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Venezuela recibe a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ex presidenta chilena Michelle Bachelet, invitada por el presidente Nicolás Maduro, el pasado mes de noviembre de 2018.

En su estadía, se reunirá con autoridades gubernamentales, dirigentes de la oposición y organizaciones gremiales con el objetivo de recopilar datos e información para posteriores informes sobre el caso venezolano y que conciernen a su despacho.

Del 19 al 21 de junio la visita de Bachelet estará marcada por la expectativa con respecto a las conclusiones parciales que emitirá una vez finalizada su estancia en el país.

En un primer orden, la llegada de Bachelet reafirma la posición de dominio del chavismo sobre el tablero político nacional y su capacidad de sostener la iniciativa por encima del Diputado Juan Guaidó. Un dato no menor es que fue recibida por el gobierno constitucional de Venezuela, y no por Guiadó.

La mejor forma de medir esta posición de ventaja es el hostigamiento que el antichavismo encabeza a través de las redes sociales, con el objetivo de presionar a Bachelet para que se decante por el relato de la «crisis humanitaria», algo que Guaidó aspira que suceda para oxigenarse tras el escándalo destapado por PanAm Post.

Mientras tanto, el gobierno venezolano espera que los daños irrefutables del bloqueo financiero impuesto por EEUU, concluyan en un informe constructivo y sin sesgos políticos. Se espera que Bachelet actúe con neutralidad y sus posturas refuercen la necesidad de continuar el espacio de diálogo en el que el chavismo y la oposición han participado desde Noruega.

Visto así, es necesario precisar algunas consideraciones que deberá tener en cuenta la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante su visita a Venezuela.

LA CRISIS ES RESPONSABILIDAD DEL BLOQUEO

Con el Decreto Obama, en marzo de 2015, comenzó una serie de maniobras a lo internacional que fueron desembocando en la actual situación de bloqueo vía sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos para «acelerar el colapso» de Venezuela, en palabras del diplomático William Brownfield.

Tal motivación es profundamente política, pues busca a través de la crisis económica-social desacreditar y criminalizar al gobierno chavista y propiciar un cambio de régimen a favor de los intereses estadounidenses.

Los datos del Centro de Investigación Política y Económica (CEPR por sus siglas en inglés), publicados en un informe del pasado abril, diagnostican que las sanciones de la Casa Blanca contra Venezuela, aplicadas desde agosto de 2017, son las causantes de la «muerte de decenas de miles de personas y están empeorando la crisis humanitaria» en el país, declarado objetivo político y militar del gobierno estadounidense.

Las sanciones han producido la reducción y exportación de petróleo por parte de PDVSA, siendo Venezuela un país que depende del 90% de las divisas por concepto de su industria fundamental para importar alimentos y medicinas, entre otros rubros fundamentales.

El bloqueo prohíbe a Venezuela hacer negocios con bonos, activos y acciones de PDVSA y del Banco Central de Venezuela (BCV), deniega su participación en el mercado estadounidense y amenaza a otros actores mundiales cualquier contacto financiero, económico y comercial con el país. El veto a la importación de diluyentes como la nafta es un factor clave.

Existe un embargo de facto en la venta a Venezuela de repuestos, insumos y refacciones a sus tecnologías de extracción y refinación de crudo, altamente dependientes de proveedores estadounidenses.

El informe del CEPR alude al congelamiento de cuentas, haberes en dinero y bienes venezolanos en suelo estadounidense, entre ellos CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA. Situación que ha acelerado las pérdidas de ingresos a la nación y la posición discrecional mediante arbitraje del Departamento del Tesoro estadounidense sobre los activos soberanos de Venezuela, todo como parte del «efecto Guaidó».

Uno de los autores, el reputado economista Jeffrey Sachs, escribe que «las sanciones estadounidenses apuntan deliberadamente a destruir la economía de Venezuela y, por lo tanto, conducir al cambio de régimen. Es una política infructuosa, despiadada, ilegal y fallida, que causa graves daños al pueblo venezolano».

En este último sentido, las medidas de la Administración Trump causaron la muerte de unas 40 mil personas en Venezuela, nada más entre 2017 y 2018. «Las sanciones han reducido la disponibilidad de alimentos y medicamentos, y han aumentado las enfermedades y la mortalidad», señala textualmente el documento.

Además, proyecta que la continuidad del bloqueo sobre Venezuela generará más muertes. Realizan una estimación del impacto sobre grupos con un estado de salud vulnerable que están sufriendo el bloqueo de medicamentos: «Aproximadamente 80 mil personas con VIH que no han recibido tratamiento antirretroviral desde 2017, otras 16 mil personas que necesitan diálisis, unas 16 mil personas con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión (muchas de las cuales no pueden obtener insulina o medicina cardiovascular)».

