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El diputado Orlando Zambrano (PSUV-Apure), estima que el cierre de la frontera en el estado Táchira, es una atribución Constitucional del presidente Nicolás Maduro, “para reducir los índices de contrabando y presencia de grupos paramilitares en territorio venezolano”.
Expresó que luego, de la acción emprendidas por algunos paramilitares, de atacar a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), queda claramente evidenciado, que “el paramilitarismo, el contrabando y el narcotráfico, están estrechamente ligados”.
El parlamentario apureño, aseguró que esas acciones y operaciones, son dirigidas desde el Departamento de Santander, Cúcuta, Colombia, por el ex presidente Álvaro Uribe”.
Comentó que ante esta situación, inmediatamente, el Gobierno Nacional, toma esta decisión, salen los voceros del paramilitarismo, encabezado por “Uribe Vélez”, a decir que se trata de una acción que va contra los derechos humanos.
“En muchas oportunidades, hemos demostrado, la vinculación que tiene Uribe con el paramilitarismo, dicho por los mismos mandos paramilitares, como lo señala la declaración ofrecida por Jorge Cuarenta, uno de los altos mando de esos grupos, y que actualmente está siendo sentenciado”, aseveró.
El diputado Zambrano, sostuvo que ese alto jefe colombiano, dijo en el año 2001, que hubo un pacto entre senadores del vecino país con el partido de Uribe, gobernadores, alcaldes y jefes para militares.
“Esas acciones que vienen haciendo en la zona fronteriza, está dirigida por paramilitares. El año 2006, cuando se inició el proceso de desmovililización, esos mando militares, se ubicaron entre la frontera del Táchira y la frontera del Zulia, para desde allí, dirigir acciones contra Venezuela”, afirmó el asambleísta.
Igualmente, manifestó que “Julito Vélez” involucrado en el asesinato do Robert Serra, es una de las piezas que controla las mafias cambiarias que existen en las zonas fronterizas.
“Julito” Vélez, es hombre de confianza del ex presidente Uribe. Cuando uno, comienza a dibujar este escenario, queda claramente evidenciado, que desde Colombia, la burguesía de esa nación, que encabeza Uribe, tiene un plan contra la Revolución Bolivariana”, argumentó.
En cuanto al Estado de Excepción, en algunos municipios de la región, comentó que en este caso, son políticas-planes, que están en el marco de la Constitución. “Eso nos motiva a nosotros a impulsar una política Revolucionaria en la frontera”.
Explicó que la política Revolucionaria, lleva por un lado, el componente económico, de ejercer controles en la zona de fronteras para tratar de reducir las mafias, así como afianzar el nivel de organización del pueblo y de las instancias de participación popular y cívico-militar.
Prensa AN