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¡Un saludo revolucionario, estimados camaradas! Hoy vengo repotenciado. Resulta que, al comenzar a investigar sobre la Corpocracia estadounidense, me quedé intrigado sobre cómo este pulpo opera con sus tentáculos desde adentro del sistema. Y resultó ser algo bastante interesante para profundizar un poco en ello.

Por una parte leí en el artículo: Más poder para las corporaciones. Democracia y financiamiento electoral, que el ex presidente Obama, en su momento, tuvo como uno de sus planes “concretar un programa de seguridad social administrado por el gobierno para los millones de estadounidenses que no podían pagar un seguro de salud privado” -francamente no lo recordaba, pero pienso que habría sido algo muy esperado por el maltratado pueblo estadounidense-; sin embargo, resulta que en lugar de enfocarse en que se concretara esa agenda progresista “se dejó convencer para continuar, e incluso profundizar, el compromiso estadounidense con la guerra en Afganistán”. Obviamente quién anda pendiente de emplear las armas, no va a tener su mente en mejorar la salud de nadie y es que en EEUU siempre ha importado más su principal negocio (la guerra) por encima del bienestar de la gente.

Por otra parte, en ese artículo se alegaba la: “incapacidad [de Obama] para detener o incluso disminuir el crecimiento del formidable poder político de las corporaciones más grandes de EEUU y de un puñado de ciudadanos súper ricos”. Esto quizás nos sirva para comprender un poco más las dimensiones del poder del entramado Corporativo que existe en la actualidad, donde ¡ni el propio presidente de su país pudo ejercer acciones necesarias!
Visto lo anterior, me pareció apropiado contrastarlo con otro artículo y seleccioné: Citizens United y la financiación de las Campañas Electorales en el Derecho Norteamericano, del cual anexo a continuación el resumen. Infiero que aquí se sintetiza perfectamente el tema, además de darnos una visión de lo que ha venido sucediendo con la “democracia” estadounidense en la actualidad:Con la sentencia de la Corte Suprema norteamericana, pronunciada en el Caso Citizens United v. Federal Electoral Commission, de febrero de 2010, el Tribunal Supremo Norteamericano ha revocado un fallo que desde hacía veinte años imponía límites y restringía la capacidad de las empresas y los sindicatos para financiar las campañas electorales de los partidos políticos en las elecciones federales. Esta reñidísima decisión del Supremo intérprete de la Constitución estadounidense, ha supuesto una auténtica convulsión en materia electoral en los Estados Unidos pues anula el fallo emitido veinte años atrás en el Caso Austin v. Cámara de Comercio de Michigan, según el cual, las empresas podían ver limitado el uso de sus fondos con fines políticos para evitar los riesgos de corrupción. Citizens ofrece una visión absolutista de la Primera Enmienda de la Constitución que permite a las empresas gastar sumas ilimitadas de dinero de manera independiente para apoyar u oponerse a candidatos para el cargo, dando carta blanca a la desregularización de la financiación de las campañas electorales y permitiendo las contribuciones opacas de las empresas sin límite de ningún tipo.

En otras palabras, en el año 2010, La Corte Suprema en los EEUU, dictaminó que se podían eliminar esas restricciones existentes para las Corporaciones. Ahora podían decidir con total libertad cuánto dinero gastar en publicidad electoral a favor –o en contra- de quienes prefirieran. De esta manera, las corporaciones le podrán decir a su pueblo por quién deben votar. Yo me preguntaba ¿cómo es que las empresas pueden hacer semejante cosa si existía un nivel de legalidad bastante claro al respecto? Muy sencillo. Podremos ver qué fue lo que se ingeniaron con el siguiente párrafo…
La sentencia de la Corte Suprema norteamericana, pronunciada en el Caso Citizens United v. Federal Electoral Commission, de febrero de 2010, abrió la puerta de las campañas electorales estadounidenses a donaciones ilimitadas de individuos, empresas y sindicatos a través de la creación de grupos paralelos a las campañas de los candidatos, llamados super comités de acción política o Super PACs. [Negritas mías]
Hay que ver la repercusión que tiene todo esto. A mi entender, se les ocurrió crear una especie de organizaciones que pudieran recibir el dinero destinado a las campañas a modo de donaciones. Si bien ya esto genera suspicacia, lo es aún más el hecho de recordar que, las Corporaciones no son personas (aunque éstas las manejen) se trata de grupos empresariales que tienen intereses particulares bien definidos (capitalistas, por supuesto) y como sabemos, el objetivo de las empresas es acumular dinero para sus fines… entonces, ¿cuál sería el objetivo al patrocinar (si, leyeron bien) patrocinar a un candidato presidencial? Dado que, un proceso electoral debería darse donde las personas elijan democráticamente al mejor gobernante que proponga un plan responsable que brinde a sus ciudadanos estabilidad laboral, salud, seguridad, ambiente sano, recursos suficientes, agua limpia, educación pública, etc., podemos darnos cuenta de que ninguno de esos aspectos son precisamente de interés de las mismas. Algunos empresarios puede que por obligación de “responsabilidad empresarial” realice uno que otro aporte a alguna causa, pero no es el común denominador. Un empresario –imagine usted muchos de ellos agrupados- siempre van a querer más y más empresas que re-produzcan su dinero, no precisamente enfocarse en mejorar la vida de los demás.

