Desde hace más de dos años se ha estado preparando un plan macabro para lograr el desfalco de una de las empresas más sólidas de Venezuela, Monómeros Colombo Venezolanos S.A., por un exdiputado que se autoproclamó (como presidente interino)  en febrero de 2019, en una plaza de la gran Caracas.

La agresión se concretó en marzo de 2019 con un acuerdo aprobado por la Asamblea en desacato y con el manejo de una “junta directiva ad hoc” impuesta por el autoproclamado, y además, con luz verde del Gobierno estadounidense y el Gobierno colombiano, arrebatando millones de dólares pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela, violando el Derecho Internacional.

El plan luego de la autoproclamación fue asumir el control de varias empresas estatales de Venezuela que operan en el exterior, entre ellas Monómeros, en una especie de guion hollywoodense, donde se prometió devolverles la “riqueza despojada” a los venezolanos por la supuesta “dictadura” de Nicolás Maduro.

El desfalco se realizó a la vista de la comunidad internacional, apoyado por el Gobierno de EE.UU. liderado por Donald Trump, el Gobierno de Iván Duque en Colombia, entre otros Estados, liderados por la derecha neoliberal, así como la Unión Europea.

En el 2021, se conoció que el régimen de Duque, mediante la Superintendencia de Sociedades de Colombia, asaltó de manera flagrante a Monómeros a través de una resolución para someter y controlar la empresa venezolana.

La decisión se dio a conocer el 7 de septiembre, día en que la delegación del Gobierno Constitucional y las oposiciones venezolanas adelantaban otra jornada de diálogos en México.

Ante el intento de Duque entorpecer el diálogo con las oposiciones venezolanas, el Gobierno Bolivariano ha denunciado ante la comunidad internacional la evidente retórica guerrerista, agresiva y solitaria del gobernante colombiano.

Este atropello del régimen neogranadino contra Venezuela, no solo responde a sus intereses económicos, sino que viene acompañado por las promesas entreguistas y apátridas de las mafias corruptas que dirigen a la extrema derecha, dentro y fuera de Venezuela.

A continuación las claves del asalto contra Venezuela:

El 25 de agosto de 2017 se oficializa el bloqueo de EE.UU. contra Venezuela prohibiendo todas las operaciones relacionadas con PDVSA.
Monómeros fue incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU., lo que afectó su operación comercial.
Un dato importante previo al bloqueo, en 2015, 2016 y 2017, Monómeros arrojó saldos positivos.
Para 2018 Monómeros decreció y generó una pérdida de 17 mil 744 millones de dólares debido al bloqueo norteamericano.
Luego, el 19 marzo de 2019, la Asamblea en desacato nombra una junta directiva ad hoc.
Esta junta ilegal fue integrada por:
.- Jon Bilbao, uno de los exgerentes que participó en el sabotaje de PDVSA
.- Carmen Elisa Hernández integrante del paro petrolero de 2002 mediante el partido ‘Gente de Petróleo’
.- Yadid Jalaff, excoordinador del partido opositor La Causa R
.- José Alberto De Antonio, de Primero Justicia
.- José Ignacio González Álvarez
El robo de Monómeros, llevado a cabo por los “guaidocistas”, permitió que el Gobierno de Trump la liberara del bloqueo y comenzó las operaciones financieras sin restricciones.
Monómeros, en manos de la derecha criminal sin bloqueo en 2019, seguía en caída libre registrando pérdidas por encima de los 6 mil millones de dólares.
En 2021 medios internacionales reseñan que la junta directiva ad hoc suscribe contratos “leoninos” con una empresa panameña de “dudosa solvencia”.
El contrato fue firmado por 15 años con la panameña Lion Street, en el que se cede el 60 % de sus utilidades anuales equivalentes a 7.500.000 dólares.
La denuncia la hizo José Luis Pirela y calificó la firma con Lion Street como “Insólito y distorsionado. Es un contrato leonino con una empresa de dudosa solvencia”.
El sindicato de trabajadores SintraMonómeros manifestó ante el medio PanAm Post, que Lion Street se constituyó en 2018 y hasta ahora no tiene registrado un inicio de operaciones ante el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá.
Lion Street tampoco reporta ninguna actividad desde su creación, ni registra estado financiero alguno que respalde la solidez requerida para suscribir y ejecutar el “Acuerdo de Colaboración Empresarial” con Monómeros Colombo-Venezolanos.
SintraMonómeros también denunció que el gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, fue gerente general de la empresa Insumos del Pacífico 195 S.A.S., la cual mostró interés en suscribir un convenio con Monómeros, en similares condiciones a las contenidas en el Acuerdo suscrito con la empresa panameña.
Otras de las irregularidades bajo la administración derechista de Monómeros, es el abuso de poder y el engrosamiento de la nómina con unas asesorías innecesarias, incremento de salario a algunos empleados sin justificación.
La cantidad abrupta de dinero que maneja la Fundación Monómeros no se usa para apoyar a los venezolanos que se encuentran en Colombia en condiciones de miseria
Así como el caso de una aeronave con aroma de narcotráfico y que la directiva ilegal de Monómeros pagó con sobreprecio el contrato de esos servicios aéreos.
Otra irregularidad se evidencia con la empresa Grupo Merco, con la que prescindieron del contrato que debía terminar en 2021.
La venta como chatarra de maquinaria en buen estado y el gasto de los ahorros de la empresa.
El 13 de septiembre de 2021, Carmen Elisa Hernández, quien se desempeñaba ilegalmente como presidenta de la junta directiva de la compañía, presentó su renuncia y dijo estar en desacuerdo” con la posición adoptada por la Gerencia General y demás miembros de la junta directiva de la compañía, frente a la “resolución de control” expedida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
La resolución de la Superintendencia de Sociedades arriesga más de 600 empleos directos y más de 1.000 indirectos que hacen parte de la operación de Monómeros.
La empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A. empezó a operar en Colombia desde hace 53 años, con participación de Ecopetrol, el Instituto de Fomento Industrial (IFI) y el Instituto Venezolano de Petroquímica (IVP). En 1977 la estatal Pequiven asumió las operaciones de la IPV, y en 2006 pasó a ser propiedad exclusiva del Estado venezolano.

