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Foto: Referencial
La Organización no gubernamental Cristosal que trabaja por la defensa de los derechos humanos y la democracia en Centroamérica, compartió su informe sobre el caso de migrantes venezolanos enviados al Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) en El Salvador, y afirma que este acto «crearía condiciones de delitos de lesa humanidad».
En el informe presentado por Cristosal, detalla la reserva de información por parte del Estado Salvadoreño y asegura que el traslado de los migrantes venezolanos constituye condiciones para la desaparición forzada y, por tanto, de delitos de lesa humanidad.
“Pueden constituirse como detenciones secretas y generar condiciones para la desaparición forzada de personas sometidas a custodia de ambos Estados”, expresa el texto.
Asimismo, el análisis jurídico de la organización ciudadana expone que las acciones y omisiones de los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos (EE.UU.), respecto de la deportación de personas al sistema penitenciario salvadoreño, así como el ocultamiento de datos ciertos y oficiales, el paradero y las condiciones actuales, es violatorio del derecho internacional de los derechos humanos.
Ante las irregularidades cometidas por los Gobiernos de EE. UU. y El salvador, la ONG Cristosal solicitó acceso a la información sobre el traslado de los migrantes venezolanos a la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
La información solicitada por Cristosal a la DGCP era sobre la cantidad exacta de personas venezolanas deportadas a El Salvador desde Estados Unidos. Pidieron la lista de nombres y apellidos de todos los enviados al Cecot, así como el listado de las personas que tenían una condena previa en EE. UU. además de los supuestos vinculados a la banda «El Tren De Aragua».
La DGCP resolvió denegar el acceso al contenido al argumentar que se trata de datos personales y porque: “Se ha establecido una reserva en virtud a lo relativo a información sobre la defensa nacional, la seguridad pública, la que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de terceras personas, la que pueda interferir en la investigación de delitos o en estrategias estatales en procesos en curso”.
Ante esta negativa, Cristosal argumenta que no puede alegarse reserva de información vinculada con la investigación de graves violaciones a derechos humanos o delitos de trascendencia internacional.
“El Estado que presuntamente viola derechos humanos no puede tener la última palabra sobre la publicidad de la información relativa a sus propios actos, así como tampoco puede alegar de forma genérica razones de seguridad nacional para bloquear el acceso a información útil para las investigaciones y la protección de las personas afectadas”, explica la organización defensora de derechos humanos.
Finalmente, la organización enfatizó que la DGCP aplica una reserva a casos vinculados con graves violaciones a los derechos humanos, acción que está prohibida por la Ley de Acceso a la Información Pública y es contrario al derecho internacional de los derechos humanos.
VTV