Fotos: RT

Las voces de unos niños llorando después de haber sido separados de sus padres en un centro de detención de inmigrantes en EE.UU. pusieron la mecha en un polvorín.

La grabación, así como las imágenes de un centro de reclusión de inmigrantes, indignaron a la opinión pública y obligaron al presidente estadounidense, Donald Trump, a firmar un decreto este miércoles para prohibir la separación de los niños de sus padres indocumentados mientras transcurre el proceso judicial que determina su estatus migratorio.

Pero la situación no es nueva. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en 2015, revela que aunque en 2009 se había «erradicado» la práctica de detención de familias migrantes en EE.UU. tras el cierre del centro T. Don Hutto Residential Treatment Center en Taylor, Texas; en 2014 —durante la administración de Barack Obama— una misión de ese organismo observó que la medida no sólo se seguía empleando sino que también buscaba expandirse, con el fomento de una política «arbitraria y automática» de reclusión contra personas indocumentadas. ¿Por qué ahora sí se toman medidas al respecto?

Misma ley, otra política

Uno de los puntos clave para entender el panorama tiene que ver con la ley migratoria. Trump no ha hecho ninguna modificación a la legislación promulgada por su antecesor, pero sí decidió endurecer la política para su aplicación.

En abril de este año, el procurador general de EE.UU., Jeff Sessions, justificó la separación «temporal» de los menores de edad de sus padres o responsables como una medida coercitiva para desestimular la inmigración ilegal, que se enmarca en el plan de «tolerancia cero» a los flujos migratorios irregulares. Debido a esa política, los niños permanecen recluidos en centros acondicionados con grandes jaulas, colchonetas en el piso y condiciones que vulneran el principio de no detención de niños, niñas y adolescentes, estipulado en el derecho internacional.

El decreto aprobado el miércoles por Trump impide, de momento, que ocurra la separación de familias pero no tranquiliza a los activistas. Blanca Rodríguez, una defensora de los Derechos Humanos en Houston, lo deja claro: «Sé que no tendrán el trauma de ser separados, pero no creo que haya menos peligros. Hay casos de abuso a los niños y a los padres, incluyendo agresiones sexuales y violaciones».

Rodríguez indicó que las acciones de protesta no van a parar, no sólo para reclamar la garantía de los derechos de esos niños, niñas y adolescentes, sino por todos los migrantes que cruzan a EE.UU. sin los papeles en regla, en vista de la recurrente opacidad en el manejo de los centros de detención: «No permiten que tengamos contacto con ellos, todo es muy secreto, se oculta mucho. Hace un mes fue que nos dimos cuenta de la separación en los diferentes centros de detención en Texas», cuenta.

El detonante de las denuncias, asegura Rodríguez, fue la visita realizada por el senador Jeff Merkley al centro en Brownsville: «Le negaron la entrada al principio, incluso le llamaron a la policía. No lo arrestaron, pero unos días después fue que lo dejaron entrar». Tras su recorrido por las instalaciones de supermercado, transformado en albergue de condiciones carcelarias, el legislador afirmó: «Separar bruscamente a los niños de sus padres para causarles daño a los pequeños y así influir en los padres es inaceptable».

Al drama de la separación y la retención de esos niños, se suma la incapacidad del Estado para hacer seguimiento al destino de muchos de ellos, reubicados con su familiares o «patrocinadores» mientras transcurre el proceso judicial en tribunales migratorios: hace semanas, el Departamento de Salud y Servicios Sociales estadounidense (HSS, por sus siglas en inglés) admitió que había perdido el rastro de unos 1.500 menores de edad porque no lograban ponerse en contacto con ellos después de haber sido entregados en custodia.

«Legado nefasto»

Se estima que desde el pasado 6 de mayo, cuando comenzó la implementación del plan de «Tolerancia cero» contra los migrantes en situación irregular, el número de niños que terminan en centros del HSS se incrementó un 22% con respecto a abril. Es decir: hay 10.859 menores de edad recluidos en esos albergues de propiedad federal.

Esta semana se supo que casi 2.000 niños habían sido separados de sus padres por la política de desmembramiento «temporal» de las familias. La medida se tomó un mes después del aumento de 223% en las detenciones en la frontera registrado en abril; sin embargo, la situación durante la administración Obama no fue mejor.

En 2014, el ex presidente demócrata pidió la creación de nuevos centros de reclusión para niños migrantes no acompañados, ante la «oleada» de llegadas de menores de edad indocumentados provenientes de México y el llamado Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta práctica ha sido tildada de «legado terrible y nefasto» por Patricia Montes, directora ejecutiva de la organización Centro Presente de Boston, en una entrevista con El Faro.

«Durante los ocho años Obama también se separaban niños, también se deportaban niños al Triángulo Norte, considerada una de las zonas más peligrosas del mundo», denunció la defensora de Derechos Humanos, quien insistió que con la llegada de Trump no ha habido cambios a la ley, sino una política «implementada por el poder Ejecutivo, con mucho abuso de poder y violaciones claras a tratados internacionales».

En el citado informe de la CIDH, publicado en 2015, se destaca que en una visita realizada a EE.UU. por una delegación de la Comisión se constató que «los funcionarios estadounidenses no logran identificar correctamente a los niños y niñas no acompañados mexicanos que puedan tener necesidades especiales de protección internacional», así como «la falta de garantías de debido proceso y la falta de acceso a mecanismos» que garanticen la defensa de los derechos de los menores de edad.

