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Agentes de la derecha nacional desde el extranjero recurren a mecanismos carentes de sustento jurídico, de acuerdo con el ordenamiento legal venezolano, para avivar la campaña contra Venezuela destinada a justificar una intervención extranjera.
En esa línea se inscriben las acciones de un grupo de abogados prófugos de la justicia venezolana que se arroga la potestades del Poder Judicial para realizar un antejuicio de mérito contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro, acción jurídica que no prosperaría en el plano interno porque existe un Tribunal Supremo de Justicia, presidido por el magistrado Maikel Moreno, reconocido por el resto de los Poderes Públicos y que también ha sido objeto de sanciones impuestas contra el país.
Las actuaciones de los falsos magistrados, «lejos de la diatriba política, representan una amenaza para la administración de justicia global, violando principios del Derecho recogidos en distintos instrumentos legales», aseveró Moreno en su cuenta de Twitter.
Pese a no aplicarse en el contexto nacional, el pretendido antejuicio de mérito será discutido en la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), instancia en desacato del ordenamiento jurídico, a través de la promoción que le dará el partido de extrema derecha Voluntad Popular (VP).
Esta organización política manifestó su intención de «impulsar la autorización de continuidad del enjuiciamiento a Nicolás Maduro hasta alcanzar sentencia definitiva», reza un comunicado emitido este martes.
La medida que surgió ante el impulso de quien fuera la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ocurre en vísperas de la Cumbre de las Américas, evento que se realizará entre el 13 y 14 de abril en Lima, Perú.
En este escenario, la derecha apostará por la profundización de falsos positivos y matrices negativas contra el Ejecutivo Nacional, replicando el accionar que emprendieran en la 138º Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), instancia en la que resultaron derrotados por la poca veracidad de los argumentos presentados por la delegación asistente.
En aquella oportunidad, la representación de la AN en desacato, encabezada por la presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, intentó introducir una moción contra Venezuela con el objetivo de generar mayores sanciones al argumentar la presunta existencia de un Estado fallido, ausencia de democracia y no separación de poderes.
El documento no superó la primera ronda de discusión realizada en el seno del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (Grulac) al contar con la negativa de delegaciones como Argentina y Panamá que, aunque adversas al Gobierno Bolivariano, votaron por la no intromisión en los asuntos internos de Venezuela.
Ahora, en aras de revertir la derrota sufrida, Solórzano asistirá en «representación» de Venezuela a la cumbre que se desarrollará en Lima, donde no estará el presidente Maduro por decisión propia y tampoco acudirá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
AVN