Opinión / Noticias
Alfredo Carquez Saavedra
El 12 de abril de 2002 el gremio empresarial venezolano no cabía de gozo. Con caras sonrientes, felices al extremo, generosos en sonoros abrazos, sus representantes se paseaban por los jardines y pasillos del Palacio de Miraflores, en espera de la aparición de Pedro Carmona Estanga, el Juan Guaidó de aquellos años, quien, al igual que este último, también se autojuramentó, pero con mayor histrionismo, pompa y estilo, hecho que -valga el inciso- muestra y en mucho como ha ido decayendo nuestra oposición.
Entre los asistentes más entusiastas, destacaban los del sector petrolero, quienes rodeados de afiliados a Consecomercio y Fedecámaras, gritaban “¡te queremos Pedro!” y “¡ni un paso atrás!”.
Imagínese, lector, el clímax al que llegaron cuando se oyó al maestro de ceremonia afirmar tajantemente que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y todas las leyes incluidas en la Ley Habilitante, promulgada meses antes por el Presidente, Hugo Chávez, quedaban derogadas a partir de ese momento. Se cumplía así (brevemente) el sueño de la oligarquía criolla y, más aun, de factores de poder estadounidenses y europeos, que consideraban a la Ley Orgánica de Hidrocarburos como una seria amenaza para sus intereses transnacionales.
Pero hay que estar claros. Ese deseo no ha muerto. Y si en esa oportunidad no pudieron por las malas, en el presente, al asumir que el Estado venezolano se encuentra débil –más bien en situación de extrema acoso, diríamos– producto, entre otras razones, de la conducta pasiva-agresiva del mismo mundo empresarial, de decisiones tardías o no tomadas y del bloqueo financiero estadounidense, la rapiña petrolera ataca de nuevo con los mismos argumentos del pasado.
Es así como vemos que Edgard Romero Navas, ex presidente de Consecomercio, de Fedecámaras, y de la Cámara Petrolera Venezolana, escribe en un diario caraqueño que se hace urgente y necesario derogar las leyes petroleras, para poder recuperar la industria de los hidrocarburos. Pareciera mentira pero la argumentación utilizada por este empresario no ha cambiado en nada a la utilizada durante el sabotaje-bloqueo petrolero y el golpe de Estado del 11 de abril.
Romero, quien en ocasiones anteriores ha puesto en duda la legitimidad del Ejecutivo Nacional; quien ha señalado que el acoso financiero, militar, y diplomático formalmente ordenado por Barack Obama y profundizado hasta niveles de extrema crueldad por Donald Trump, tiene la finalidad casi única de “minimizar el poder económico del Gobierno”, ahora sostiene que las leyes vigentes someten a la economía a la camisa de fuerza que no le permite al sector privado contribuir a su solución”. En esa misma publicación este empresario indica que tal medida debería tomarla la Asamblea Nacional. Y aunque no dice cuál, todo da a entender que apunta hacia la de Guaidó.
El sueño dorado de la oligarquía criolla ha sido ponerle la mano a la industria petrolera venezolana, pero eso sí, sin arriesgar nada. Hacer negocio con dinero del Estado es su modo de operar. Y la privatización gradual o inmediata de Petróleos de Venezuela es casi una obsesión que tienen sus patrocinadores en Washington, pues lo cierto es que serían estos quienes terminarían siendo los dueños de la compañía estatal.