Noticias
Carlos Ponce, director para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, admitió que la ruptura del orden institucional en Venezuela es el principal objetivo de aquellos agentes que piden al Gobierno de Estados Unidos y sus países aliados intervenir a la nación suramericana.
Entre esas maniobras, se pretende enjuiciar de forma ilegítima al presidente de la República, Nicolás Maduro, así como a sus ministros y más cercanos colaboradores, con la intención de agudizar el panorama creado tras la aplicación de sanciones que afectan al pueblo venezolano.
Estos planes fueron develados por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, quien en su programa Con el mazo dando presentó una entrevista realizada en Miami al integrante de Freedom House, una organización que recibe 80% de su presupuesto del Departamento de Estado de EEUU.
«Hay gente que quiere llevar casos contra gente por debajo de Nicolás Maduro. Nosotros creemos que hay que enjuiciar a Nicolás Maduro y por debajo de Nicolás Maduro. Estamos tratando en varios estados de convencer a algún fiscal que pueda llevar eso hacia adelante», expresó Ponce en sus declaraciones.
Asimismo, confesó que Freedom House ha promovido el bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela, situación que ha afectado la adquisición de alimentos y medicinas para el pueblo.
«Yo he estado durante cuatro, cinco años, y mucha gente, peleando por sanciones cuando era la administración (de Barack) Obama. Era casi imposible, pero se logró al final de esta administración», señaló, al referirse a la orden ejecutiva firmada en 2015 que declaró a Venezuela como una «amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidense», la cual fue extendida por un año en 2016, y ratificada por el actual presidente, Donald Trump, en 2017 y 2018.
«Yo creo que las sanciones ya cumplieron un objetivo, hay que seguirlas. Yo soy fiel (a la idea) de que hay que enjuiciar a Nicolás Maduro, hay que meterlo preso. Se tiene que seguir presionando para que haya un quiebre en Venezuela interno, y después la comunidad internacional tiene que asistir» para que el país tenga «seguridad, materia alimentaria», indicó Ponce.
En esta misma línea se inscribe la ilegítima sesión realizada esta semana por el autodenominado «TSJ en el exilio» —compuesto por abogados acusados por usurpación de funciones— en la sede del Congreso de Colombia, donde la exfiscal y prófuga de la justicia venezolana, Luisa Ortega Díaz, pidió la captura del presidente Maduro por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), basándose en denuncias infundadas de contratos irregulares con la constructora brasileña Odebrecht.
AVN