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12.Jun.2018 / 05:23 pm / Haga un comentario

Foto: Misión Verdad

Foto: Misión Verdad

No es una casualidad que haya sucedido esa transformación en el seno de las protestas violentas en Nicaragua, pues el análisis convida a señalar que el guión de revolución de color, inaugurado por Gene Sharp y actualizado en los últimos tiempos, se está aplicando en el país centroamericano de la misma forma que se dio en Venezuela entre abril y julio de 2017.

Claro que el contexto nicaragüense actualiza los mismos métodos usados en distintos puntos del planeta. Y las verosimilitudes con respecto a lo que sucede en Nicaragua y lo que fue en Venezuela el año pasado refieren que en ambos países se forjaron escenarios distintos.

Origen y mutación del golpe de color nicaragüense
Todo comenzó con unas protestas en el marco de las reformas tributarias a la seguridad social hechas por el Estado, capitaneada por el Consejo Superior de la Empresa Privada. Al principio las manifestaciones reclamaban la derogación de aquellas enmiendas, en franco apoyo a la agenda empresarial contraria al gobierno de Daniel Ortega.

De un día a otro, bajo los recursos de trancas viales y barricadas cerca de edificios gubernamentales, vinieron los heridos y los primeros muertos endosados a Ortega y las fuerzas de seguridad estatales. El Instituto de Seguridad Social y el Estado nicaragüense cedieron ante las demandas, pero ya el curso de las acciones violentas en la calle parecía irreversible.

Y, de hecho, fue así. En comparación con Venezuela, donde las protestas comenzaron supuestamente por las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que luego fueron modificadas, Nicaragua se ha sumido en la violencia aún cuando las demandas de la oposición fueron escuchadas e incluso acatadas hasta cierto punto.

Los líderes de la oposición de ambos países, que tienen los mismos financistas y estrategas en Estados Unidos y toda su burocracia ligada a las corporaciones, no buscaron una salida negociada a los conflictos sino que abiertamente escalaron sus discursos y acciones hacia una oleada de violencia instrumentada para presionar al Estado a entregar el poder (por las malas).

Por ello mismo, lo que sucede en Nicaragua en estos momentos se analiza como un golpe de Estado en curso.

Esta revolución de color, o golpe de color como lo llama el analista ucraniano Rotislav Itschenko, pasó a una fase armada en el momento en que la tensión en las calles comenzaron a escalar. Las tensiones en los presentes acontecimientos en el país centroamericano tomaron un carácter paramilitar en este tipo de golpe.

La mano estadounidense

El financiamiento de instituciones íntimamente conectadas al establishment político de los Estados Unidos a organizaciones de la llamada “sociedad civil” y ONGs de Nicaragua es conocido de antaño. La denominada Nica Act aprobada por el Congreso estadounidense, y propulsada por Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires (del lobby anticubano y antivenezolano de la Florida), da rienda suelta a que el presupuesto de Washington se asigne a grupos supuestamente no partidistas en el país centroamericano.

Nada más, en 2016, la USAID entregó 31 millones de dólares a los antisandinistas en ONGs y otros grupos para “desarrollar las capacidades para la defensa de la sociedad civil”. En un análisis anterior decíamos que ese dinero pudo haber sido usado para “promocionar foros y actividades académicas, pero también para dar asesoramiento en cómo enfrentar a las fuerzas de seguridad y hacer uso de bandas criminales con una presencia notoria en el país”.

La misma USAID condena las supuestas “atrocidades” hechas por el gobierno de Ortega contra su pueblo, y la Casa Blanca decidió restringir el visado a ciudadanos nicaragüenses como medida de presión diplomática y también rechazó las muertes homologándolas todas al jefe del Estado.

De la misma manera que lo hizo con Venezuela, financiando a la oposición y sus ONGs, junto a los grupos violentos tildándolos de “sociedad civil”, Estados Unidos se involucra cada vez más en el escenario nicaragüense. Un reforzamiento de la Nica Act más otras sanciones están en la mesa del Congreso gracias al cabildeo de los grupos de presión que tienen intereses en ver salir al sandinismo del poder.

Las primeras sanciones producto del golpe de color en curso son a individuos funcionarios nicaragüenses, no especificados aún por Estados Unidos, pero a quienes se les acusa de “violar los derechos humanos”. Es el primer paso para escalar en ese tipo de agresión económica-financiera. El manual del golpe suave actualizado está siendo usado a cabalidad.

¿Defensa civil o ejército mercenario?

