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El proyecto de Ley de Amnistía que propone la mayoría circunstancial de la derecha en la Asamblea Nacional (AN), legitima la violencia política y los delitos criminales, y no va a conducir ni a la reconciliación, ni a la paz, como afirma la bancada opositora, sino que generará impunidad, remarcó a fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
«Esa propuesta (…) lo que va a generar es la impunidad y no es una ley de perdón», puntualizó en entrevista en el programa Diálogo Con, transmitido por Televen este domingo.
Observó que este proyecto legisaltivo va a dejar sin efectos sanciones contra delitos de drogas, casos de corrupción, de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, entre muchos otros crímenes.
«Ante la comunidad internacional nosotros nos vamos a ver como un Estado que no sanciona estos delitos, además que pareciera que el texto quiere despenalizar algunos delitos como, por ejemplo, el uso de niños, niñas y adolescentes para delinquir, y el porte y venta de armas de fuego. Es demasiado grave», recalcó.
Asimismo, significó que también le parece extremadamente peligroso el hecho de que, este proyecto de la derecha, se pretende intervenir en las funciones de los jueces y fiscales.
Con la «amnistía», la derecha parlamentaria busca dejar sin efectos las sanciones penales ante delitos como la instigación a desobedecer leyes; zozobra generada a través de la difusión de informaciones falsas; obstaculización de vías públicas; daños a la propiedad, a sistemas de transporte, servicios públicos, informáticos o de comunicación; fabricación y suministro de artefactos explosivos; uso de menores de edad en la comisión de delitos y microtráfico de drogas.
Con la aprobación de esta ley quedarían en libertad personas como el derechista y vocero de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien cumple sentencia por más de 13 años por las acciones terroristas en 2014 – que dejaron un saldo de 43 personas asesinadas y más de 800 heridos–, los responsables de la violencia postelectoral vivida luego de los comicios del 14 de abril de 2013, los autores de los crímenes perpetrados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, el sabotaje petrolero de 2002-2003, entre otras situaciones que quebrantaron la paz en Venezuela.
Por otra parte, la Fiscal hizo la salvedad de que la AN no puede destituir arbitrariamente a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sin que antes, el Consejo Moral Republicano determine alguna falta grave.
Los poderes públicos deben colaborar para que el Estado siga funcionando y unificarse en función del bienestar de la colectividad, acotó Ortega Díaz en alusión al uso que la derecha le viene dando al parlamento para desestabilizar el orden democrático y sabotear las acciones que desarrolla el Gobierno Nacional a fin de superar la coyuntura económica del país.
AVN