Foto: Gobernación de Miranda

El estado Miranda busca convertirse en un territorio de paz, a través de diversas políticas sociales, culturales, educativas y de seguridad que permitan establecer una sana convivencia entre sus habitantes.

Así lo aseguró Lenin Sosa, secretario de Seguridad y Paz Ciudadana de la Gobernación de Miranda, quien señaló que el gobernador, Héctor Rodríguez, desde su llegada a la entidad emprendió estrategias de fortalecimiento de la Policía de Miranda, mediante la dotación de patrullas, así como incrementó el número de funcionarios policiales.

Otra de las primeras acciones fue promulgar la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana en el estado Bolivariano de Miranda, estatuto legal conformado por 65 artículos los cuales fueron discutidos, redactados y aprobados por el Consejo Legislativo del estado Miranda (Clebm), la Secretaría de Seguridad y Paz Ciudadana y las organizaciones de base.

“Cuando llegamos a la Gobernación hicimos un diagnóstico de las diferentes causas de inseguridad y de violencia que existían. En conflictividad ciudadana, Miranda tenía una gran preponderancia en cuanto a manifestaciones violentas y llegamos a la conclusión de que había un plan de convertir a la entidad en un estado inseguro, con un clima de violencia, de conflictividad, con intenciones, de parte de algunos partidos políticos que gobernaron a Miranda, de propiciar la desestabilización porque Miranda es un estado muy importante en el ámbito político, demográfico y culturalmente”, explicó Sosa, al indicar que una de las razones de los altos niveles de violencia en el estado fue la ausencia de un instrumento legal, el cual era necesario para regularizar y armonizar las normas de convivencia ciudadana.

Según estudios realizados por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, así como la Secretaría de Seguridad y Paz del Ejecutivo regional, a través de las Casas de Justicia, muchos de los delitos se generaban por la falta de convivencia en las comunidades, entre vecinos o familiares, quienes si no se atendían, escalaban a delitos de mayor gravedad hasta llegar a lesiones peligrosas o incluso homicidios, por lo que el Gobierno mirandino decidió emprender y establecer un ordenamiento jurídico que permitiera la paz, la tranquilidad, el respeto al prójimo, al cuidado, al patrimonio público, así como a las normas del orden ciudadano.

Para tal fin, detalla Sosa, se analizaron diferentes leyes de convivencia y paz de varios estados y municipios de Venezuela, así como de otras ciudades de países de la región, que, con ideas y aportes ofrecidos por diputados del Clebm, funcionarios del Gobierno de Miranda y por el mismo Poder Popular de la entidad, se logró estructurar y aprobar dicho documento en el cual, a partir de 2017, se inició un proceso de formación con las comunidades organizadas, a fin de que las mismas se apoderaran y aplicaran de manera progresiva la ley, con el apoyo de la autoridades competentes.

“Esta es una ley que tiene como objetivo fundamental generar un clima de paz, de tolerancia en todas las comunidades mirandinas, precisamente para generar mayores niveles de seguridad y tranquilidad en el pueblo. Lo que se busca es atender el orden dentro de la comunidad, en el tránsito, de mantener el orden en los comercios, que eviten el alto volumen que alteren la paz en las comunidades, en las urbanizaciones, en los barrios. Este es un instrumento que le permite garantizar el orden a todos los habitantes”, dijo.

Con la aplicación de la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana en el estado Bolivariano de Miranda por parte de los vecinos y autoridades involucradas, las comunidades o municipios que presentaban altos índices de conflictividad y de violencia en la entidad como Paz Castillo, Simón Bolívar y Urdaneta, ubicados en Valles del Tuy, han logrado reducir las incidencias delictivas y conflictivas por encima del 30%.

El Secretario de Seguridad y Paz Ciudadana del Gobierno de Miranda apuntó que el número de lesiones, delitos y riñas en dichas jurisdicciones han disminuido drásticamente, debido a que sus habitantes ya tienen conocimiento de la ley y a dónde deben acudir para resolver dichos conflictos. “Los tipos de conflictos varían según la región. Por ejemplo, en el Área Metropolitana los problemas son más que todo de arrendamiento, de desalojo por que el inquilino no cumple con su pago o de enfrentamientos en el condominio. En Valles del Tuy, el problema tiene que ver más con la basura, con las alteraciones del orden público, conflictos por temas territoriales de parcelas. Son diferentes realidades, pero esta ley permite armonizar la situación y llegar a la paz. Eso es hacer un trabajo preventivo para no llegar a males mayores”.

Multas y sanciones

La Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana en el estado Bolivariano de Miranda establece sanciones a los ciudadanos que violen o alteren la armonía y la convivencia en la sociedad. Estas penas se dividen en dos: las multas o sanciones económicas, en la que el trasgresor deberá pagar en Unidades Tributarias, y las sanciones comunitarias, las cuales no causan daño al patrimonio económico del infractor, sino que la persona deberá pagar su falta con una labor social en su comunidad.