De igual forma, la Comisión consideraba «inaceptable» hace tres años que la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se negaran a permitir «el libre y pleno acceso» al centro de detención fronteriza de Mc Allen y al de Procesamiento Central del Valle de Río Grande para verificar las condiciones de esos albergues. Obama logró evadir la inspección de la CIDH sin mayor escándalo, pero la administración Trump tuvo que ceder a la presión de los legisladores demócratas para abrir las puertas y permitir la entrada de periodistas que documentaran la situación.

Los vacíos

Aunque Trump firmó la orden para impedir la separación de las familias, su llamado fue enfático: «Sigue siendo una tolerancia cero. Tenemos cero tolerancia para las personas que ingresan ilegalmente a nuestro país», aseveró.

El mandatario norteamericano ha puesto fin por decreto a la controvertida política, pero los vacíos siguen intactos: la orden ejecutiva no establece lapsos límite para la reclusión de los indocumentados ni contempla nuevos mecanismos para atender a los niños que ya están en manos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Lo que sí prevé es que los adultos detenidos no sean entregados directamente al Departamento de Justicia cuando enfrenten los cargos penales, sino que permanezcan recluidos junto a sus hijos en el Departamento de Seguridad Nacional, precisa CNN. El detalle es que hay espacios turbios del decreto porque su aplicación se hará «en la medida en que lo permita la ley y sujeto a la disponibilidad de asignaciones».

La nueva orden ejecutiva tampoco define si la reunificación familiar aplica para las familias que ya han sido separadas.

El negocio de la reclusión

Un informe publicado en 2016 por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por su siglas en inglés), citado por Univisión, reveló que el gobierno utilizó 637 centros de reclusión para la detención de inmigrantes en 2015, la mayoría de ellos regentados por empresas privadas.

Las detenciones de inmigrantes, aunque sean notificadas como un problema por la administración Trump, representan una buena noticia para conglomerados como CoreCivic y GEO Group. A finales del año pasado, altos ejecutivos de ambas firmas manifestaron su regocijo porque la actual administración había anunciado su política de arrestos a indocumentados al interior de EE.UU. ¿La razón? Los recluidos iban a tener estancias «más largas» que los capturados en la frontera, lo que es sinónimo de jugosas ganancias.

Según Business Insider, en una nota publicada el año pasado, el CEO de CoreCivic, Damon Hininger, mostró su optimismo porque si los inmigrantes detenidos en la frontera podían estar unos 27 días en los centros de reclusión, los arrestados al interior de EE.UU. permanecían, en promedio, 52 días. Teniendo en cuenta que cada indocumentado retenido le reporta a esas compañías unos 126 dólares por jornada, el drama de los inmigrantes no puede ser más apetitoso para sus deseos de acumular ganancias.

Geo Group, de acuerdo a Newsweek, cabildeaba en el Congreso una ley que buscaba extender de manera indefinida la detención de niños inmigrantes en sus centros de reclusión con unas licencias de cuidado infantil. Aunque la norma no prosperó, el grupo no está intranquilo porque sus ganancias han reportado un crecimiento de 18% y, entre 2015 y 2016, sus acciones alcanzaron un récord histórico. Además, según Pablo Páez, vicepresidente de relaciones corporativas, la compañía ha trabajado «durante 30 años con administraciones demócratas y republicanas» en el lucrativo negocio de las correccionales «de detención y rehabilitación a nivel federal».

¿Y ahora?

La situación de los niños migrantes ha puesto de manifiesto las carencias del sistema estadounidense para garantizar la defensa de los derechos humanos, sin embargo, a diferencia de las sanciones unilaterales que impone Washington contra otros países por la presunta vulneración de esos derechos fundamentales, EE.UU. no ha firmado ninguna convención internacional en esa materia, por lo que no se somete a ningún dictamen al respecto ni acepta obligaciones de carácter jurídico.

El principal argumento utilizado por la administración Trump para justificar la medida, derogada el miércoles por decreto, era que servía para persuadir a los migrantes de no cruzar de manera ilegal, pero los especialistas citados en informes de la CIDH y la ONU dejan claro que ninguna acción de este tipo desestimula a las poblaciones que huyen de la violencia social, política y económica en sus países porque consideran el arresto como un riesgo natural del viaje.

En lo que respecta a la detención de menores de edad, una resolución de Naciones Unidas no deja entresijos para interpretaciones: «los niños, incluidos los adolescentes, no deben estar sujetos a arrestos o detenciones arbitrarias únicamente en razón de su estatus migratorio, y la privación de libertad de los niños y los adolescentes migrantes debe ser una medida de último recurso, en condiciones que respeten los derechos humanos de cada niño». Pero antes de que la comunidad internacional señalara a Washington por permitir la retención de menores indocumentados como política de Estado, la Casa Blanca pateó la mesa y jugó posición adelantada al anunciar su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La embajadora estadounidense, Nikki Haley, calificó al Consejo de la ONU de «hipócrita y egoísta». Las acusaciones de la diplomática no estuvieron exentas de estridencia, no obstante, el escándalo tras la salida no fue más fuerte que el desatado por la voz del niño migrante que, entre sollozos, solo pedía ver a su mamá.

Nazareth Balbás

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