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El 2020 será recordado por los daños ocasionados por la pandemia del coronavirus al mundo, pero, además, en Venezuela, el año que culmina tiene la impronta del saqueo a los recursos de todos los venezolanos por parte de la dirigencia de la extrema derecha del país, que entregó la soberanía de la Asamblea Nacional (AN) venezolana a los intereses de una potencia extranjera como EE.UU. y de Gobiernos neoliberales agrupados en el llamado Grupo de Lima.

Este grupo cartelizado se conformó luego que los Gobiernos de derecha en el continente fracasaran desde la OEA en su sistemático empeño de intervenir ilegalmente a Venezuela, hasta que la República Bolivariana decidió retirarse de ese “Ministerio de Colonias de EE.UU”.

Ante las derrotas consecutivas en el seno de ese órgano, pese a la obsesión de su secretario general, Luis Almagro, los países subalternos a EE.UU. decidieron en Lima, con el auspicio del entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aglutinarse en un supuesto foro democrático para “ayudar” a restablecer la democracia venezolana.

Todo tipo de tropelías, sabotajes, comunicados hostiles y agresiones disimuladas o abiertas contra Venezuela auparon desde este “foro” regional, que la Cancillería venezolana calificó como “Cártel de Lima” desde donde se generaba propaganda de guerra. Pero el grupete degeneró precipitadamente con la salida de varios países, cuando México, Argentina y Bolivia recuperaron los Gobiernos progresistas. Asimismo, varios mandatarios de derecha que conformaban el Cártel, fueron obligados a renunciar tras protestas populares, uno por uno, por estar incursos en violación de DD.HH., represión policial, corrupción y narcoparamilitarismo.
El último y más reciente intento del Cártel peruano -bajo órdenes del Gobierno de Donald Trump en EE.UU.- fue en septiembre, con una supuesta “Comisión Independiente de Hechos” de la ONU, que acusaba a Venezuela de delitos de lesa humanidad a través de un informe reciclado, amañado y falso.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desenmascaró esta fake news, cuando demostró que la pretendida comisión de la ONU no era tal, y denunció que estaba atada a Mike Pompeo. “Ni es independiente ni es de Naciones Unidas, es lo primero que tenemos que desenmascarar al mundo. El documento es dependiente de los Gobiernos de derecha que no reconocen y odian a Venezuela y vienen atacándonos. Es una comisión dependiente de Mike Pompeo y del Grupo de Lima”, acusó el Presidente de la República.

“Es un pretendido golpe infame y difamador del informe del Grupo de Lima que ha pretendido enmascararse con el nombre de Comisión Independiente”. “No es independiente, es una comisión y un informe politizado absolutamente envenenado”, explicó el 24 de septiembre, durante el acto de recibimiento, de parte del Poder Ciudadano, el contrainforme oficial La Verdad de Venezuela, en el que se detallan datos, nombres, hechos y registros absolutamente ciertos de la defensa de los DD.HH. en el país.

El documento-informe La Verdad de Venezuela contra la infamia. Datos y testimonios, fue entregado por el Estado venezolano a diversos organismos nacionales e internacionales, registra fehacientemente la cronología de atentados, ataques y víctimas de la violencia de la extrema derecha política a lo largo de este siglo XXI, que pretende ser silenciada por los Gobiernos subalternos a Estados Unidos (EE.UU) por parte de “expertos” pinochetistas que cobraron hasta 5 millones de dólares para acusar a la Patria de Bolívar como país violador de Derechos Humanos (DD.HH.).

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2015-2020: AN entregada a EE.UU.

La lista de agresiones, ataques, sabotajes y robo directo de los recursos de Venezuela, ordenado por el Gobierno de EE.UU. es harto conocido, que arreció desde la firma del llamado “Decreto de Obama” en 2015 y evidenció la descarada resurrección de la vieja Doctrina Monroe que ese país ha pretendido imponer históricamente a los países soberanos de América.

Curiosamente, en diciembre de 2015 la oposición gana electoralmente la mayoría de la AN, y a partir de 2016, como un moderno Caballo de Troya, abrió las puertas “oficialmente” a la injerencia a todo tipo de desmanes ilegales y criminales contra los venezolanos y venezolanas, incluidas las amenazas de invasiones militares, solicitadas, justificadas y aplaudidas por la derecha extremista criolla desde el Parlamento Nacional.

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No obstante, la crónica de la extrema derecha fracasada da cuenta de dos décadas ininterrumpidas de intentos desestabilizadores, golpes de Estado, guarimbas terroristas, asesinatos selectivos y hasta un magnicidio en grado de frustración.

