Opinión / Noticias / Jesús Faría
Foto: Referencial
Por: Jesús Faría
La revolución revolucionaria ha transitado 22 años de durísimos desafíos, pero lo sucedido en los últimos dos años supera cualquier exigencia. La guerra declarada a la revolución incluye intentos de golpe de Estado, magnicidios, incursiones de mercenarios, violencia política, sabotajes de los servicios públicos, cerco diplomático, guerra psicológica, bloqueo económico, etc.
Hemos logrado derrotar la agresión en el campo político, internacional y militar. No obstante, el bloqueo criminal continúa golpeado terriblemente a la economía y, en consecuencia, a la población. El costo económico del bloqueo asciende a 120 millardos de dólares. El estrangulamiento económico ha generado un cuadro social dramático. Todo ello se inscribe en la injerencia más descarada de Washington y su política de “cambio de régimen”.
Entre las iniciativas para contener las consecuencias del bloqueo yanqui, el presidente Nicolás Maduro presenta la Ley Antibloqueo. Dicha ley plantea la necesidad de flexibilizar mecanismos económicos, crear incentivos y generar condiciones que estimulen la inversión productiva.
Ante la escasez extrema de recursos financieros y de divisas que sufre actualmente el Estado, existe la impostergable necesidad de abrir espacios para la inversión privada. Pero esa inversión, como es natural, llegará solo si existen condiciones que protejan a las empresas privadas frente a los implacables castigos de los EEUU.
Acá se impone la audacia, la exploración de fórmulas sin dogmas ni complejos, conscientes de lo que está en juego en la crucial tarea de la reanimación productiva.
Se ha manipulado el concepto de soberanía para tratar de poner en entredicho a la ley. Sin embargo, existe claridad absoluta respecto a que la soberanía no constituye un concepto vacío o abstracto. Es una conquista muy concreta de la revolución, que se tiene que poner al servicio de las causas populares.
Esa soberanía es la que nos permite llevar a cabo operaciones con nuestros recursos para crear riqueza, elevar la calidad de vida del pueblo, fortalecer la economía y establecer una base sólida para la defensa de la patria.
En ese contexto, es imprescindible mantener el enfoque en el horizonte socialista, pero comprendiendo que para llegar a las metas de largo plazo es necesario solucionar los agudos problemas del presente.
Por ejemplo, Lenin se vio obligado a sustituir el comunismo de guerra por la NEP, incorporando mecanismos de mercado y abriéndose a la inversión extranjera para salvar al pueblo de la hambruna que campeaba después de sangrientas guerras. Para salvar a la revolución, cuando la URSS ya se desintegraba, el Partido Comunista de Vietnam abrió su economía a los mismo que los destruyeron en sanguinarias guerras por casi 40 años. En el periodo especial de Cuba, de dramáticas restricciones para la población cubana, Fidel permitió la inversión extranjera en áreas como el níquel, tabaco, biotecnología y turismo para garantizar los ingresos que le permitieran salvar a la revolución.
Asimismo, el comandante Chávez desarrolló una política petrolera con la participación muy importante del capital privado, que aportó tecnología y capacidad financiera para generar riqueza empleada en función del desarrollo nacional.
La recuperación económica es la principal tarea de la revolución bolivariana, por lo que los cientos de empresas públicas paradas por los embates imperiales deben generar riqueza con la participación del capital privado bajo la rectoría del Estado.
Con esa riqueza es que mejorarán las deterioradas condiciones de vida de nuestro pueblo y el deplorable estado de la economía. Esta es la única vía para salvar a la revolución bolivariana, el principal patrimonio de nuestro pueblo para cristalizar sus anhelos de libertad, justica e independencia.
En los actuales momentos de agresiones económicas imperiales, defensa de la soberanía y desarrollo de la revolución significa producir y generar riqueza para el bienestar de la población y el desarrollo de la patria. Eso es precisamente lo que persigue y se va a lograr con la ley antibloqueo del presidente Nicolás Maduro.