Prensa PSUV/ VTV.- El asesinato de nueve dirigentes sociales, hecho conocido como la Masacre de Yumare, ocurrida el 8 de mayo de 1986 en el caserío La Vaca, municipio Bolívar del estado Yaracuy, está viendo luces 23 años después, ya que el Gobierno Bolivariano está trabajando para marcar con ello un precedente en la justicia y en la lucha contra la impunidad.

De esta masacre han sido responsabilizados efectivos de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), dirigidos por el ex comisario Henry López Sisco, quien está prófugo de la justicia venezolana y permanece en Costa Rica.

Este martes los familiares recibieron los restos de las personas que resultaron masacradas en esa fecha. El acto se llevó a cabo en la medicatura forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Los Chaguaramos, en Caracas. Los restos pertenecen a los ciudadanos Luis Guzmán Green, Pedro Jiménez, Ramón Quevedo, Alfredo Caicedo, José Rosendo Silva y Nelson Castellano.

Rangel: Los hijos ideológicos de represores del pasado
se presentan como defensores de derechos humanos

Uno de los ponentes fue el periodista José Vicente Rangel, quien fue uno de los parlamentarios venezolanos de la época que luchó al lado de los familiares de las víctimas para solicitar justicia, explicó que la represión del Estado durante las cuatro décadas de la época "democrática" puntofijista, es un pasado que estableció la impunidad en Venezuela.

"Hay que contrastar el pasado ominoso de la Cuarta República, las masacres de entonces: Cantaura, Yumare, Caño Las Coloradas, las desaparición de centenares de compatriotas, las torturas de miles de venezolanos, los campos antiguerrilleros, los centros de concentración, como Isla del Burro, entre otros, donde se trató de humillar la condición del venezolano, ese pasado hay que contrastarlo con lo que hoy vivimos".

"Resulta que los hijos y nietos, políticos e ideológicos, de los fascistas, de los represores del pasado, de quienes dieron muerte a miles de venezolanos; los masacradores de entonces, hoy en día tratan de presentarse como defensores de los derechos Humanos. Es algo que no podemos aceptar quienes siempre hemos defendido los DDHH y la justicia. La impostura que encarnan, la manera como se burlan, es algo que el país repudia".

Dijo Rangel que una de las maneras de repudiar semejante temeridad es el acto que la Fiscalía realizaba en este momento. "Por lo demás es histórico, porque es la primera vez en la historia republicana de Venezuela, que se rescata la memoria de gente que fue masacrada y victimada como en Yumare".

Advirtió que todo el proceso investigativo para dar con los restos de los asesinados y entregárselos a sus familiares fue la voluntad de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, para rescatar la lucha por la dignidad de estos seres humanos y destruir la impunidad con la cual los gobiernos puntofijistas cubrieron estas violaciones a los DDHH.

"Se le está poniendo cese a la impunidad, del pasado y presente", dijo Rangel. "Es un acto simbólico, pero real, concreto, porque es el rescate de la dignidad y reivindicación de los insignes luchadores democráticos, revolucionarios que fueron masacrados por la represión bentancurista y puntofijista". Dijo que el sacrificio de quienes murieron resistiendo al régimen asesino de la llamada "democracia representativa" no fue un acto inútil, pues están siendo reivindicados.

Lucha contra la impunidad

El coordinador de la sesión de víctimas y familiares de Yumare, Luis Machado, expresó que "este es el comienzo de la lucha contra la impunidad por parte de los órganos de la justicia venezolana para que no queden sin castigar estos crímenes y también pedimos se extradite a (Henry) López Sisco, quien está en Costa Rica, para que sea juzgado en Venezuela".

Machado espera que las acciones adelantadas en este caso sean el comienzo para que se investiguen y se castiguen a los responsables por los otros hechos similares, entre ellos el de Cantaura, la masacre de La Victoria y otros delitos más cometidos en los gobiernos de la cuarta República.

Asimismo, agregó que también espera la acusación de otros funcionarios por su participación en este lamentable hecho, en el cual perecieron dirigentes sociales. Machado indicó que los cuerpos de estas personas tenían dos años en la medicatura forense, donde les hicieron todos los exámenes de rigor y sólo esperaban esos resultados para que la Fiscalía General de la República abriera los expedientes y los entregaran a sus familiares.