De esta manera, lo acontecido es que este entramado llamado Corpocracia, de forma insólita, logró vincular ciertos principios inherentes a la democracia como “igualdad en la participación de los individuos en la vida pública o en la libertad de expresión” para que se aceptara que poner límites a la parte financiera de las campañas era lo inadecuado. Pero y ¿cómo va a haber igualdad entre todos los candidatos, si detrás del candidato patrocinado está un tremendo músculo financiero apoyándole sin límites? ¿Cómo puede un candidato modesto “de a pie” competir con otro ante semejante situación?
Este asunto parece que cada vez se pondrá más rudo si analizamos las motivaciones de fondo:
Estas fuerzas están invirtiendo millones de dólares en intentos de desmantelar la red de seguridad social que los progresistas crearon en las décadas de 1960 y 1970, hacer retroceder o eliminar las leyes de aire y agua limpios, proteger a los bancos y al sector financiero de una regulación sensata y reducir los impuestos que recaen sobre las corporaciones y los ricos.

Lo que sucedió fue que, luego del mediático caso Watergate -se trató de una campaña masiva de espionaje político y sabotaje donde se vio involucrado el presidente Nixon y hasta la actualidad se considera repleto de cabos sueltos siendo “la comida” de teorías conspiranoícas-, los estadounidenses no volvieron a confiar en el sistema, por lo que, se impusieron medidas para intentar evitar la corrupción, como puede leerse a continuación:
En la década de 1970, tras el escándalo del Watergate y el abuso del dinero de campaña que acompañó el caso, EEUU adoptó un sistema de uso de fondos públicos para pagar las elecciones presidenciales. Y, al aceptar ese dinero, los candidatos acordaron acatar límites en sus gastos.

Claro está que, al haberse limitado sus acciones, las Corporaciones iban a buscar la manera de evadirlas, especialmente porque no tenían muchas opciones. Sólo hay dos maneras de financiar las campañas electorales en Estados Unidos: La primera, bajo las normas que lo regulan, que se aplican a los candidatos y no a sus partidos políticos; la segunda, que si bien existen fuentes de financiación pública y privada, paradójicamente, éstas últimas han integrado la primordial fuente de ingresos de los candidatos. Se mencionó que, en su momento, la recaudación privada que tuvo Obama fue exorbitante: “US$ 750 millones de dólares provenientes de individuos y grupos contribuyentes” siendo el primer candidato que rechazó los fondos públicos. En el siguiente párrafo puede apreciarse como funcionaron eficazmente las acciones “tentaculares” del pulpo de la Corpocracia, cuando la Corte Suprema norteamericana ya había levantado las limitaciones:
Aproximadamente la mitad de esas contribuciones fueron hechas a través de comités políticos de creación reciente, que no forman parte de ningún partido político y a los que se les permite ocultar la identidad de sus contribuyentes. La ley de EEUU sigue prohibiendo las contribuciones directas de las empresas a los candidatos, pero permite donaciones ilimitadas a estos nuevos grupos. [Negritas mías]

Al respecto, es importante destacar que existen cuatro fuentes de financiación privada: las cuotas de los afiliados a los partidos políticos (fuente de ingresos menor); las donaciones a los candidatos o a los partidos (la principal fuente de ingresos); los fondos personales del candidato; y los «gastos independientes» -independent expenditures-, los cuales se tratan de donaciones que realizan las personas particulares para sufragar actividades de propaganda electoral de un determinado candidato y que se hacen independientemente de su campaña (y sin el conocimiento del candidato) pues se exige a los donantes dejar por escrito si el gasto fue realizado a favor o en contra del candidato y exponer que éste no tenía conocimiento de la donación.

En cambio, quienes optaran por el financiamiento público contaban únicamente con algunos aportes de los impuestos de los contribuyentes cuando éstos realizaran su declaración de impuestos sobre la renta. Estos aportes al fondo público si son decididos por los ciudadanos. Entonces, la legislación norteamericana expone que los candidatos no pueden gastar más de cuanto reciben del Fondo, recibir contribuciones privadas ni utilizar fondos personales en cantidades superiores a 50.000 dólares. Además, se debe mantener la contabilidad de los gastos realizados autorizando a la Federal Electoral Commission (FEC) para que realice las operaciones requeridas de supervisión. Y, en caso de haber irregularidades que atenten contra la Ley, el candidato debe devolver los fondos recibidos en la cantidad fijada por la FEC.