Las técnicas y armas usadas en las protestas violentas de la oposición en Nicaragua guardan profundas semejanzas con lo que vimos en Venezuela durante 2017. Fuimos testigos de cómo un ejército mercenario de carácter terrorista, como lo declarara en su momento el general Vladimir Padrino López, nacía a los ojos de todos los venezolanos.

En el país centroamericano ocurre de manera similar. Se trata de grupos entrenados para afrontar un choque contra las fuerzas de seguridad, producir incendios en infraestructuras gubernamentales y hasta ataques ataques y robo a hospitales por parte de esos contingentes beligerantes.

                     — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) 7 de junio de 2018

Las coincidencias entre las protestas violentas resaltan, sobre todo en las acciones de calle y el uso de redes sociales, descritos en nuestra tribuna.

Objetivos políticos del golpe de color en Nicaragua

Socavamiento del gobierno de Ortega: en los más de 50 días de insurrección, los elementos violentos presionaron en la calle la estabilidad de la paz ciudadana en Nicaragua, con decenas de muertos y heridos endilgados al Estado con una campaña sin precedentes en ese país de redes sociales y medios tradicionales, todos financiados por Estados Unidos. La llamada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, movimiento político golpista que representa a la oposición en los diálogos impulsados por el presidente nicaragüense, aboga por la destitución de Ortega, acompañado de la Conferencia Episcopal.

Realineación política del gobierno en función de los intereses estadounidenses: aun sin lograr sacar a Ortega del poder, las negociaciones por bajar el grado de violencia en las calles de Nicaragua y ganar tiempo político por parte del ejecutivo han llegado a un punto en que el gobiernoaceptó trabajar con la Organización de Estados Americanos (OEA), pivote multilateral de Washington para América Latina y el Caribe, para hacer una reforma institucional del sistema electoral. En principio, pareciera que el gobierno sandinista cede ante la postura injerencista de la OEA, pero este movimiento tiene sus matices que se analizarán más adelante.

Cambio geopolítico: la construcción del Canal de Nicaragua por parte de China es el principal objetivo a destruir de los Estados Unidos, que ve peligrar su privilegio comercial en este hemisferio. Rusia y el país gobernado por Xi Jinping han aumentado relaciones con muchos de los países del continente, incluidos los negocios comerciales, económicos y financieros, con las Nuevas Rutas de la Seda de protagonista en este nuevo escenario que a Washington incomoda claramente.

En Venezuela, de haberse impuesto la agenda política de la oposición, sus demandas y prerrogativas, hubiera sucedido lo que en Nicaragua acontece en tiempo presente. Uno de los objetivos de la extinta MUD fue precisamente reformar el sistema electoral venezolano bajo tutela internacional, preferiblemente la OEA y bajo la supervisación del ahora Grupo de Lima.

La anticipación de las elecciones “generales” estaba en la agenda antichavista. De igual manera, con un sector de la Iglesia católica apoyando (el más reaccionario), en Nicaragua parece que las presiones llevan a ese país a un sendero cercano a lo planificado por Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro supo sortear políticamente, con la Asamblea Nacional Constituyente, el atolladero; el mismo que Daniel Ortega en este momento enfrenta. 

Prospectiva en el corto plazo y lecciones de Venezuela

En Nicaragua se contabilizan, según la Comisión de la Verdad instaurada por la Asamblea Nacional, al menos 139 personas muertas desde que el 18 de abril comenzaran las protestas. Un número elevado tomando en cuenta la población del país y las seis semanas de beligerancia en las calles. Los recursos no parecen agotarse en la escalada de la guerra asimétrica en curso.

Los canales de diálogo y negociación que maneja el gobierno de Daniel Ortega han abierto un horizonte con respecto a los designios de Estados Unidos, con respecto a la reforma del sistema electoral supervisado por la OEA. Este movimiento dado por el ejecutivo se podría entender por el peso político-electoral que tienen los sandinistas, que obtuvieron más del 70% de los votos en las pasadas elecciones presidenciales de 2017.

Ese espacio de negociación tiende un puente para resarcir la violencia, ya que el escenario de unas nuevas elecciones podría dar la ventaja a Ortega, utilizando el aval de la OEA a su favor. En medio de esa tensión, el sandinismo baraja la carta de no promover una guerra civil, como sí lo hace la Alianza Cívica y la Conferencia Episcopal, cuyo apoyo a los grupos violentos es reconocido en toda Nicaragua.

Misión Verdad

 

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