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El primer juicio oral contra de la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, comenzará este jueves en la capital del país suramericano.
Se trata del juicio bautizado como Golpe de Estado II, y en el que Jeanine Áñez es acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al haber asumido la presidencia el 12 de noviembre de 2019 sin cumplir los requisitos institucionales necesarios.
La Fiscalía boliviana ha solicitado la pena máxima de 10 años contra la expresidenta de facto.
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De acuerdo a la Fiscalía, la exsenadora cometió varias faltas a la carta magna y a los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional antes de autoproclamarse como mandataria de facto el 12 de noviembre de 2019.
Tras el golpe de Estado a Evo Morales, la presidencia interina del país debía recaer en un legislador o legisladora del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), ya que tenían mayoría de escaños, y no en el bloque opositor del que Áñez formaba parte.
Durante el juicio también se analizará la participación de políticos, policías, militares y personas de la sociedad civil que colaboraron en la sucesión irregular de Jeanine Áñez.
Junto a la expresidenta de facto también serán juzgados el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; y los excomandantes Pastor Mendieta (Ejército), Gonzalo Terceros (Fuerza Aérea) y Palmiro Jarjury (Fuerzas Armadas).
A ellos se suman dos prófugos: el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.
Además de su participación en el derrocamiento de Morales y su anómala asunción como presidenta, Jeanine Áñez también sera investigada por otras causas por delitos de lesa humanidad referidas a las masacres de Sacaba y Senkata que dejaron un saldo de por lo menos 38 personas asesinadas y cientos más heridas.
En vísperas del proceso, Áñez inició una huelga de hambre como parte de su estrategia para dilatar el inicio del juicio oral.
El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Gualberto Arispe, calificó de inmediato la huelga de hambre como una acción política de victimización, cuyo objetivo es evitar el proceso judicial.
Telesur