Edgardo Toro

La mañana del 16 de septiembre de 2020 Venezuela amanece con la publicación de un “informe” donde supuestamente se abordaría la situación de derechos humanos en el país.

Ahora bien, ¿Quién elaboró ese “informe”, quienes son sus integrantes y bajo que mandato actúan?

Se trata de una “Misión Internacional de determinación de hechos” sobre la República Bolivariana de Venezuela, cuya naturaleza viene de una Resolución hostil contra Venezuela bajo la nomenclatura 42/25, impulsada por el autodenominado Grupo de Lima, súbditos de la Casa Blanca, en el marco del 42º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) la cual creó esa “Misión” otorgándole un mandato cuyo principal objetivo es satanizar al Gobierno Bolivariano y las instituciones del Estado venezolana en materia de derechos humanos.

Esta “Misión” está integrada por tres personas nombradas a dedo por el Presidente del CDH el pasado 2 de diciembre de 2019, sin la debida aprobación de ese órgano miembro de Naciones Unidas, cuya membresía corresponde a 47 países de todo el hemisferio. Evidente arbitrariedad el no respetar el proceso de selección de los “expertos” que posee Naciones Unidas.

Es un “informe” que no pasa por la membresía de los Estados Partes de la ONU. Lo elaboran bajo un formato presuntamente de “independencia”.

Estas tres personas de nombre Marta Valiñas de nacionalidad portuguesa, quien es la presidenta de la “Misión”, Francisco Cox Vial de nacionalidad chilena y Paul Seils de nacionalidad inglés, fueron los responsables de elaborar el infame “informe” fantasma sobre una supuesta situación de derechos humanos en el país.

Personas con dudosa reputación y poca experiencia en el campo de derechos humanos. El caso más escandaloso es el del señor Cox que se encuentra vinculado a gobiernos de derecha como la dictadura pinochetista y el gobierno del Presidente Peña Nieto en México. Los tres fueron seleccionados por su posición política contra el Gobierno venezolano y por estar vinculados a la Corte Penal Internacional.

Es importante destacar que los integrantes de la nefasta “Misión” no fueron seleccionados por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet. Como se dijo anteriormente, fueron seleccionados y nombrados por el ex presidente del CDH de nacionalidad senegalés de nombre Coly Seck, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 42/25 del CDH. Obviamente, la Oficina de la Alta Comisionada le brinda el apoyo técnico – logístico.

Esta nefasta “Misión” se le adjudicó un presupuesto de más de 5 millones de dólares americanos. Motivos más que suficientes para inclinar su postura política. Es decir, vendidos para pretender atacar la sagrada soberanía de la patria Bolivariana. Cuestión que jamás lograrán los tres mercenarios miembros de la mencionada “Misión”.

El alcance de este informe es meramente político – mediático. No tiene efecto vinculante. Los miembros de la nefasta “Misión” lo presentarán ante el CDH el día miércoles 23 de septiembre de 2020 seguido de un diálogo interactivo con los Estados miembros de la ONU. Venezuela y los países amantes del derecho internacional y del derecho de los pueblos a la paz lo rechazan de plano.

Venezuela no reconoce el contenido de ese panfleto y vulgar copia de los “informes” del Sicario General de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Evidentemente, se vislumbra que los enemigos de la patria de Bolívar y Chávez lo manipularan a su manera y pretenderán acudir a instancias internacionales para formalizar acusaciones infundadas contra el legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Pero al igual que el mercenario de Almagro y sus nefastos “informes” sobre Venezuela en la OEA, está destinado al fracaso.

El Estado venezolano, fiel a su Diplomacia Bolivariana de Paz continuará rechazando y condenando la creación de esa “Misión” y toda la resolución que la impulsó por vulnerar los principios del derecho internacional como el respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de los asuntos internos y la integridad territorial.

Igualmente, por vulnerar los principales pilares del multilateralismo, como son el diálogo genuino y la cooperación.

El contenido del infame “informe” de la Misión fantasma es una muestra palpable de lo que significa la manipulación y el uso politizado de los derechos humanos y de los trabajos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien es el órgano rector en la materia.

Es importante que el pueblo venezolano esté al tanto que detrás del mismo no existe ninguna preocupación real por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Su principal objetivo no es otro que utilizar los derechos humanos como herramienta para agredir al legítimo Gobierno venezolano y sus legítimas instituciones.

No es casual que el infame “informe” promueva de manera abierta y descarada improperios al ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y demás miembros del Ejecutivo Nacional, así como representantes del Estado venezolano con la vil intención de continuar impulsado la matriz de opinión negativa en materia de derechos humanos, y de esta manera sumarse a las constantes, desgastadas e increíbles acusaciones por parte del Gobierno supremacista de los Estados Unidos de América. Los miembros de esa “misión internacional” resultaron ser verdaderos y vergonzantes súbditos del gobierno de Donald Trump.