Ahora bien, hay que aclarar que, esta situación legal de la Corte Suprema comenzó con el caso Buckley v. Valeo de 1976, ley con la que el Congreso Federal trató de limitar la influencia corruptiva del dinero en las elecciones federales después del escándalo del Watergate, donde se restringía las contribuciones directas a favor de candidatos y partidos políticos y del dinero que éstos podían gastar (lo realizaron a través de las enmiendas introducidas en su texto en el año 1974); quienes demandaban alegaron que esas restricciones atentaban con la libertad de expresión al imponer límites a los gastos de campaña de los candidatos (fueran éstas realizadas con fondos personales del candidato, con fondos totales de campaña o de grupos independientes), pues se violentaba la Primera Enmienda Constitucional.

Seguidamente, es conveniente analizar las repercusiones. Estos demandantes se trata de empresas y lo que peleaban era tener los mismos derechos que las personas -sí, leyeron bien- querían tener los mismos derechos que la gente. ¡Otra estrategia para evadir el proceso democrático! Sin ser abogado, me pregunté ¿cómo van a tener los mismos derechos que las personas, cuando, por ejemplo, las corporaciones se manejan por medio de acciones y tienen una finalidad económica? Asimismo, cada vez que han tenido alguna situación incómoda sencillamente recurren a culpar a la empresa. Bueno, por muy bizarro que esto luzca, por medio de ese alegato, fue que 5 miembros de la Corte Suprema dictaminaron que era inconstitucional poner límites al dinero que las corporaciones podían gastar para influir las elecciones:
Cabe destacar que en Belloti el Juez Powell, autor de la opinión del Tribunal, afirmó que una empresa mercantil -corporation- es una persona a los efectos constitucionales y que, por lo tanto, debe ser tratada igual que cualquier otra persona natural cuando se planteen problemas relativos a la Primera Enmienda: «El valor inherente de la libre expresión en términos de su capacidad para informar al público no depende de la identidad de su fuente, de si se trata de una sociedad anónima, de una asociación, de una unión o de un individuo». [Negritas mías]
Según un video documental del seriado: La historia de las cosas, un 85% de estadounidenses quedó en un estado de molestia generalizada luego de esa sentencia pues perciben como cada vez más las corporaciones se adueñan de todo, ahora hasta de su voz y voto, exponiendo una alarmante cifra: ¡53 de las 100 economías más grandes de la tierra ahora son corporaciones! Por supuesto, les será fácil esquivar cualquier daño que produzcan si se les otorga aún más poder, por ello, no les conviene que los Estados les coloquen restricciones. Para nuestro análisis de hoy, a continuación algunas frases del contenido del video…
Si, estas corporaciones están manejadas por personas, pero sus motivaciones humanas están en segundo lugar… Las corporaciones tienen un motivo de ganancias decidido… Las corporaciones que cotizan en la Bolsa ahora están obligadas, por ley y por los mercados, a seguir una sola motivación por encima de todas las otras: Maximizar el valor para los accionistas: hacer tanto dinero como sea posible. Si queremos que [los accionistas] trabajen para nosotros y no al revés, ellos necesitan algunas reglas básicas. Y ahí es cuando el gobierno entra estableciendo reglas para mantener las cosas justas y seguras y proteger la sociedad de que las corporaciones se vuelvan locas… ¿Tú crees que las corporaciones están contentas de seguir las reglas que las mantienen controladas? No, claro que no. Ellas quieren escribir esas reglas… Eso hace que sea difícil compartir un país con ellos… Esto es una democracia, tú sabes, regida por la gente… Yo soy una persona, tú eres una persona, ¿y Chevron? ¿Por qué están las corporaciones diciéndonos por quién votar? [Negritas mías]
Prospectivamente se puede inferir como el objetivo de las corporaciones no es otro que, como se dice manera coloquial “meter la mano en la olla donde se esté haciendo el caldo” o lo que es lo mismo, patrocinar a quien hará las leyes para luego poder dominarle en su beneficio. Ya hemos visto hasta el cansancio cómo operan los lobbies de estas corporaciones internacionalmente, cuando compañías petroleras han logrado que los políticos bloqueen leyes de protección de nuestro clima, cuando algunos fabricantes han presionado para obviar la seguridad requerida de los productos a través de acuerdos de comercio, al haber consultado a compañías de seguros respecto a reformas en el área de la salud, incluso al intentar realizar experimentos científicos con seres humanos o todas las veces que se ha pretendido invadir nuestra privacidad a través de las Redes Sociales, entre muchos otros casos. Entonces, ¿de verdad debemos permitir que las corporaciones tengan semejante nivel de poder para actuar con total libertad?
Lo que veo es: ¡Una democracia en crisis!
Debemos estar muy pero muy atentos, camaradas, porque lo que viene es una guerra, sí, pero entre corporaciones.

¡Hasta el próximo artículo!

Freddy J. Gutiérrez González