Pese a todos los intentos de la dirigencia opositora, el 23 de enero de 2019 la extrema derecha política venezolana aplaudió en una plaza pública la autoproclamación de un usurpador de la presidencia de la República. En los meses siguientes, ese acto esquilmó miles de millones de dólares a los venezolanos, difundió mentiras sistemáticas a sus seguidores que comprendieron haber sido usados y manipulados, y finalmente sectores y diversos dirigentes de la propia derecha política denunciaron al autoproclamado por corrupción y se desligaron de su “gobierno interino”.

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Tras la implosión de la oposición, el autoproclamado y sus cómplices modifican el reglamento interno de la AN para que algunos de los diputados principales, prófugos de la justicia, puedan votar por Juan Guaidó, vía electrónica desde sus lugares de huida, pese a la oposición de la mayoría de los parlamentarios que anunciaban una votación para desalojar al autoproclamado de la directiva.

El 5 de enero de 2020, la oposición democrática desligada de Juan Guaidó designa legalmente una nueva jefatura en la AN en desacato, pero el usurpador a la cabeza decide “autoproclamarse” presidente del Parlamento, esta vez contra algunos de sus anteriores compañeros, además de ratificarse como mandatario nacional “interino” nuevamente. Todo esto se registró desde la sede de un periódico opositor, en un edificio totalmente extraño a las sedes del Parlamento venezolano y con una bandera que recordaba a la enseña colombiana.

El máximo tribunal actuó en consecuencia y reafirmó la sentencia de nulidad de todas las actuaciones realizadas a la fecha por cualquier directiva en desacato.

Autoproclamaciones exprés

Pero el autoproclamado eterno intentó en forma írrita, el 12 de diciembre, una “consulta pública” para extender indefinidamente el mandato popular de 2015. Se autoproclamó nuevamente como presidente del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo hasta nuevo aviso, mientras hace intentos desesperados para que sea reconocido por el nuevo Gobierno en EE.UU.

La conducta irregular del diputado saliente, calificada como ridícula por la mayoría del pueblo venezolano, fue la respuesta del usurpador de dos Poderes Públicos, a raíz de las elecciones parlamentarias del 6D, cuando más de 6 millones de electores acudieron a renovar la AN, con el Gran Polo Patriótico (GPP) obteniendo una aplastante victoria popular que le da la mayoría legislativa de 256 curules en el nuevo Parlamento Nacional que se instala el 5 de enero de 2021.

La derrota de Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre y el fracaso de su denuncia de fraude masivo en EE.UU., hace imposible que el mandatario saliente pueda hacer algo por su autoproclamado en Venezuela.

Pero, un último intento lo constituyó el curioso nombramiento en diciembre, de un nuevo “embajador” de EE.UU. para Venezuela, pese a la ruptura de relaciones diplomáticas debido a los intentos golpistas y antidemocráticos del Gobierno norteamericano.

Esta vez, a través de la juramentación virtual de James Story como presunto representante diplomático en Caracas, pero desde la azotea de un edificio en Bogotá, Colombia, y frente al prófugo Julio Borges, ceremonia que en las redes sociales igualaron a la “autoproclamación” presidencial de Guaidó en una plaza en Caracas.

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó este acto bufo como “derroche de obsesión imperialista”. El alto diplomático venezolano sentenció de forma contundente e histórica que “EE.UU. rompió el récord mundial del ridículo en diplomacia al juramentar a un embajador virtual”.

Demanda por crímenes de lesa humanidad contra los venezolanos:

En agosto de 2020, un sondeo nacional de Hinterlaces comprueba que más del 83% de los venezolanos manifiesta estar afectado por sanciones y medidas coercitivas de EE.UU. El estudio realizado entre junio y julio a más de 1.200 hogares venezolanos, devela la actual coyuntura de los ataques imperiales en plena pandemia del coronavirus. El 83% de los consultados definitivamente manifiesta que estas medidas afectan a todos los venezolanos, frente a 16% que cree que están dirigidos solamente a los funcionarios del Estado.

Asimismo, 81% está en desacuerdo con que Estados Unidos esté intentando aplicar las medidas coercitivas contra el Mandatario Nacional, mientras solo 17% está de acuerdo, frente a 1% que no contestó.
Y desde EE.UU., organizaciones norteamericanas publican sus propios estudios documentando el daño del bloqueo imperial, y señalan que las llamadas “sanciones” impuestas afectan no solo a las instituciones gubernamentales del Gobierno venezolano sino que “dañan de manera cruel” al pueblo venezolano.