De agudizarse el esquema de sanciones, el bloqueo y embargo contra Venezuela pueden «acelerar el colapso» no sólo de la economía sino de la sociedad venezolana. Algo que Bachelet no puede dejar de lado.

EL BLOQUEO COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

Los datos anteriores sólo comprueban la tesis de que el bloqueo contra Venezuela, propiciado por las sanciones de los Estados Unidos, es un crimen de lesa humanidad continuado. Las consecuencias están a la vista, por más que Guaidó y la dirigencia opositora lo omitan.

A este respecto, Alfred de Zayas realizó un informe en su condición de experto independiente en materia de derechos humanos sobre la situación venezolana en 2017, documento que fue silenciado y puesto de lado en la Oficina del Alto Comisionado anterior, el príncipe jordanés Zeid Ra’ad Al Hussein.

De Zayas visitó Venezuela en un contexto beligerante, con una revolución de color recién desactivada por el Estado y con la pusta en vigor de la primera orden ejecutiva de Donald Trump que dio cuerpo al bloqueo financiero en agosto de ese año. Como consecuencia de ello, el experto independiente estadounidense sacó las siguientes conclusiones.

Calificó a los fenómenos de acaparamiento de medicinas y alimentos bajo «el papel de grupos delictivos internacionales en el robo de recursos públicos, alimentos y medicinas que llegan hasta países vecinos». Esto lo enmarcó dentro «de una guerra económica que no dista mucho de las guerras no convencionales contra Cuba, Chile (de Salvador Allende) y Nicaragua».

En el caso venezolano, los «efectos de las sanciones de Obama y Trump, como las medidas unilaterales por parte de Canadá y la Unión Europea, han agravado directa e indirectamente la escasez de medicamentos como la insulina y los antirretrovirales, lo que ha ocasionado demoras en su distribución y ocasionado agravantes en numerosos casos de muerte».

Uno de los casos que puso como ejemplo fue la negativa de Colombia de vender medicamentos al Estado venezolano contra la malaria y el paludismo en 2017. Esto en su opinión hace responsable de las consecuencias al gobierno colombiano y condenó a la comunidad internacional en este hecho pues «implica su corresponsabilidad por el agravamiento de la crisis» en Venezuela.

Este tipo de consecuencias pueden ser consideradas como crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, que establece: «Un ataque a una población civil se entenderá como una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque».

De Zayas pudo constatar, a través del BCV, cómo las sanciones «además de obstruir el acceso al financiamiento externo y los pagos internacionales, han afectado el funcionamiento normal del aparato productivo nacional, creando una reducción de la oferta de bienes y servicios locales». En efecto, el BCV podía utilizar (para el momento de la divulgación de estos datos) 14 de 33 de sus cuentas corresponsables en el exterior, lo que ha generado «obstáculos para los pagos del sector público para importar medicinas y alimentos».

Así, el experto independiente hizo la siguiente reflexión: «Las sanciones y los bloqueos económicos de la actualidad se comparan con los asedios medievales de las ciudades con intención de obligarlas a rendirse. Sin embargo, en el siglo XXI tienen como intención doblegar no solo a ciudades, sino a países soberanos». La diferencia es que ahora en el siglo XXI van «acompañadas de la manipulación de la opinión pública a través de noticias falsas, relaciones públicas agresivas y una pseudo-retórica de derechos humanos para dar la impresión de que los fines de derechos humanos justifican los medios criminales».

También, para De Zayas no existe una crisis humanitaria ni alimentaria aunque sí «hay una crisis económica que no se puede comparar con la crisis humanitaria en Yemen, Libia, Siria, Irak, Haití, Malí, la República Centroafricana, Sudán, Somalia o Myanmar», según los datos y parámetros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).

Como última reflexión, destacó que con «el fin de desacreditar a determinados gobiernos, se maximizan sus falencias en el campo de los derechos humanos para hacer más aceptable su derrocamiento violento, ya que los derechos humanos se están convirtiendo en armas contra los rivales de quienes lo instrumentalizan, pese a que constituyen el legado de cada ser humano y jamás deberían ser utilizados como armas de satanización».

Todo lo presentado por Alfred de Zayas calca en los últimos casos sonados en torno al bloqueo de los recursos para que pacientes infantiles y adolescentes con enfermedades y síndromes graves tengan una segunda oportunidad de vida.

