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ABN.- En el caso del alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, existe un hecho de corrupción suficientemente respaldado por expedientes y si está en Venezuela debe salir a ocupar su cargo y dar la cara ante la justicia, aseveró el ministro del Poder Popular para la Información y Comunicación, Jesse Chacón.
En rueda de prensa realizada este martes, el ministro señaló que la "pregunta es si (Rosales) está en Venezuela, por qué no sale y le da la cara al país y asume el discurso que ha mantenido siempre, porque ahí se han presentado una serie de hechos que están contenidos en un expediente, de casas, haciendas y centros comerciales que están a su nombre y de sus familiares y el problema no es que se acuse sino que se defienda y diga que eso no es así".
Manifestó que en "todas las encuestas se evidencia que los venezolanos desean que se acabe la corrupción, pero si politizamos una investigación, la corrupción nunca se va a acabar, la pregunta es si existen o no suficientes indicios para llevar adelante una indagatoria y en el caso de Rosales se sabe que los hay".
Agregó que a Rosales le corresponde hacer frente al juicio y demostrar allí que lo que se le está imputando es falso. Por el contrario, "ahora lo quieren victimizar diciendo que es la esperanza blanca de la oposición, y creo que no le hace ningún favor a la democracia y al país que la gente no dé la cara ante una acusación".
Sin embargo, Chacón resaltó que esta conducta no es sorpresiva, pues "la oposición siempre se ha comportado así. Eso mismo se pudo ver con el golpe de Estado del 11 de abril de 2002; el día 12 salieron todos por los medios de comunicación, todos habían participado en el golpe, pero el 14 nadie habló, aquí no hubo ningún golpe de Estado y los venezolanos tuvimos 48 horas de locura. No hubo medios, militares ni políticos golpistas".
Contra el alcalde de Maracaibo y ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, la Fiscalía General de la República abrió una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, a la par que se solicitó dictar una medida privativa de libertad.
La imputación contra Rosales, efectuada el pasado 11 de diciembre de 2008, parte de un informe presentado por la Contraloría General de la República el 19 de julio de 2007, luego de una investigación realizada por esa institución, entre 2002 y 2004, a su declaración jurada de patrimonio.
Dicho informe, remitido al Ministerio Público el 14 de agosto de 2007, concluye que el entonces gobernador del estado Zulia registró fondos que no pudo justificar ante el órgano contralor.
En diciembre pasado, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional determinó responsabilidad política para Rosales por irregularidades en la contratación de una operadora de la Lotería del Zulia. Esta sanción política obedeció al conjunto de denuncias presentadas ante el Parlamento por los legisladores nacionales y regionales.
En dicho informe se desprendió el tráfico de influencia y concierto con intermediarios.
Entre otras denuncias que se presentaron contra Rosales el año pasado se menciona que cedió una concesión de más de 300 vehículos en condición de donaciones. Sin embargo, estos automóviles fueron utilizados para actividades privadas. Uno de los vehículos fue entregado al actual director de la Policía Regional, comisario Jesús Cubillán.
Por su parte, el diputado por el bloque zuliano Mario Isea precisó en su oportunidad que Rosales constituyó empresas en Miami, Estados Unidos, cuyos activos superan los 11 millones de dólares.