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El Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), en el marco de su política intervencionista, ha decretado en forma arbitraria un total de 22 sanciones contra Venezuela desde 2014, medidas que atentan contra los derechos humanos de la población nacional.
Desde el año 2014 hasta marzo de 2019 Venezuela ha sido objeto de 35 medidas coercitivas unilaterales por parte de EE.UU, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea (UE), Suiza, el denominado Grupo de Lima y Panamá, concluyó un estudio elaborado por la asociación civil Sures.
Estas medidas “vulneran directamente los derechos humanos de las personas que habitan en su territorio, entre otras, porque obstaculizan e impiden al Estado garantizarlos y protegerlos, al tiempo que afectan negativamente el desarrollo económico y social”, afirmó el organismo humanitario venezolano.
El informe subrayó que el impacto “más grave” se da contra los derechos a la vida, la integridad personal y la alimentación del pueblo venezolano.
Sures relacionó que desde la convocatoria, elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, en 2017, las sanciones y el bloqueo económico se incrementaron.
El estudio desglosó que el 63 por ciento de las medidas coercitivas unilaterales han sido impuestas por el EE.UU; totalizando 22 sanciones desde el año 2014. En segundo lugar, la Unión Europea ha aplicado cuatro sanciones, lo que representa 11 por ciento.
ONU reconoce efectos negativos de medidas coercitivas
El análisis de Sures se divulgó en coincidencia con la aprobación de una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que expone los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales contra las poblaciones.
La resolución presentada por Venezuela en nombre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), y aprobada ayer jueves con 27 votos a favor, cinco abstenciones y 15 en contra, fue calificada por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, como «otra gran victoria del multilateralismo y la diplomacia de paz».
El Gobierno Bolivariano lleva a cabo una batalla diplomática contra las medidas coercitivas aplicadas por Estados Unidos y sus Gobiernos aliados que perjudican la economía del país suramericano.
Estados Unidos pretende aumentar la presión a través de «sanciones» lo que perjudica al pueblo venezolano y luego pretende justificar una salida forzada del Gobierno del presidente Nicolás Maduro por supuestamente ser el responsable de una «crisis humanitaria» en Venezuela.
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