¿Pero cuál es el interés de Duque de quedarse con Monómeros?

Monómeros produce los fertilizantes que requiere el sector agropecuario colombiano.
Al año, la compañía tiene la capacidad para producir 1,3 millones de toneladas de sustancias orgánicas e inorgánicas para la siembra a gran escala.
Distribuye el 46% de fertilizantes en Colombia y la cobertura de más de 70% de la demanda de agroquímicos que necesitan los cultivadores de papa, café y palma, según datos de agencias internacionales.
Monómeros incluye la producción de imprescindibles químicos para la industria de las medicinas, alimentos, gaseosas, jabones, papel, detergentes, cemento y pinturas.
Según datos de la Superintendencia de Sociedades, la firma se ubica en el lugar 128 de las 1.000 empresas más grandes de ese país.
Es considerada una de las ocho primeras de la región Caribe.
Su posicionamiento y confianza en la industria son avalados en 50 países quienes adquieren la materia prima producida para transformarla en soluciones de vida.
Esta empresa venezolana cuenta con muelles propios en Barranquilla, lo que facilita un menor costo de traslado a los compradores.
Trabaja con dos complejos petroquímicos: uno ubicado en la desembocadura del Río Grande de la Magdalena; y el otro en Buenaventura, el puerto colombiano líder en comercio exterior.
Según datos, buena parte de la seguridad alimentaria de los colombianos depende de esta empresa.
Ante el evidente asalto del régimen colombiano, el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal por graves delitos contra los intereses de la nación venezolana, relacionados con el llamado Caso Monómeros

Para esta investigación fueron designados dos fiscales nacionales para encargarse de la averiguación oficial, motivada a la Usurpación de Funciones, Conspiración, Hurto Calificado de Activos, Asociación para Delinquir y Traición a la Patria de Guaidó, quien “avaló” la confiscación de la empresa por parte del Gobierno de Iván Duque.

Por su parte, el Gobierno Bolivariano, liderado por el presidente de la República Nicolás Maduro, se mantiene firme en la defensa, la recuperación de los activos robados, ilegalmente expoliados o bloqueados; la delegación venezolana denunciará en la Mesa de México, la pretendida e infructuosa intención de Iván Duque de torpedear el diálogo entre el Gobierno Bolivariano y las oposiciones venezolanas.

VTV