De hecho, la presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), Eugenia Russián, y un grupo de madres de cinco niñas y niños venezolanos que padecen de enfermedades hepáticas graves y se encuentran en Argentina recibiendo tratamiento médico especializado, denunciaron ante la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU la grave amenaza que está generando el bloqueo financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela contra el derecho a la salud, lo que ha impedido que culminen sus tratamientos y obtener la atención médica especializada vital para sus vidas.
Asimismo, el convenio firmado por PDVSA con la italiana Asociación para el Transplante de Médula Ósea (ATMO) no ha podido proseguir debido al bloqueo de los fondos en un banco portugués, Novo Banco, producto de las sanciones.

Por otro lado, la estrategia de los Estados Unidos de doblegar a la población venezolana y sus instituciones, se ve con claridad con la criminalización y posibles sanciones contra los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), calificada por el Estatuto de Roma como crimen de «exterminio» en el apartado de «lesa humanidad»:

«El ‘exterminio’ comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población».

Lo dicho anteriormente: las medidas estadounidenses son crímenes de lesa humanidad.

INFLACIÓN DE LA MIGRACIÓN, INFLACIÓN DEL DINERO

El fenómeno de la «diáspora venezolana» es uno de los temas regionales más ensalzados de los últimos tiempos. Económicamente, ha sido estimulada con énfasis desde hace dos años por la situación crítica que vive el país a raíz de las sanciones, que se han sumado a años previos de boicot económico interno, ampliamente denunciado por el gobierno venezolano. Los informes del CEPR y de Zayas hacen mención a esto.

Desde embajadas y gobiernos latinoamericanos que han recibido compatriotas venezolanos, se han hecho esfuerzos dirigidos a retomar la visión de un éxodo masivo que estaría colapsando a los países de la región, razón suficiente para recibir recursos financieros extraordinarios a los que ya han recibido en los últimos dos años.

De aquella urgencia, se justifican las cuantiosas inversiones en los fondos de ayuda internacional. Canadá y la Unión Europea han dado dinero, pero Estados Unidos es el principal benefactor de los organismos que aparentemente estarían dando respuesta a la situación en países de la región latinoamericana, habiendo destinado 61 millones de dólares el pasado mes de abril, como lo anunció el vicepresidente Mike Pence, suma que correspondería a otros 200 millones ya aprobados por Washington.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), existirían más de 4 millones de venezolanos fuera del país, posicionándolo como un fenómeno migratorio excepcional en América Latina. Anteriormente, las múltiples agencias que contabilizaban esas cifras se contradecían, pero desde que ACNUR tomara para sí la agenda venezolana todas se atañen a sus publicaciones.

La manipulación y lógica del espectáculo con el «éxodo venezolano» de centro simplifica las formas migratorias a la condición de refugiados en los principales medios.

La operación propagandista de la «crisis migratoria» llevada por medios corporativos no hace diferencia entre migrantes y refugiados, cuestión fundamental que modifica la realidad sobre la migración venezolana.

La migración es un fenómeno natural de los territorios globalizados que se da por distintos motivos, pero la cantidad de refugiados indicaría un desplazamiento forzado de la población y su vulnerabilidad en los países de asilo. Es falso el dato de que son 4 millones de refugiados los que se encuentran fuera del país.

La migración venezolana fue primero mediática y luego comenzó a aumentar fuera de los estándares ordinarios en 2017 (a partir de las sanciones financieras de los Estados Unidos), por razones esencialmente económicas.

El Banco Mundial, por ejemplo, en un documento para medir el impacto de los migrantes venezolanos en Colombia, describe el caso como una migración mixta, entre la que se incluyen colombianos retornados, migrantes regulares e irregulares y migrantes pendulares (personas que cruzan diariamente la frontera y retornan). Explica esta clasificación «ya que está compuesta por migrantes económicos, mayoritariamente, población retornando a sus países de origen, y en menor proporción, solicitantes de refugio».

En una entrevista hecha al enviado de ACNUR, Eduardo Stein, admitió que una de las razones por la que el flujo de población aumentó en el primer semestre de 2019 pudo deberse al saboteo de los servicios eléctricos del mes de marzo y a la intensificación del bloqueo financiero, que le impide el acceso a medicinas y alimentos al Estado venezolano.

Este escenario no ha podido ser maquillado por los organismos que llevan los datos de la tendencia migratoria y, para añadirle validez a la solicitud de financiamiento, requieren que se maniobre con los términos de refugiados y asilados, condiciones que colocarían a Venezuela en la misma categoría de países asediados por guerras como Siria, Yemen e Irak.