En el marco del multilateralismo, los países amantes del derecho a la paz y la estabilidad democrática han denunciado la manipulación política de la creación de mandatos como el de la prenombrada “Misión internacional”, en el entendido que la misma no cuenta con el respaldo de los Estados concernidos, por lo tanto carecen de objetividad e imparcialidad.

Igualmente puede observarse que el pseudo “informe” carece de todo rigor de investigación al no contener fuentes pertinentes y creíbles -que actúen de buena fe-, de conformidad con los principios de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos, sin motivaciones políticas y mediante el respeto a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

Un pseudo “informe” que se encuentra completamente plagado de mentiras y falsos positivos, que de manera grosera pretende sumarse a la campaña internacional con la cual han pretendido desconocer al legítimo Gobierno venezolano y sus instituciones e igualmente promover por medios violentos y no constitucionales un cambio de régimen político en el país.

Definitivamente un pseudo “informe” que no tiene justificación alguna. El pueblo venezolano condena firmemente su contenido y los rechaza ya que el mismo pretende imponer a la fuerza mecanismos de monitoreo e intromisión en los asuntos internos y de esta manera vulnerar nuestra soberanía.

Nada aporta al mejoramiento de la promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela. Por el contrario, buscan vulnerarlos.

Para los Estados miembros del autodenominado Grupo de Lima y para los tres miembros de la nefasta “Misión” resulta sumamente negativo que el Gobierno Bolivariano consolide las relaciones de cooperación y asistencia técnica con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Cuando escucharon el pronunciamiento de la Alta Comisionada Michelle Bachelet el pasado lunes 14 de septiembre de 2020 en el marco de la 45º sesión ordinaria del CDH cuando enfatizó que “(…) Un año después de haber firmado la Carta de Entendimiento, mi Oficina ha fortalecido su presencia en Venezuela.”  “(…) quiero informales que hemos firmado con el Gobierno la renovación de la Carta de Entendimiento por un año renovable. El nuevo acuerdo incluye la triplicación del número de oficiales de derechos humanos en el país, con mayor autonomía jurídica, así como la formalización de un mecanismo de intercambio de información sobre casos individuales.”, decidieron apresuradamente acelerar los ataques a la institucionalidad venezolana, ya que la Alta Comisionada reconoce –como debe ser- al legítimo Gobierno del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros.

No podemos olvidar que en Venezuela se encuentra en marcha procesos de diálogo y gigantescos avances democráticos entre los principales actores políticos del país de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre 2020. Situación que obviamente impulsa a la derecha radical interna y externa a promover este tipo de hostiles iniciativas con el fin de desacreditar el proceso electoral de diciembre.

Tenemos un pueblo que sufre por las medidas coercitivas unilaterales impuestas desde el exterior, y es amenazado constantemente con una invasión militar por parte de uno de los imperios más poderosos de todos los tiempos.

Es por ello que el pueblo venezolano debe cerrar filas en el resguardo de nuestra soberanía e integridad territorial y rechazar firmemente este tipo de iniciativas.

Todos debemos estar unidos para que en el marco de Naciones Unidas en vez de promover este tipo de resoluciones hostiles contra Estados soberanos, se condene firmemente la imposición arbitraria e ilegal de medidas coercitivas unilaterales que impactan negativamente en el disfrute de los derechos humanos, particularmente en el marco de la Pandemia del COVID-19.

Sin embargo, a pesar de la mal intención contenida en ese pseudo “informe” es importante destacar que el Gobierno venezolano ha demostrado grandes avances en materia de derechos humanos y ha fortalecido la cooperación con todos los países que apuestan por un orden internacional democrático y equitativo, así como con el CDH, sus mecanismos, y con la Oficina de la Alta Comisionada, en estricto cumplimiento a sus obligaciones internacionales.

En la actualidad existe un claro avance de cercanía y relacionamiento con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, más allá de las claras y evidentes diferencias de criterios y enfoques en el abordaje de los derechos humanos en el mundo. En ese sentido, en los últimos meses se ha fortalecido la materia de cooperación y asistencia técnica. Reconocida por nuestras autoridades y por la misma Alta Comisionada. Es por ello que los enemigos de la patria de Bolívar y Chávez buscan de manera desesperada acabar con esos grandes avances y perturbar las buenas relaciones existentes.

El Gobierno Bolivariano y su política exterior ha sido firmemente celoso al exigir en los diferentes foros internacionales que el tema de derechos humanos se aborde de manera justa y equitativa, bajo los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo constructivo y cooperación.

Esto no deja de ser un precedente sumamente negativo, pues se trata -nada más y nada menos- de utilizar la noble institución de la promoción y protección de los derechos humanos, como un peligroso instrumento para satanizar a un país democrático, como lo es la República Bolivariana de Venezuela.