Foto: Misión Verdad

Inmigración encarcelada made in USA

Aunque no ha pasado por debajo de la mesa el hecho de que, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 1 mil 995 menores de edad inmigrantes han sido enviados a centros de detención entre el 19 de abril y el 31 de mayo de este año, separados de sus padres para ser procesados y encarcelados en cinco estados, sí parece ser el hecho de que esta es una política continuada de Barack Obama y su gobierno.

Según la agencia Reuters, se realizaron 1 mil 800 separaciones entre niños y padres inmigrantes entre octubre de 2016 y febrero de 2018. Una cifra ascendente que fue enjuiciada por demócratas y republicanos estadounidenses.

Pero, al menos a los demócratas, les salió el tiro por la culata luego de que un periodista ubicara que durante la era Obama también había sucedido tal caso.

Además, aproximadamente 2.8 millones de personas fueron deportadas en su gobierno, de las cuales el 40% fueron regresadas a su país de origen sin tener antecedentes penales ni judiciales con la ley o algún ente de control estadounidense.

En 2016, la Administracion Obama realizó, a través del Servicio de Migración y Aduanas, una campaña a nivel nacional de redadas para ejecutar órdenes de deportación a un estimado de 100 mil familias con madres y niños.

El escándalo trascendió de tal manera que Trump firmó una orden ejecutiva en la que prohíbe la separación de niños inmigrantes de sus padres.

Macri y los Panamá Papers reloaded

En la primera parte de los Panamá Papers, se reveló que Mauricio Macri y otros miembros de su familia eran directores de Fleg Trading. Su padre era el dueño. Las leyes contra el lavado de dinero exigían que Mossack Fonseca conociera dicha información.

Los correos electrónicos entre la oficina central de Mossack Fonseca en Panamá y su sucursal en Uruguay en septiembre y octubre de 2016 develan que los empleados de la firma discutieron un plan para antedatar documentos con el fin de ocultar el hecho de que el bufete «no sabía» que la compañía de la familia presidencial argentina se había establecido en Bahamas.

Según esos mismos e-mails, los empleados de Mossack Fonseca discutieron la posibilidad de que el contador de la familia Macri elaborara un documento escrito a mano (era 2016) fechado años antes, que confirmara el propietario. Cuenta el contador que descartó la idea pues la consideró «muy arriesgada», debido a que la carta «podría ser refutada fácilmente por un calígrafo experto», pues obviamente reconocería que el documento habría sido escrito más recientemente que la supuesta fecha inscrita.

Los referidos archivos también muestran que Mossack Fonseca no conocía las conexiones de la familia Macri con BF Corporation, otra empresa off-shore ficticia.

Según informes provenientes de medios argentinos, BF Corporation era propiedad de dos hermanos de Macri. Esos informes han señalado que los fiscales alemanes alertaron a las autoridades argentinas en 2016 sobre transacciones sospechosas que involucraban a BF Corporation, basadas, en parte, en las revelaciones de la investigación de los Panamá Papers.

Se escuchó más del fracaso en el primer partido de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA, que de las actividades corruptas de Macri. Nada es casualidad.

Guerra comercial en ascenso

En un toma y dame entre potencias económicas, Estados Unidos y China se embarcan en una guerra comercial. La Administración Trump impuso anunció la imposición de aranceles del 25% a una lista de productos chinos por valor de 50 mil millones de dólares, acusando a Pekín de robo de propiedad intelectual.

Los aranceles afectan a 1 mil 102 categorías de productos y se harán afectivos a partir del 6 de julio.

Y, de hecho, la Casa Blanca amenazó de antemano a China con que impondrá más aranceles si China responde imponiendo restricciones comerciales.

Por ello el gobierno de Xi Jinping habla netamente de guerra comercial, mientras que la mayoría de los analistas y periodistas estadounidenses dicen que se acerca una.

En detalle, los aranceles estadounidenses se focalizan en sectores industriales que se relacionan con el plan de Pekín «Made in China 2025», que pretende desarrollar la producción de alta tecnología en el área aeroespacial, automotriz, de tecnología de información y robótica.

