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Bien conocido es el expediente que Luis Almagro, usando a su gusto la plataforma multilateral de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha elaborado contra Venezuela para intentar criminalizar al Estado venezolano. El anuncio realizado con base a un informe generado por un «panel de expertos» en la OEA, en pro de presionar a algunos Estados de la organización para llevar a altos funcionarios del gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI), apunta hacia ese objetivo.

Un «panel de expertos» parcializado

El panel de expertos que lanza la proposición fue armado por Luis Almagro a finales de 2017 y está conformado por un grupo de legalistas especializados en temas judiciales a nivel internacional. Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la CIDH, lidera este grupo con las referencias más atractivas con respecto a la antidiplomacia internacional contra las alianzas hechas por Hugo Chávez en Latinoamérica. De hecho, el golpe de Estado de 2002 y la fugaz dictadura de Pedro Carmona fueron legitimados durante su secretaría en la Comisión.

Desde entonces, y a lo largo de los 12 años que ocupó el puesto, se dedicó a respaldar y admitir las denuncias fabricadas desde ONG locales financiadas por intereses extranjeros. El contraste entre los casos observados en gobiernos anteriores al de Chávez y los procesados en el Gobierno Bolivariano es evidente: entre 1977 y 1999 se admitieron seis casos, contra 36 admitidos entre 1999 y 2012.

El terrible prontuario de la Venezuela liderada por políticos compromoteidos con los intereses de Estados Unidos con las masacres de Yumare, Cantaura, Cariaco y el Amparo, por nombrar algunos, no mantuvo tan ocupado a la estructura legal como lo tendría Cantón en la contención del proyecto chavista en la región.

Este abogado argentino, que se vio forzado a renunciar a la CIDH gracias a la denuncia internacional de Venezuela, que además no admitía la entrada de ese organismo al país mientras Cantón estuviese a cargo, y a la determinación del presidente Chávez de abandonar lo que calificó como «mafia», tuvo como último cargo antes de la actual secretaría de derechos humanos en la Argentina de Macri, la dirección ejecutiva del Centro Robert F. Kennedy (RFK) para la Justicia y los Derechos Humanos. Esta ONG opera en los Estados Unidos y fue la que le concedió el Premio Robert F. Kennedy de 2017 al fundador de la organización «independiente» Foro Penal, Alfredo Romero, encargado judicial de criminalizar las acciones gubernamentales del Estado venezolano.

Cumpliendo con el perfil de expertos en la promoción del saboteo político internacional, el canadiense Irwin Cotler, presidente del Centro de Derechos Humanos Raúl Wallenberg, integra este panel. En 2015, se convirtió en asesor jurídico de Leopoldo López bajo la mediatizada historia de haber sido abogado de Nelson Mandela, hecho que fue desmentido de inmediato por la embajadora sudafricana en Venezuela.

Su participación en el caso de Leopoldo López resultó de la intensa gira internacional realizada por Lilian Tintori para conseguir patrocinadores de la narrativa del Estado «violador de derechos humanos» y de la demanda de «liberación de presos políticos». En noviembre de 2014 logró reunirse con el canciller de Canadá, John Baird, que junto a otros parlamentarios canadienses, entre los que se encontraba Cotler, respaldan las acusaciones de Tintori en ese momento una movida esencial para revitalizar la desgastada figura política de López y fortaleciendo la musculatura como requisito previo a las agresiones judiciales que vendrían más adelante.

La adhesión de Cotler a la elaboración de un expediente que legitime la activación judicial de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Venezuela fue recibida con beneplácito del gobierno canadiense, que en voz de su ministra de Exteriores, Chrystia Freeland, manifestó estar «muy contenta» apoyando el nombramiento del ex fiscal canadiense a «este panel de investigación y aplaudo su experiencia global con respecto a los derechos humanos y el papel de la ley».

Es importante recordar que Canadá, integrante del Grupo de Lima, ha escalado las presiones para el cambio forzado del gobierno presidido por Nicolás Maduro, y que en sus últimas maniobras ha omitido los procedimientos diplomáticos regulados por el derecho internacional, exigiendo la suspensión de las pasadas elecciones, impidiendo el derecho al voto en embajadas venezolanas dentro de su territorio y desconociendo los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Manuel Ventura Robles es el costarricense que cierra el equipo de juristas organizados por Almagro. Ex juez de la CIDH tiene una abultada experiencia en este brazo judicial de la OEA, opera en ella desde su fundación.

Como el resto de los operadores, tiene experiencia en la intromisión de los asuntos venezolanos. Específicamente en el caso del cierre en 2007 del conglomerado privado RCTV, que conspiró abiertamente en el golpe de Estado de 2002, conduciendo a la decisión administrativa de Conatel de no renovar el espectro radioeléctrico, amparado en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Ventura apoyó el dictamen emitido en 2015 por la Corte a favor del canal, obviando las pruebas de su participación en el golpismo. Decretó la violación de la «libertad de expresión» y consideró que era la sentencia más importante en esta materia.

Una breve comparación para evaluar un crimen de lesa humanidad

El informe presentado en la OEA supuestamente fundamenta las razones para considerar que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad.

La definición, incluida en el Estatuto de Roma, describe el crimen de lesa humanidad como «un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque», donde se contempla el asesinato y la tortura, actos por los cuales se acusa al Estado venezolano, adjudicándole la culpabilidad de más de un centenar de muertos producto de las actividades terroristas de 2017 coordinadas por dirigentes de la oposición violenta, armada y financiada por operadores internacionales, sobre todo Estados Unidos.

