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El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) rechazó el jueves la intromisión e injerencia de la Corte Suprema de Chile, que emitió un comunicado en el que cuestiona las decisiones soberanas tomadas por el máximo tribunal del país, lo que representa una violación al derecho internacional.
La misiva publicada por la institución judicial chilena el pasado miércoles 18 insta a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) a actuar en Venezuela y a que defienda los derechos de los dirigentes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, a quienes, supuestamente, el Estado venezolano viola sus derechos.
“Venezuela exige respeto a las decisiones soberanas emanadas de las instituciones que conforman el Poder Público en la misma medida en que nuestro país lo hace en todos los ámbitos de su actuación, respetando la gestión judicial de otros países en virtud del pleno conocimiento del contenido del Derecho Internacional”, expresó la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, cita un boletín de prensa de la institución.
El pronunciamiento de la Corte Suprema de Chile se realizó tras las denuncias promovidas por los familiares de López y Ceballos, a quienes supuestamente el Estado no vela por sus derechos, como parte de una campaña mediática internacional emprendida para desprestigiar en el exterior al Gobierno nacional.
“Se rechaza por igual la ofensa a la institucionalidad, a la democracia y a la soberanía de nuestro país, al situar infundadas afirmaciones, al margen de la verdad y del derecho internacional”, agregó la magistrada Gutiérrez, y recordó que el artículo 19 de la Carta de la OEA.
Dicho enunciado establece que “ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.
López, representante del partido de ultraderecha Voluntad Popular, se entregó a las autoridades el 18 de febrero de 2014 tras promover el plan golpista conocido como La Salida, que dejó un saldo de 43 personas asesinadas, más de 800 heridos y daños materiales incuantificables, como la quema de centros de salud, universidades y casas de estudios, unidades de transporte público y centros de distribución de alimentos.
Tras ser juzgado, López fue sentenciado a 13 años de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir.
La condena la cumple en el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde, estado Miranda (Al sur de Caracas), donde cuenta con una celda personal, baño privado, recibe alimentación diaria, cuenta con dispositivos electrónicos, ventilación, horno microondas, área de lectura, espacios para ejercitarse, además de contar con la visita de su familia sin restricción.
Por su parte, Ceballos cuenta con una medida cautelar de arresto domiciliario por razones de salud desde agosto pasado. El ex Alcalde de San Cristóbal, estado Táchira (Suroeste), fue aprehendido en marzo de 2014 y recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde, estado Miranda, por desacato a una sentencia del TSJ.
El organismo judicial emitió un fallo que le ordenaba, junto a otros alcaldes de municipios gobernados por la oposición, a garantizar la paz y el orden público de San Cristóbal, que estuvo asediada en los primeros meses del año pasado por grupos violentos que promovieron las protestas violentas (Guarimbas) en la entidad andina, como parte de La Salida.
Ceballos se negó a garantizar la paz ciudadana y como alcalde fomentó abiertamente la acciones violentas contra la población tachirense.
AVN