Por ello, China puede responder con medidas más allá de las impositivas. Jake Parker, vicepresidente para operaciones con China del Consejo Comercial EEUU-China, analizó que las opciones podrían incluir la demora o denegación de licencias que necesitan las empresas estadounidenses, lo cual abre un nuevo frente que es el tecnológico.

Mientras tanto, lo hizo en igual escala: la Comisión de Aduanas comunicó la imposición de aranceles adicionales del 25%, por el valor de 50 mil millones de dólares sobre 659 productos estadounidenses. Entre los productos que se verán afectados por esta nueva medida, se encuentran insumos agrículos como vehículos y productos asociados, dos de los sectores más sensibles para Estados Unidos.

Asciende la guerra comercial entre estos dos gigantes de la economía global. En ese contexto, se prevé una crisis comercial de extraordinarias consecuencias para el resto del planeta que también vive de sus prodcutos sancionados. Vendrán nuevos capítulos de este suceso en tiempo real.

La emergencia humanitaria de Yemen

Las fuerzas de coalición lideradas por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y apoyadas por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, lanzaron el 14 de junio la Operación Tormenta Decisiva contra la ciudad de Al Hudaida para controlar la terminal portuaria más importante en manos de los hutíes.

Entre el 85% y 90% de suministros como alimentos y medicamentos a Yemen llegan a través de esa ciudad, que alberga a unos 600 mil habitantes y se encuentra a 150 kilómetros de Saná, la capital yemení en manos también de los hutíes. La importancia estratégica de este punto es, entonces, evidente.

Según la ONU, 22.2 millones de yemeníes sufren las consecuencias del bloqueo marítimo que mantiene la coalición pro-saudí en el contexto de su ofensiva, ya que dependen de los suministros importados, vitales para su sobrevivencia.

De esos 22.2 millones de yemeníes, 8.4 millones de personas se encuentran en grave situación alimentaria y al borde de la hambruna. Esto es un poco menos de la mitad de la población total afectada por el conflicto con Arabia Saudí.

Según la UNICEF, 1 niño yemení muere cada 10 minutos por enfermedades curables y el colapso de los servicios públicos, dando un total de 144 menores fallecidos por día a consecuencia de este desastre humanitario.

El bloqueo ha derivado en una epidemia de cólera y graves afectaciones al acceso al agua para las 18,8 millones de personas que viven en las zonas asediadas por la coalición internacional respaldada por Estados Unidos.

El punto crítico de esta guerra está llegando a su clímax, y de eso muy pocos hablan.

Privatizan el agua en México

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas acuíferas existentes sobre una gran cantidad de cuencas existentes en ese país.

De salida prontamente y con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el mandatario anunció la firma de 10 decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. En ese 40% de las cuencas escurre 55% de las aguas superficiales del país.

Con la aprobación de dichos decretos se elimina la «prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua» en esas cuencas, con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años.

Pero algunos defienden la decisión y silencian el objetivo, que es dejar vía libre a la privatización, cada vez mayor, de las reservas acuíferas de México. Abre la puerta para que el 55% del agua se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país (minería, hidrocarburos, turística, inmobiliaria).

De hecho, así lo denunció la coalición Agua para Todos: «Estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos».

En todo caso, se denuncia que los trasvases de agua de una cuenca a otra son uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes. Se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común durante décadas y hasta siglos para que, de pronto, mediante agresivos proyectos de «desarrollo», se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas.

Ya ha sucedido anteriormente con varios megaproyectos hidráulicos: el sistema Cutzamala del estado de México a la Ciudad de México; Monterrey VI que prevé trasvase del agua del río Pánuco a Monterrey; o la presa y acueducto El Zapotillo, que trasvasa aguas del río Verde de Los Altos de Jalisco al complejo industrial de El Bajío de Guanajuato.

La privatización del agua en México es un hecho silenciado, pero produce crispaciones a más de uno en medio del bullicio consecuencia del Mundial en Rusia.

Misión Verdad