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La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos (DD.HH.) y el Desarrollo Social (Fundalatin), lamentó este jueves que el informe de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet ignore de forma tan abierta el impacto devastador que tienen las ilegales “sanciones” contra Venezuela.
“Lamentamos que no se condene en este informe que Pdvsa, el Banco Central, el sector minero, los CLAP, el Petro, los bancos y las empresas de Venezuela están completamente bloqueadas”, expresó una representante de Fundalatin, organización con Estatus Consultivo Especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
“Este informe ignora que las sanciones de EE.UU. han impedido que el Estado venezolano haya podido adquirir maquinarias y bienes necesarios para garantizar el mantenimiento y funcionamiento de los servicios públicos, así como medicinas y alimentos”, remarca la institución humanitaria.
Además, Fundalatin hizo observación precisa sobre el hecho que Bachelet hace caso omiso a la conducta coercitiva ilegal de algunos países, y en su informe no rechaza que bancos de EE.UU, Reino Unido y Portugal, mantengan retenidos y secuestrados más de 6 mil millones de dólares de recursos venezolanos, en forma ilegal, que han impedido al Estado la adquisición de medicinas, tratamientos y vacunas.
“Está suficientemente demostrado que a través de la manipulación del sistema bancario internacional y la retención ilegal de recursos, se esté privando al pueblo de Venezuela de medios esenciales para su subsistencia”, denunciaron ante el Consejo de DD.HH.
Peor aún, Fundalatin rechaza que el informe de Bachelet no condena ni menciona la conducta del gobierno de EE.UU. que ha incautado ilegalmente activos y cuentas bancarias de Citgo , empresa filial de Pdvsa, lo cual impide el transplante de hígado y médulas óseas de 53 niños y niñas que están en riesgo de perder la vida.
“Este Consejo y la Alta Comisionada deben sumarse a la voz de la relatora de medidas coercitivas, quien solicita el cese de las sanciones que son la principal amenaza para los derechos humanos”, concluye la posición de Fundalatin.
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