En ese sentido, parece que la coordinación regional se afinca en ir revirtiendo la regularización de la población venezolana para abultar las solicitudes de asilo y el estatus de refugiado. De las 400 mil solicitudes que maneja ACNUR, un 60% se hicieron el año pasado. Los cinco países que han recibido más solicitudes de asilo entre 2014 y 2018 son Perú, con 167 mil 238; Brasil, con 83 mil 893; Estados Unidos, con 72 mil 722; España, con 29 mil 603; y Ecuador, con 13 mil 535.

A pesar de ello, no muestran la cifra real de estatus de refugiado que los países de acogida han aceptado. La última estimación, hecha por la OIM, era de 5 mil 664 asilados venezolanos en toda la región. Distintos actores políticos han enfatizado que otorgar ese estatus es un aspecto importante para legitimar la versión de que los venezolanos huyen de un conflicto en Venezuela.

La presión para que las naciones reconozcan la mayor cantidad de refugiados posibles le permitiría a ACNUR y a la OIM operar de manera más amplia a nivel internacional para elevar las sumas exigidas de fondos de asistencia.
Además, han habido esfuerzos en los países latinoamericanos por frenar el Plan Vuelta a la Patria del Estado venezolano, como lo denunció el canciller Jorge Arreaza, que ha logrado repatriar a unos 14 mil connacionales para mayo pasado, luego de las penurias y crisis exógenas encontradas en donde fueron recibidos.
Agresiones desestabilizadoras desde Colombia

El papel de Colombia ha sido clave en la visión que se tiene mediática y diplomáticamente de Venezuela a nivel global. Ha fungido de víctima cuando ataca y preserva una relación privilegiada con los Estados Unidos para poner en funcionamiento el bloqueo contra el vecino país.

Debido a que la crisis se debe a un enfrentamiento político auspiciado por los poderes profundos de Washington y Miami, los hechos más conmocionantes tienen a Nicolás Maduro, la dirigencia gubernamental y el chavismo como los principales objetivos, así como las infraestructuras del Estado y sus límites.

Los diferentes golpes de Estado intentados han tenido en Colombia su base de operaciones. La «Operación Constitución» de 2018 es una demostración de ello, gracias a la información de uno de los conspiradores, el ex coronel Oswaldo García Palomo.

Asimismo sucedió con el intento de magnicidio al presidente Maduro. La investigación oficial dio con la información de que el centro de operaciones donde mercenarios se entrenaron con drones-bomba se encontraba en una finca en Norte de Santander, zona limítrofe con Venezuela y atestada de actividad narcoparamilitar. Además, operadores de Migración Colombia ayudaron a trasladar a los mercenarios a territorio venezolano con los planes de magnicidio como prerrogativa.

No es un misterio que en Colombia ha subido la producción de drogas y, por ende, el narcotráfico dominado por los principales carteles de México. Venezuela ha combatido este flagelo a expensas de que el gobierno de Iván Duque, y antes el de Juan Manuel Santos, junto la DEA han permitido un nuevo renacer de esta actividad ilícita. Paradójicamente, es Colombia el que culpa al Gobierno Bolivariano de la situación por sus supuestos vínculos con el ELN y las FARC.

El paramilitarismo colombiano, ahora con el nombre de bandas criminales (BACRIM), viene lesionando la frontera colombo-venezolana desde hace tiempo, con enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sus componentes o entre los mismos criminales. Los dos principales grupos paramilitares, Los Urabeños y Los Rastrojos, se enfrentaron en recientes días ocasionando una masacre de 12 muertos sin que las autoridades colombianas respondieran ante la situación.

Pero lo más distintivo de Colombia no es sólo que resguarda a prófugos de la justicia venezolana en su nicho, sino que además sirve de plataforma para las acciones de violencia irregular como sucedió el 23 de febrero de 2019, en el que se intentó ingresar a Venezuela por la fuerza camiones con supuesta «ayuda humanitaria», incinerados por los mismos operadores antichavistas en el terreno. Esta era una acción para intentar dividir a la FANB en favor de las facciones representadas por Juan Guaidó, quien posteriormente usó tal «ayuda» para instalar una red de corrupción como forma de apropiación de esos recursos, según lo expuesto por PanAm Post y soldados desertores en Cúcuta.

En ese sentido, Colombia ha sido clave en la crisis venezolana y su inestabilidad de espectro completo. Dicho país y sus autoridades no tienen intenciones de rendir cuentas en su participación en agravar las condiciones de estabilidad interna en Venezuela, que son inherentes a la estabilidad institucional y el buen desarrollo de la vida política nacional.

Misión Verdad