Además se mencionan homicidios, detenciones arbitrarias, alegación de torturas y violencias sexuales. Los datos son una continuación de la tarea realizada por Luis Almagro en función de activar la Carta Democrática Interamericana de la OEA, y que tiene como fuente de consulta a las ONG locales. Los esfuerzos desgastados en esta instancia por falta de consenso entre los países integrantes se trasladan, entonces, al órgano judicial internacional para suprimir a lo mínimo los procedimientos burocráticos y lanzar la jugada formal.

Estas acusaciones, carentes de evidencias sólidas, forman parte de la cotidianidad de los países aliados de Estados Unidos que la OEA se esmera en omitir. No hace falta hurgar mucho, una simple vista al estrato más superficial de los acontecimientos mundiales recientes da una idea de la exageración y despropósito de la instancia.

A mediados del mes de mayo, el Estado sionista de Israel, a través de su aparato militar, asesinó a 61 palestinos (entre ellos 8 niños) e hirió a 2 mil 700 personas durante las protestas concentradas en la frontera de Gaza por los 70 años de expulsión del pueblo palestino de su territorio (Nakba). Estados Unidos apadrinó alegremente estos eventos con el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén (Al Quds), una ciudad bajo ocupación beligerante por parte de Israel.

A la masacre y desplazamiento forzoso de la población se suma el apartheid institucionalizado mediante la instalación de ciudadanos judíos en territorio palestino y el levantamiento de un muro ilegal, la segregación racial mediante la falta de garantías legales y de acceso a la justicia, la privación del acceso a alimentos bombardeando con gases tóxicos los cultivos campesinos. El asedio a Palestina se pasea por cada uno de los elementos que comprenden lo referido a los crímenes de lesa humanidad sin que sobrepase la cerca de comunicados «indignados y de suma preocupación» entre la ONU y otros organismos de influencia mundial.

Los verdaderos crímenes de lesa humanidad en Venezuela

En todo caso, los verdaderos crímenes contra la humanidad y de guerra cometidos en territorio venezolano han sido auspiciados por el gobierno de los Estados Unidos. Entre abril y julio de 2017, cuando la dirigencia opositora canalizó el descontento producido por la asfixia económica y lo transformó en una escalada violenta, se incitó al ataque sistemático de todo el orden constitucional del país.

En esa corta fase, los venezolanos presenciamos el asesinato por móviles de odio hacia personas relacionadas con el chavismo. Almelina Carrillo, atacada con una botella de agua congelada mientras caminaba en dirección contraria a una marcha convocada por el Gobierno venezolano, y Orlando Figuera, apuñaleado y quemado vivo por grupos violentos concentrados en el este de Caracas por «parecer chavista», son los símbolos de una operación que resultó en más de 30 casos de crímenes de odio, moviendo la primera legislación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) recién constituida hacia una ley contra el odio y el fascismo.

El ataque a instituciones de salud, contemplado como delito en el artículo 8 del Estatuto de Roma, fue otro objetivo constante de la violencia irregularenmascarada en la manifestación pacífica. El Hospital Materno Infantil Hugo Chávez y la Maternidad del municipio Carrizal, ambos con población neonatal en estado de salud de sumo cuidado, fueron asediados por grupos opositores que obligó a la evacuación inmediata de los infantes y sus madres.

El afán por exponer a menores de edad en las confrontaciones impulsadas por los partidos políticos más beligerantes como Voluntad Popular y mediatizar este acto para aprovecharse de la imagen inocente, mover sentimentalismos y, a su vez, utilizarlos como escudos humanos, se considera como un acto de esclavitud, tipificado en el artículo 7 como «el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona… en especial mujeres y niños».

Acabar con esos conatos de violencia no garantizó el cese de los crímenes contra la población venezolana. Más bien, sufrieron una readaptación al plano financiero que, por más densidad en sus líneas de acción, no las hacen menos hirientes. La continuación del Decreto Obama en la Administración Trump logró la efectividad en sanciones que, además de limitar las maniobras del Estado venezolano para adquirir divisas extranjeras e importar insumos, han mutado ahora en el saqueo indiscriminado de los recursos petroleros de la nación y el bloqueo alimentario y de medicamentos que entran por las zonas fronterizas donde Estados Unidos presiona las medidas.

El bloqueo alimentario dentro del Estatuto de Roma se considera un crimen de lesa humanidad que señala directamente a la Administración Trump y a los dirigentes de la oposición local.

La fabricación de este piso de legitimidad mínima, un formalismo que aún se permiten en la debilitada estructura judicial del capital, le da luz verde a que alguno de los países integrantes de la OEA y suscritos a los intereses transnacionales en Venezuela continúe con la operación judicial, pues si un Estado que haya ratificado el Estatuto hace la denuncia ante la CPI podría abrirse una investigación sin ninguna otra mediación en vista de que los canales individuales para la apertura de un proceso judicial está obstaculizado por medidas burocráticas que pueden durar años.

En lo inmediato, la denuncia contra el país oxigena las decisiones coercitivas del Departamento de Estado norteamericano, que en los últimos días se han visto ralentizadas por los los últimos anuncios de Nicolás Maduro al expulsar al encargado de negocios de la embajada estadounidense, Todd Robinson, y al obligar a un canal de diálogo con Washington, liberación de Joshua Holt mediante. El desbocamiento de los articuladores nacionales y extranjeros de sanciones económicas a canales alternativos judiciales, son respuestas a estos efectivos golpes de la contraofensiva nacional.

Misión Verdad