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26.Jun.2015 / 02:48 pm / Haga un comentario

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) reiteró su respaldo al Gobierno de Ecuador y su presidente, Rafael Correa, ante los intentos de desestabilización promovidos por sectores de derecha en su país.

Embajadores de Cuba, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y Granadinas, Antigua y Barbuda, Venezuela y Ecuador sostuvieron una reunión extraordinaria en La Habana, donde emitieron un comunicado de respaldo a la Revolución Ciudadana.

Dicho documento insta a respetar las decisiones del Gobierno ecuatoriano, en respeto a los principios de soberanía y autodeterminación, en rechazo a cualquier intento de intervención extranjera.

“Los asuntos internos de cada país, como han manifestado nuestros jefes de Estado y de Gobierno, corresponden estrictamente a cada Estado; sin ningún tipo de intromisión externa”, señala un fragmento del texto.

A su vez ratificaron la declaración de América Latina y Caribe como Zona de paz, realizada desde La Habana por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) en enero del 2014.

“Nuestro compromiso permanente con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región”, señala el comunicado.

De igual forma la ALBA recordó el compromiso de Latinoamérica con el derecho de cada Estado a determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, como base de la convivencia pacífica entre las naciones.

El pasado 15 de junio el mandatario suramericano anunció el retiro temporal de la Ley de Redistribución de la Riqueza y Plusvalías, en el marco de la visita del Papa Francisco, para evitar más actos de violencia de la derecha de Ecuador. La Ley de Herencia fue la principal excusa de la derecha para realizar protestas violentas y asediar la sede del partido gobernante Alianza País. Esta ley establece un impuesto de 2,5 por ciento para herencias entre 35 mil 400 a 70 mil 800 dólares, que se aplicaría sólo al 2 por ciento de la población de Ecuador.

teleSUR

 

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