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La Jurisdicción Especial para la Paz pidió a la Procuraduría colombiana que investigue si hubo fallos de la seguridad que tiene que brindar el Estado a los exmiembros de las FARC que firmaron el acuerdo de paz que pudieron provocar el asesinato de 35 exguerrilleros.
La petición se hizo tras conocer algunos de los patrones que rodearon el asesinato de estos 35 firmantes de la paz que habían solicitado auxilio a la Unidad Nacional de Protección y después de que la Sala de Unidad de Investigación y Acusación analizara el estado en que sus solicitudes estaban cuando fueron asesinados.
Entre estos 35 casos, «nueve de los asesinados contaban con medidas blandas, 2 con esquema de seguridad compuesto por hombres de protección y 11 se encontraban en estudio de nivel de riesgo«, señaló la magistrada relatora, Reinere de los Ángeles Jaramillo.
Esta sala encontró que en estos 35 asesinatos habían trascurrido 10 meses de promedio entre que presentaron dicha solicitud a la UNP y el asesinato y que en la mayoría de casos se quedaron en la etapa de análisis de riesgos y no se les había concedido protección.
«Hay casos, por ejemplo, que fueron calificados como de riesgo ‘ordinario’ y los homicidios fueron consumados», concluyó la JEP, quien citó el caso de Edwin Herney Barrios, asesinado el pasado 8 de junio, a quien la UNP resolvió darle medidas de protección el 1 de septiembre, es decir, tres meses después de que fuera asesinado.
La Radio del Sur