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21.Oct.2016 / 09:52 am / Haga un comentario

Foto: Archivo

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Por: Luiz Inácio Lula da Silva

En más de 40 años de actuación pública, mi vida personal fue permanentemente escudriñada -por los órganos de seguridad, por los adversarios políticos, por la prensa. Por luchar por la libertad de organización de los trabajadores, llegué a ser detenido, condenado como subversivo por la infame Ley de Seguridad Nacional de la dictadura. Pero jamás encontraron un acto deshonesto de mi parte.

Sé lo que hice antes, durante y después de haber sido presidente. Nunca hice nada ilegal, nada que pudiese manchar mi historia. Goberné Brasil con seriedad y dedicación, porque sabía que un trabajador no podía fallar en la Presidencia. Las falsas acusaciones que me hicieron no tenían en la mira a mi persona, sino al proyecto político que siempre representé: de un Brasil más justo, con oportunidades para todos.

En la víspera de cumplir 71 años, veo mi nombre en el centro de una verdadera cacería judicial. Invadieron mis cuentas personales, las de mi esposa y de mis hijos; interfirieron y grabaron mis llamadas telefónicas y divulgaron su contenido; invadieron mi casa y me llevaron a la fuerza para declarar, sin motivo razonable y sin base legal. Están en la búsqueda de un crimen, para acusarme, pero no lo han encontrado y ni lo van a encontrar.

Desde que esa cacería comenzó, en la campaña presidencial de 2014, recorro los caminos de la Justicia sin renunciar de mi agenda. Continúo viajando por el país, al encuentro de los sindicatos, de los movimientos sociales, de los partidos, para debatir y defender el proyecto de transformación de Brasil. No paré para lamentarme y ni desistí de la lucha por la igualdad y la justicia social.

En estos encuentros renuevo mi fe en el pueblo brasileño y en el porvenir del país. Constato que está viva en la memoria de nuestra gente cada conquista alcanzada en los gobiernos del PT: Bolsa Familia; Luz Para Todos; Mi Casa, Mi Vida; el nuevo Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar); el Programa de Adquisición de Alimentos; la valorización de los salarios que en conjunto, proporcionaron la mayor ascensión social de todos los tiempos.

Nuestra gente no olvidará los millones de jóvenes pobres y negros que tuvieron acceso a la enseñanza superior. Va a resistir a los retrocesos porque Brasil quiere más, y no menos derechos.

No puedo callarme, sin embargo, ante de los abusos cometidos por agentes del Estado que usan la ley como instrumento de persecución política. Basta observar la recta final de las elecciones municipales para constatar la cacería hacia el PT: la aceptación de una denuncia contra mí, cinco días después de presentada, y la prisión de dos ex ministros de mi gobierno fueron episodios espectaculares que ciertamente interfirieron en el resultado de los comicios.

Jamás practiqué, autoricé o me beneficié de actos ilícitos en Petrobras o en cualquier otro sector del gobierno. Desde la campaña electoral de 2014, se trabaja en la narrativa de identificar al PT no como un partido sino como una “organización criminal”, y yo como el jefe de esa organización. Esa idea fue martillada sin descanso en titulares, portadas de revista, radio y televisión. Necesita ser probada a la fuerza, ya que “no hay hechos, pero sí convicciones”.

No descarto que mis acusadores crean en esa tesis maliciosa, quizá juzgando a los demás por su propio código moral. Pero salta a la vista incluso la desproporción entre los billonarios desvíos investigados y lo que apuntan como supuesto botín del “jefe”, evidenciando la falacia del enredo.

Percibo, también, una peligrosa ignorancia de agentes de la ley en cuanto al funcionamiento del gobierno y de las instituciones. Llegué a esa conclusión en las declaraciones que di a comisarios y fiscales que no sabían cómo funciona un gobierno de coalición, como tramita una medida provisoria, cómo se procede en una licitación, cómo se da el análisis y aprobación, colegiada y técnica, de financiaciones en un banco público, como en el BNDES.

De resto, en esas declaraciones, nada se preguntó objetivamente sobre las hipótesis de la acusación. Tengo la idea de que no pasaron de vacíos ritos burocráticos, para cumplir etapas y atender a las formalidades del proceso. Conclusivamente, no sirvieron al ejercicio concreto del derecho a la defensa.

Pasados dos años de operaciones, siempre filtradas con estruendo, no consiguieron encontrar nada capaz de vincular mi nombre a los desvíos investigados. Ningún centavo no declarado en mis cuentas, ninguna empresa de fachada, ninguna cuenta secreta.

Hace 20 años vivo en el mismo apartamento en San Bernardo. Entre las decenas de reos delatores, ninguno dijo que trató algo ilegal o deshonesto conmigo, a pesar de la insistencia de los agentes públicos para que lo hicieran, incluso como condición para lograr beneficios propios.

La imprudencia, la desproporción y la falta de base legal de las denuncias sorprenden y causan indignación, así como la intencionalidad con que son procesadas en juicio. No les importan los hechos, pruebas, normas del proceso. Denuncian y procesan por mera convicción -es grave que las instancias superiores y los órganos de control funcional no tomen providencias contra los abusos.

Me acusan, por ejemplo, de haber ganado ilícitamente un apartamento que nunca me perteneció -y no me perteneció por la simple razón de que no quise comprarlo cuando me fue presentada la oportunidad, ni aun después de las remodelaciones que, obviamente, serían añadidas al precio. Como es imposible demostrar que la propiedad sería mía, pues nunca lo fue, me acusan entonces de ocultarla, en un enredo surrealista.

Me acusan de corrupción por haber proferido exposiciones para empresas investigadas en la Operación Lava Jato. ¿Cómo puedo ser acusado de corrupción, si yo no soy un agente público desde 2011, cuando empecé a dar las ponencias? Y qué relación puede haber entre los desvíos de Petrobras y las ponencias, todas documentadas, qué hice para 42 empresas y organizaciones de diversos sectores, y no apenas para las cinco investigadas, cobrando un precio fijo y recogiendo impuestos?

Mis acusadores saben que no robé, no fui corrompido ni intenté obstruir la Justicia, pero no lo pueden admitir. No pueden retroceder después de la masacre que promovieron en los medios de comunicación. Se volvieron prisioneros de las patrañas que crearon, la mayoría de las veces en reportajes tendenciosos y poco investigados. Están condenados a condenar y deben evaluar que, si no me meten preso, serán ellos los desmoralizados ante la opinión pública.

Intento comprender esta cacería como parte de la disputa política, aunque sea un método repugnante de lucha. No es a Lula que pretenden condenar: es al proyecto político que represento junto a millones de brasileños. En la intensión de destruir una corriente de pensamiento, están destruyendo los fundamentos de la democracia en Brasil.

Es necesario dejar claro que nosotros, desde el PT, siempre apoyamos la investigación, el juicio y el castigo de quien desvíe dinero del pueblo. No es una afirmación retórica: combatimos la corrupción en la práctica.

Nadie actuó tanto para crear mecanismos de transparencia y control de dinero público, para fortalecer a la Policía Federal, la Aduana y el Ministerio Público, para aprobar en el Congreso leyes más eficaces contra la corrupción y el crimen organizado. Eso es reconocido incluso por los fiscales que nos acusan.

Tengo la conciencia tranquila y el reconocimiento del pueblo. Confío que temprano o tarde la Justicia y la verdad prevalecerán, aunque sea en los libros de historia. Lo que me preocupa, y a todos los demócratas, son las continuas violaciones al Estado de Derecho. Es la sombra del estado de excepción que viene irguiéndose sobre el país.

 

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