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15.Ago.2016 / 09:05 am / Haga un comentario

Foto: Misión Verdad

Foto: Misión Verdad

Ya en una nota publicada por Misión Verdad el pasado viernes 5 de agosto, se describen los planes estratégicos de grandes corporaciones y bancos globales que están detrás de los intentos de impedir que Venezuela asuma la presidencia pro témpore de Mercosur.

Esta estrategia a corto y mediano plazo no sólo tiene que ver con afectar el posicionamiento geopolítico de Venezuela en un contexto donde el reflujo de los operadores internacionales articulados en torno a la OEA se hace evidente, sino con el proyecto de integrar definitivamente a la región en el marco general de sistemas de megatratados de libre comercio, conocidos como TTIP, TPP y TISA, hoy en el lindero de la parálisis por lo caótico e impredecible de las elecciones en Estados Unidos.

Incluso hasta el Financial Times, periódico de la élite financiera británica, tituló hace días que “el liderazgo globalista de Estados Unidos muere con el TPP”. Este titular da señales sobre la desesperación de que dicha resurrección se acelere por Suramérica, buscando –hasta donde aguanten las alianzas– atornillar intereses, tratados y negocios de índole comercial y financiera que los blinde ante cualquier conflicto de intereses a futuro con la Casa Blanca.

Pero más allá de aquello que opera en las zonas oscuras de la economía globalizada, el desespero por neutralizar a Venezuela tiene incluso datos más precisos y específicos. Para excluir a Venezuela del Mercosur, Mauricio Macri, Michel Temer y Horacio Cartes prefieren la vía del autogolpe, en concordancia con lo que hizo la MUD con su recién estrenada Asamblea Nacional.

Observemos lo siguiente con detenimiento. Han habido dos argumentos centrales que intentan justificar que Venezuela no asuma la presidencia pro témpore de Mercosur. El primero de ellos, expresado por la canciller de Argentina, Susana Malcorra, tiene que ver con un supuesto trámite administrativo que no cumplió Uruguay –”rendición de cuentas e informe de entrega”– al momento de traspasar el cargo.

El segundo “argumento”, intoxicado por los medios y apoyado por John Kerry, tiene que ver con que Macri, Temer y Cartes “cuestionan” el gobierno de Nicolás Maduro por la “situación política que atraviesa el país”, lo que es fácilmente traducible en términos políticos como un apoyo frontal al referendo revocatorio, a los sectores más ultras de la oposición y a la supuesta “violación de derechos humanos” como expediente macro en contra del país. Así lo hizo saber John Kerry junto a Susana Malcorra durante una reunión bilateral.

El primer argumento esconde una flagrante ilegalidad, ya que según el Protocolo Ouro Petro, el traspaso de la presidencia es un paso administrativo. En ninguna especificación legal de dicho protocolo existe la “rendición de cuentas” o “la entrega de informe final” para posibilitar el traspaso de presidencia de un país a otro. El traspaso es automático (según el artículo 5) y no requiere ninguna evaluación por parte del Consejo Común: máxima instancia de decisión del organismo.

Sin embargo, la cancillería de Uruguay tiene disponible en su página web un informe que reafirma que dicho país cesa como presidente de Mercosur.

Según el mismo protocolo, todas las decisiones del Consejo del Mercado Común se toman por consenso, especificado así en el artículo 37, Capítulo III de dicho instrumento. En tal sentido, discutir –y tomar cualquier decisión– a puertas cerradas viola este protocolo constitutivo. Muestra de esto fue la reunión que realizaron Mauricio Macri, Michel Temer y Horacio Cartes al margen del inicio de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, en el Palacio de Itaramaty en Brasilia, donde según AFP se manejaron dos: traspasar ilegalmente la presidencia a Argentina o que un consejo de embajadores que en ningún protocolo tiene dicha prerrogativa asuma el máximo cargo del organismo.

