Foto: Referencial

Por: Geraldina Colotti

Ojos puestos en Brasil este domingo 30 de octubre, por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que ven a Lula da Silva enfrentarse al presidente saliente, Jair Bolsonaro. Es difícil predecir si el candidato de izquierda, el exsindicalista Lula del Partido de los Trabajadores, que gobernó el país entre 2003 y 2010, mantendrá la ventaja de casi 8 puntos sobre el ultraderechista, como dicen las últimas encuestas, o si hay empate entre los dos candidatos, en base a otros sondeos. La batalla electoral, también se hace a golpes de sondeo.

La extrema derecha de Bolsonaro -el Trump brasileño- está disparando todos sus cartuchos: incluso en el sentido literal, considerando que en estos días fue asesinado un ex Consejero Federal del PT, y ese sábado, en las redes sociales se difundió la imagen de una diputada bolsonarista, disparando en las calles de Sao Paulo. Estos episodios se suman a los numerosos reportes de amenazas y violencia por parte de las escuadras bolsonaristas, listas para cualquier escenario.

Ciertamente, incluso en caso de victoria, el juego para Lula será todo cuesta arriba, ya que, tal como están las cosas -banqueros, empresarios y representantes de las finanzas internacionales ya lo han anticipado-, quienes sean los gobiernos deberán someterse a los dictados del gran capital internacional. Tanto más cuanto que la extrema fragmentación del entramado institucional hace particularmente precarios los equilibrios que salen de las urnas, y tambaleantes las alianzas de gobierno.

Como sucedió durante el segundo gobierno de Dilma Rousseff, una formación aliada – más pequeña, pero determinante- puede derribar al gobierno, o organizar un golpe institucional. Así hizo Michel Temer, diputado de Rousseff, con su Partido del Movimiento Democrático. Una fragmentación que ha impedido una reforma institucional para superarla, y que aún pesa sobre el futuro político del 5º Estado del mundo por orden de magnitud.

El vicepresidente propuesto por Lula es ahora el exgobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, el Macri brasileño, un católico conservador, quien fuera su oponente, un ex-miembro del Opus Dei cuyo rostro represivo se intenta olvidar. Cuesta creer que pueda ofrecer mejores garantías: al menos para aquellos sectores populares que han reprochado a los gobiernos de Rousseff su timidez a la hora de abordar las reformas estructurales que siempre se han prometido, empezando por la reforma agraria.

Por el contrario, la crisis política que siguió al golpe institucional permitió a los emisarios del gran capital internacional bajar el hacha en materia de pensiones y legislación laboral, y allanar el camino a Bolsonaro mediante el lawfare contra Lula.

Temer, que contó con el apoyo público de Alckmin durante su presidencia, hizo el trabajo sucio que le encomendaron: puso en marcha otro plan de ajuste estructural que llevó al 5% del país a acumular una riqueza equivalente a la del 95% de los población, disparando los niveles de pobreza.

Fue el artífice de la reforma laboral que eliminó conquistas históricas obtenidas durante los gobiernos de Lula. Además, impuso un tope de gasto que limitó severamente las políticas públicas. En junio pasado, Alckmin se reunió con Temer para asegurar que cualquier reforma a la legislación laboral no hará mella en el dintel de la última contrarreforma.

Hoy, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, la renta media de la población es la más baja de los últimos diez años, mientras que la brecha con el 5% más rico, que ha aumentado aún más las ganancias también tras la pandemia, sigue creciendo. Algunos paliativos puestos en marcha por Bolsonaro para convencer a los indecisos de votar por él ciertamente no cambiarán la situación.

Por otro lado, el río de dinero invertido por Bolsonaro en publicidad y prebendas corre el riesgo de producir sus efectos, y el aumento de una retórica que efectivamente ha despertado -como es el caso de la extrema derecha en todas las latitudes- a los instintos más bajos, incluso entre los excluidos.

Los aparatos de control ideológico, bien financiados por las multinacionales que los orientan, han activado, de hecho, las poderosas iglesias evangélicas y el conservadurismo más sombrío, como se ha visto a lo largo de la campaña electoral. Con la recuperación de la alianza con Marina da Silva, ambientalista y evangélica progresista, Lula intenta ofrecer una alternativa, así como intenta frenar el voto conservador con la presencia del diputado Geraldo Alckmin.

Si Lula gana, gobernará un país muy diferente al Brasil que dirigió entre 2003 y 2010, y también al del gobierno de Rousseff. El regreso de la ola conservadora en América Latina ha cambiado profundamente el equilibrio de poder y las posiciones en el escenario internacional. Por supuesto, el juego se ha reabierto con algunas victorias en el continente, en Perú, en Chile y especialmente en Colombia.

La deriva moderada de Boric en Chile, el aplastamiento del maestro Castillo en Perú a través del lawfare, las fauces abiertas del imperialismo sobre el cambio iniciado por Petro en Colombia, el chantaje de la deuda que postra las esperanzas progresistas en Argentina, no permiten, sin embargo, para vislumbrar un futuro brillante, si se encomienda sólo a un cambio electoral.

En cambio, en Brasil, si pierde Bolsonaro, será la derecha la que levantará el conflicto de clases, gracias al apoyo que ha recibido y recibe también de la extrema derecha europea: empezando por el partido Vox y los Hermanos de Italia.

Estas elecciones brasileñas son principalmente un laboratorio para las elecciones de mitad de período en los Estados Unidos, el proximo 8 de noviembre. Al igual que hizo Trump en 2020, Bolsonaro, que critica al Tribunal Superior Electoral (TSE) en cada entrevista, presionó a los militares para volver a contar los votos tras los resultados de la primera vuelta, aunque el sistema de votación está automatizado, y se utiliza sin problemas desde 1996. La misma narrativa utilizada por la derecha en Venezuela y Perú.

Un informe publicado por la Agencia Pública de Brasil mostró cómo estas estrategias observadas en América Latina son un reflejo de las difundidas en Estados Unidos. Existe una red de desinformación bien financiada con sede en Estados Unidos que trabaja para sembrar dudas sobre los resultados electorales de la izquierda y socavar su legitimidad. Esto se ha visto sobre todo con Venezuela, y con la creación artificial del llamado “gobierno interino” de Juan Guaidó.

La tarea de traspasar la pantalla de la desinformación se hace cada vez más urgente, asumiendo la asimetría de manera ofensiva y creativa, como parte de la necesaria batalla de ideas.