‘Hace dos semanas nos reunimos con la fiscal (Luisa Ortega Díaz) para solicitarle que acelerara la entrega de los restos y la semana pasada nos dieron el oficio para poder hacerlo’, explicó. Recordó que nueve personas perdieron la vida en esa ocasión. Son ellos Ronald Morao, Dilia Rojas, Simón Romero, Luis Guzmán Green, Pedro Jiménez, Ramón Quevedo, Alfredo Caicedo, José Rosendo Silva y Nelson Castellano.

El representante de las víctimas señaló que ya sepultaron a Rojas y Romero en el estado Yaracuy, mientras los restos de Morao recibieron cristiana sepultura en Güiria, estado Sucre. Machado hizo un llamado a las instituciones del Estado que aún tienen una deuda con el movimiento popular, ya que los venezolanos han sufrido muchas pérdidas humanas y sus responsables todavía están libres.

"No pudimos alzar la voz en otros gobiernos"

"En los gobiernos adecos-copeyanos fue imposible que nosotros alzáramos la voz", dijo Gladys de Castellanos, viuda de Nelson Castellanos, uno de los venezolanos asesinados en mayo de 1986. Dijo que todos los habitantes de Venezuela somos sobrevivientes de 40 años de masacres de gobiernos adecos-copeyanos, y agradeció al Gobierno Bolivariano por cuanto se está comenzando a hacer justicia.

Recordó que ella, con su esposo muerto y desaparecido, así como miles de familias que pasaron por el mismo drama, sólo tenían la opción de llorar a sus seres queridos en silencio. "En ese momento no había quién respondiera, sino llorarlos calladamente. Quienes pudieron enterrar los cuerpos, tenían que hacerlo en silencio. "Todos somos sobrevivientes de las masacres de 40 años. No solo los sobrevivientes de Yumare, sino todas las masacres, por la arremetida de esos gobiernos fascistas, salvajes, genocidas".

"Con la persecución de esos gobiernos, fue imposible que nosotros alzáramos la voz…Si en 10 años no hemos logrado lo que queremos, hemos avanzado. Por eso damos las gracias a este gobierno Bolivariano y a los compañeros sobrevivientes".

"Pero tenemos 10 años en el gobierno y no puede haber mas impunidad…", exigió la viuda, al recordar a Henry López Sisco, quien fue funcionario del Gobernador del Zulia, Manuel Rosales, y hoy se encuentra en Costa Rica, además de denunciar que otros participantes en las masacres están escondidos en las estructuras del Estado venezolano, haciéndose pasar por revolucionarios para evitar la acción de la justicia.

Familiares deben continuar unidos

Por su parte, Ángel Silva, familiar de José Silva, uno de los fallecidos, manifestó su agradecimiento al "Gobierno bolivariano por haber desengavetado este caso que los mandatarios anteriores no permitieron que saliera a flote".

También el hermano de Silva, Rodolfo Silva, acotó que "al final del túnel vemos una luz de que si se hará justicia y que este caso no quedará impune, a pesar de que se tiene 23 años luchando para que se haga justicia".

Además, precisó que todos los familiares deben continuar unidos para seguir exigiendo que se aplique la justicia a todos aquellos que participaron en esta cruel matanza.

El día de la masacre de Yumare, ocurrida hace 20 años, ejecutaron a nueve personas, entre ellas una mujer, a quienes los efectivos hicieron pasar por grupos paramilitares que operaban en la zona de La Vaca, municipio Bolívar del estado Yaracuy. López Sisco, acusado por el Ministerio Público por el presunto delito de homicidio culposo, fue comisario de la Disip para el momento de la masacre y hasta hace poco fungió como asesor de seguridad del Gobierno opositor del ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales.

Veintinueve imputados, hasta ahora

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que su despacho tiene hasta el momento imputadas a 29 personas vinculadas directamente a los asesinatos de Yumare. Dijo que tras los actos conclusivos de las investigaciones, se logró una acusación contra el ex comisario Henry López Sisco, quien está prófugo en Costa Rica, y para quien se pidió una orden de extradición al Tribunal Supremo de Justicia, "Estamos a la espera que el Tribunal se pronuncie, y libramos orden de captura contra otras personas. Estamos a la espera", dijo la Fiscal.

Adelantó que próximamente el Ministerio Público presentará otros actos conclusivos, y señaló que su despacho espera que las personas que se imputen acudan voluntariamente a los tribunales, porque, de lo contrario, el organismo aplicará los mecanismos coercitivos para que se logre estos objetivos.