos y Gobiernos del mundo han tenido la oportunidad de observar la conducta criminal y delictiva del Gobierno colombiano, aliado de la política belicista de la administración Trump. Quienes con 7 base militares estadounidenses en territorio colombiano no han podido frenar el contrabando y tráfico ilícito de drogas hacia los Estados Unidos de América. Pareciera más bien que esas bases militares tienen como mandato proteger el cultivo, producción y tráfico de droga.

Colombia tiene el 70% de la producción mundial de cocaína, según publicó el Informe Mundial de las Drogas de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Otra Omisión del subpresidente Duque.

La política exterior de la República Bolivariana de Venezuela ha sido firme en denunciar la manipulación y los dobles raseros que constantemente promueven algunos Gobiernos lacayos -como el colombiano- de la política estadounidense sobre Venezuela.

El Gobierno venezolano y sus legítimas instituciones seguirá promoviendo en los foros internacionales como la ONU el derecho de los pueblos a la paz con la finalidad de alcanzar un orden internacional democrático y equitativo bajo los principios del derecho internacional consagrados en la Carta de Naciones Unidas como el respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y la integridad territorial.