Sobre las sanciones económicas, estas se dividen en tres. La primera que va dirigida a las infracciones comunes, por ejemplo, el incumplimiento a las normas de conducir o de tránsito de automóviles, camiones o motocicletas, es decir, que los conductores utilicen el cinturón de seguridad, que manejen sin los efectos del alcohol o que los motorizados utilicen el casco. La intermedia, que va dirigida a quienes alteren el espacio o circulación de peatones, por ejemplo que un ciudadano realice trabajos mecánicos en una calle; y la tercera, destinada a los establecimientos comerciales.

“Esta última sanción es de mayor cuantía en cuanto a Unidades Tributarias, porque está dirigida a los espacios comerciales que producen dinero. Por ejemplo, una licorería no debe expender licores si no tiene el permiso legal, o si la tiene, debe respetar el horario de venta de estos productos. Un comercio debe cumplir con la limpieza de su fachada y no arrojar basura a la calle, puesto que debe tener un depósito para acumular los desechos sólidos”, explicó Sosa.

La Unidad Tributaria que se utiliza para cobrar la multa es de la Gobernación de Miranda, la cual fue recientemente actualizada según el Petro, con el fin de no violentar la capacidad contributiva del ciudadano, es decir, la infracción solo representa el 20% de su salario integral. En ese sentido, si la persona comete la infracción común, deberá cancelar 700 UT. Si comete la intermedia pagará mil 400 UT, y si un comerciante altera el orden y la paz, tendrá la obligación de cancelar 6 mil 500 UT.

Las sanciones provienen de una boleta o multa que es colocada por la Policía de Miranda, las cuales tienen un plazo de 15 días para cancelar. En caso de que la infracción sea atribuida a los locales comerciales y si estas no la cancelan, el funcionario tiene la autorización de cerrar temporalmente el local.

Es de destacar que los recursos obtenidos por las infracciones, van dirigido a un fondo destinado para los organismos de seguridad, específicamente para la equipamiento de patrullas, para la remuneración de los funcionarios que garanticen el cumplimiento de la norma, además para el mejoramiento de los módulos policiales y para la adquisición de camiones para el Cuerpo de Bomberos de Miranda.

Además, luego de la Consulta Popular Miranda 2019, realizada el primero de diciembre del año pasado, en la que más de 400 mil mirandinos participaron para la aprobación de la transferencias de recursos provenientes de la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana al Poder Popular, las comunidades organizadas efectúan sus proyectos comunitarios, obras que les permite mejorar la calidad de vida de su población.

“Esos recursos son recibidos de manera directa y son administrados por ellos, bajo la fórmula que contempla la ley de los Consejos Comunales y el Banco Comunal. Allí el Poder Popular decide invertir ese dinero para llevar adelante sus proyectos comunitarios, como la reparación de una escuela, para la compra de implementos o herramientas para llevar realizar una jornada de limpieza”, precisóLenin Sosa.

Trabajo comunitario

Sobre la sanción comunitaria, ésta se ejecutará solo cuando la persona que incumpla la ley, no tenga la capacidad monetaria para cancelar la infracción. “A nadie se le puede obligar pagar una sanción económica. En caso de que no disponga de los medios económicos, deberá hacer trabajos voluntarios, comunitarios y formativos. Estas sanciones son administradas por la Oficina de Seguridad y Convivencia, las cuales se encuentran ubicadas en las Casas de Justicia. La ley prevé trabajos en el área formativa,  en trabajos de atención social y en charlas, todo dependiendo de la realidad y de la capacidad que tenga la persona. La ley es muy flexible, porque lo que nos interesa es que los ciudadanos infractores se integren a la sociedad y aporten a la comunidad”, comentó.

Los horarios del trabajo comunitario para los infractores, en el caso para impartir clase o talleres en una institución educativa o comunidad; para la limpieza, trabajos de pintura y restauración de planteles educativos, espacios deportivos, plazas, centros de salud; en la colaboración tanto en comedores como en otros organismos de bienestar social; en la atención de abuelos y niños en centros de atención; en la participación de jornadas médicas o en mercado comunitarios, tiene un lapso de 20 horas cada uno. Asimismo, existen talleres de ocho horas a los cuales deben asistir las personas que no conozcan la ley o se rehúsen a cumplirla.

 Los interesados en conocer La Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana podrán leer su contenido en la página web de la Gobernación de Miranda www.miranda.gob.ve o en las redes sociales del Ejecutivo regional.

“Pedimos que la gente de los Consejos Comunales, de las asociaciones de vecinos y de las juntas de condominio lean esta ley, la cual es muy sencilla para su discusión. Es importante leerla para que conozcan sus derechos y puedan mejorar su calidad de vida. También pueden ir a las Casas de Justicia para que los orienten sobre este estatuto legal”, destacó Sosa.

Prensa Gobierno de Miranda