El canciller Arreaza difundió los resultados de esos estudios publicados en octubre por la Organización No Gubernamental (ONG) estadounidense “Washington para Asuntos Latinoamericanos” (WOLA, por sus siglas inglés), la cual alertó que el mundo está en un momento crucial en la defensa de los derechos humanos, ante los abusos cometidos por la presidencia de Donald Trump.
“Las propias organizaciones de investigación de EE.UU. documentan y demuestran el sufrimiento que el bloqueo y sus sanciones ocasionan en el pueblo venezolano. Pruebas que sustentan la demanda de Venezuela contra funcionarios y funcionarias de Washington ante la Corte Penal Internacional”, difundió en su cuenta.

El 13 de febrero, Venezuela demanda a EE.UU. ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las criminales Medidas Coercitivas Unilaterales dictadas contra el pueblo de Venezuela.
El canciller Jorge Arreaza publicó el enlace ante la Fiscalía del organismo mundial para quien esté interesado en la querella la estudie a profundidad. (Descargue aquí la demanda que interpuso Venezuela ante la CPI).

El 15 de diciembre, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy  Rodríguez, mediante un mensaje difundido en sus cuentas de redes sociales, confirmó que el Gobierno Bolivariano del presidente constitucional, Nicolás Maduro, consignó suficientes pruebas, evidencias y testimonios de voceros oficiales de EE.UU. que sustentan la demanda que se mantiene en curso ante la CPI.
Por su parte, la Cancillería venezolana indicó que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, recibió el informe del fiscal General venezolano, Tarek Wilian Saab, como parte de la cooperación.

Bensouda publicó su informe anual sobre actividades de examen preliminar en el que puntualiza las actividades llevadas a cabo por la Fiscalía de la CPI durante el período del 6 de diciembre de 2019 al 14 de diciembre de 2020, en relación con diez situaciones en examen preliminar, entre ellas las remisiones del Estado Parte recibidas del Gobierno de Venezuela, y en la demanda contra funcionarios de EE.UU. por crímenes de lesa humanidad como resultado de las mal llamadas “sanciones”.

Sobre esta demanda, el presidente Maduro fue tajante: “Ante las medidas coercitivas y unilaterales del presidente Donald Trump, no nos quedó otra opción que buscar la justicia, fue nuestra opción, desde hace tiempo estábamos clamando por justicia”.

Ante periodistas del mundo durante una rueda de prensa realizada desde el Palacio de Miraflores, el Jefe de Estado puntualizó que Estados Unidos critica Gobiernos independientes del mundo y “hoy tenemos un debate mundial que se mueve entre las críticas y vulnera el derecho de los pueblos, por eso queremos que se imponga la justicia internacional en el siglo XXI”.

“Queremos justicia porque tenemos derecho al desarrollo internacional, vamos en la vía del derecho y por ello queremos que se tomen medidas punitivas contra los que han lanzado este conjunto de medidas a nuestro pueblo; no puede ser que el Gobierno de Trump persiga, ataque y prohíba la importación de insumos fundamentales para la vida. Esto es una guerra invisible que deja más heridos y muertos que los misiles, esto es una guerra económica estructural contra la sociedad venezolana”, denunció.

El 8 de diciembre, en una de las últimas ruedas de prensa del 2020 ante periodistas internacionales, el Jefe de Estado sentenció que la política de Donald Trump sobre Venezuela fracasó estrepitosamente.
“La política de Donald Trump sobre Venezuela fracasó estrepitosamente, ¿dónde está él? y ¿dónde estamos nosotros?, saquen las conclusiones… Ellos han subestimado al pueblo venezolano y su fortaleza; observen dónde están ahora Trump y Guaidó. No lograron sus objetivos de sacarnos de la paz”, resaltó en Miraflores.

Destacó que en estos últimos cuatro años se ha impuesto una visión extremista en lo ideológico, “tanto que llegaron a nombrar a otro presidente en Venezuela desde la casa Blanca, creyeron que los venezolanos iban a obedecer como que fuéramos una colonia. Venezuela ha mostrado a Donald Trump y a los extremista supremacistas de Washington que no somos, ni seremos jamás una colonia ‘yankee’, no somos colonia de nadie, no somos ni seremos jamás”.

El Dignatario reafirmó que siempre ha estado dispuesto a entablar relaciones de comunicación, diálogo y de respeto con cualquier gobernante de Estados Unidos. Ratificó que Venezuela y el Gobierno Bolivariano están abiertos al diálogo sincero y fraterno, pero con total respeto a la soberanía y autodeterminación.

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