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Foto: VTV
El fiscal general de la república, Tarek William Saab, aseguró que el Ministerio Público ha acusado un total de 811 funcionarios y 129 civiles por violación de Derechos Humanos (DDHH), lo que deja en entredicho el informe presentado por el Grupo de Lima en esta materia.
Durante sus declaraciones el titular de la acción fiscal aseguró que el Ministerio Público (MP) ha imputado a 603 funcionarios de seguridad del Estado, por ser presuntos responsables de vulneración de los DDHH y 35 civiles implicados como colaboradores en estos hechos.
Así mismo, explicó que por los delitos de homicidio, tortura, trato cruel, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio han sido imputadas 638 personas.
“Han sido aprehendidos un total de 452 funcionarios de distintos organismos y 24 particulares, para un total de 476 privados de libertad. Han sido acusados un total de 811 funcionarios y 129 civiles, lo que hace un total de 940 acusados, a través de la presentación de 382 acusaciones interpuestas por fiscales especializados en la materia”, refirió
En cuanto a las sentencias condenatorias por violación de DDHH señaló que un total de 127 funcionarios de seguridad del Estado y 13 civiles ya tienen sentencia firme.
El fiscal recordó el caso de la masacre de Barlovento destacando que “se pensaba que habría impunidad, todo lo contrario. Hubo una sanción ejemplar acorde a lo establecido en el Código Penal. Eso no lo dice el informe”.
Así mismo, cuestionó los métodos utilizados por quienes elaboraron el informe de materia de los Derechos Humanos (DDHH) emitido por el denominado Grupo de Lima, el cual se presenta como una nueva agresión al Estado venezolano.
En ese sentido, aseguró que la comisión que elaboró este informe no dirigió comunicación alguna al Ministerio Público, para constatar la veracidad de los casos que presentaron.
El titular de la cartera fiscal señaló que en el documento elaborado para contraponer la “infamia” del Grupo de Lima se destaca en el capítulo V el papel del Ministerio Público para investigar y exigir sanciones ante violaciones a los DDHH.
Finalmente, lamentó que este tipo de acciones ocurran, sin embargo resaltó el compromiso del Estado venezolano por sancionar estas acciones.