“Downgrade” (baja de calificación) es un término que viene de las finanzas, y es utilizado con recurrencia por las calificadoras de riesgo global con respecto a la deuda privada o soberana de un determinado país. Ese mismo concepto fue utilizado por los presidentes para sintetizar lo que se traen entre manos: vetar el voto de Venezuela en el organismo, lo que es básicamente una declaratoria de expulsión. Incluso Michel Temer, a declaraciones al diario O Estadao de Sao Paulo, comentó que en Uruguay hay “una pequeña resistencia” sobre lo que hay que hacer con respecto a Venezuela.

El Informe Otálvora resalta que el mensaje que quisieron dar el 4 de agosto Brasil, Argentina y Paraguay era el de desconocimiento de Venezuela como presidente del organismo. Se autoconvocaron, según el informe, no para llegar a un acuerdo sobre el traspaso, sino para recalcar que no aceptarían traspasar la presidencia a Venezuela. Ellos también juegan políticamente con su ilegalidad. Hasta el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, en declaraciones de prensa citadas por AP el 10 de agosto, cometió el error de decir que Venezuela estaba asumiendo “la presidencia de facto” aferrándose al endeble argumento de que Uruguay no dijo que traspasaba la presidencia, cuando efectivamente la dejó de ejercer en palabras de su mismo canciller Rodolfo Nin Novoa.

Loizaga también dijo que hasta los coordinadores de cada país del bloque deben presentar “los incumplimientos y cumplimientos” de Venezuela con respecto al organismo. Macri, Temer y Cartes intentan generar una especie de juicio contra Venezuela, ilegal e inexistente dentro de los protocolos y tratados de Mercosur, para reforzar apoyos y ablandar a Uruguay, como exige Michel Temer entre dientes. A este torbellino de presiones se suman las últimas declaraciones de Macri dirigidas a reforzar lo comentado con anterioridad: darle un tratamiento a Venezuela como un país que no cumple “requisitos” y que está fuera de la legalidad del Mercosur.

Aceptemos por un momento que es cierto que Venezuela viola los derechos humanos, tanto o más que la policía de Estados Unidos que asesina sumarialmente a la población negra de ese país. Aun aceptando esto, elProtocolo de Ushuaia, en su artículo 4, establece que la situación debe ser discutida con el “Estado afectado”.

Están tan asustados de tener una reunión con Venezuela que violentan hasta los procedimientos legales de su propia matriz de opinión. Venezuela nunca ha sido notificada para tratar ningún tema referido a su situación (política o de “derechos humanos”), reflejo de que es tan endeble dicho argumento que Macri, Temer y Cartes se quedarían callados al empezar el evento. Es necesario recalcar que cualquier convocatoria por fuera de la presidencia pro témpore, ejercida por Venezuela, es igualmente ilegal.

Más aún si la excusa era el referéndum revocatorio como táctica de presión, ya que el proceso no se ha interrumpido, y hoy poy hoy sigue con su recorrido legal dentro de la normativa constitucional del país, sólo que los tiempos no los benefician para sus objetivos políticos inmediatos.

No existe ningún recurso legal que soporte este despliegue diplomático para separar por la vía de los hechos a Venezuela de su presidencia en el Mercosur.

Mauricio Macri en estos momentos pone el rostro para el choque frontal. Él sabe que Venezuela en la presidencia es una piedra de tranca para los planes de hacer del Mercosur una bisagra entre la Alianza del Pacífico y los megatratados de libre comercio con epicentro en Wall Street, envilecidos por el Brexit, la expansión financiera de China y la parcial relajación de Bruselas con respecto a Rusia. Se les achica el marco para esas negociaciones a escala global.

Y quizás es eso lo que en el fondo se oculta detrás de tanta ilegalidad con respecto a la presidencia pro témpore de Venezuela en Mercosur. Ya Macri sabe lo que es sentarse en un mismo foro con la diplomacia bolivariana. Ni Temer o Cartes quieren terminar con la misma suerte.

Prefieren detonar su gallina de los huevos de oro antes que darnos la cara.

Misión Verdad

 

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