Esos intentos incluyen presiones sobre las autoridades electorales, acosadas en sus casas por grupos que apoyan a Fujimori para que acepten las exigencias de investigar las denuncias, sin pruebas, de graves irregularidades que imputa al partido de Castillo, Perú Libre.
Las maniobras de Fujimori y seguidores contemplaron también acciones judiciales y búsqueda de apoyo exterior, sin éxito, según coinciden analistas.
Esa conducta cuenta con el apoyo de 30 por ciento, bastante menos que cerca de 50 por ciento de votos que obtuvo en el balotaje, lo que quiere decir que buena parte de sus votantes la reprueba, sostienen los análisis.
Inclusive en Lima, su plaza más fuerte y en la que obtuvo amplio margen a su favor, la postulante neoliberal derrotada por tercera vez en un balotaje registra una desaprobación de 53 por ciento.
Castillo, por su parte, tiene una aprobación de 45 por ciento y un rechazo de 44 puntos porcentuales, lo cual refleja el ajustado margen a favor que obtuvo en las urnas.
La encuesta privada indagó también sobre los motivos de quienes votaron por uno u otro candidato, siendo el principal, en el caso de Castillo, el cual representa el cambio que Perú necesita (43 por ciento) y en segundo lugar (27), evitar que el fujimorismo llegue de nuevo al gobierno que el padre de Keiko, Alberto, ejerció con mano (1990- 2000).
Los electores de la candidata neoliberal votaron por ella en primer lugar para frenar la llegada del ‘comunismo’ al poder (33 por ciento), principal argumento de su campaña electoral, y en segundo momento por sus propuestas o porque parecía más capacitada (31).
La encuestadora Ipsos no preguntó en forma abierta sobre la campaña derechista que sostiene un supuesto fraude y solo recogió la percepción de un 39 por ciento que estimó irregularidades, pero consideró los comicios ‘limpios’.
Mostró otras opciones sobre si favorecieron a uno u otro candidato, aunque solo 13 de cada 100 interpelados opinaron que hubo fraude.
La ofensiva derechista contra los organismos electorales, sumada a la desconfianza social hacia las entidades estatales, se traducen en un 53 por ciento de desaprobación para el Jurado Nacional de Elecciones. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, que organizó y supervisó los comicios, figura con una aprobación de 45 por ciento, frente a un rechazo de 49 puntos porcentuales.