Las sanciones anunciadas por la Casa Blanca prevén que el dinero proveniente de la venta a Estados Unidos vaya al «gobierno paralelo» (Foto: AFP)

Desde agosto de 2017, mediante orden ejecutiva de la Casa Blanca, la Administración Trump abrió paso a los severos episodios de sanciones abiertas y totales contra la economía venezolana, vetando a la nación petrolera de los mercados financieros de bonos.

En este mismo paquete de medidas, se ordenó a la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) con sede en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corporation, a que no enviara a Venezuela y a su casa matriz los dividendos generados por sus actividades.

Justo a mediados de septiembre de 2017, la filial venezolana en Estados Unidos reportó diversas situaciones de boicot a sus operaciones en suelo estadounidense asociadas al bloqueo de Venezuela y de CITGO a los mercados de créditos, incluyendo aquellos al corto plazo, relacionados a la adquisición de crudo en Estados Unidos pagaderos en 30 días.

CITGO, un complejo de tres refinerías, oleoductos, terminales y 6 mil gasolineras en suelo estadounidense, depende de crudo liviano para sostener la dieta de sus refinerías. Desde las medidas de bloqueo emitidas por el gobierno de Donald Trump, la empresa venezolana lidió con situaciones inéditas en su esquema de negocios, teniendo que desembolsar pagos adelantados para acceder al mercado local. Elementos que, sin duda, afectaron sensiblemente a esta empresa, la sexta en su ramo en los Estados Unidos, debilitando sus finanzas.

En noviembre de 2017 se produjo la captura en Venezuela de seis directivos de CITGO, en una operación de adecentamiento de las actividades de la industria petrolera venezolana ordenada por el presidente Nicolás Maduro. La captura de los directivos tuvo lugar en Caracas y estaba originada por situaciones de desfalco que comprometían el destino y propiedad de estos activos soberanos de Venezuela.

El fiscal general de Venezuela Tareck William Saab indicó que los imputados habrían firmado un acuerdo con dos empresas internacionales calificadas como «capitales buitre» para solicitar un financiamiento de hasta 4 mil millones de dólares, ofreciendo como garantía a la propia filial, operación que ocurrió a espaldas de PDVSA y de la República con la intención de lesionar seriamente el interés nacional. Las empresas estadounidenses involucradas en esta operación fueron las firmas de fondo de riesgo Frontier Managment Group LTD y Apollo Global Managment LLC, esta última considerada de las más agresivas en su ramo.

También las autoridades políticas venezolanas denunciaron en el marco de esas detenciones que había lugar a un proceso de cooptación de directivos de la estatal por parte de factores del sector energético estadounidense, interesados en hacerse de la propiedad venezolana mediante negocios desventajosos a la República.

Casi al unísono de estos eventos, tenía lugar en Venezuela la detención de Eulogio del Pino y Nelson Martínez, ambos ex ministros de Petróleo y ex presidentes de PDVSA, en lo que podría calificarse como las detenciones más sensibles e importantes en la lucha contra la corrupción en Venezuela en los últimos 20 años. Martínez, quien había presidido CITGO, fue señalado también como promotor de los equipos gerenciales que habrían participado en la frustrada entrega de CITGO a capitales buitres norteamericanos.

El precedente anterior dio paso a nuevas situaciones. En mayo de 2018, concretamente el día 21, justo al día siguiente de las elecciones presidenciales venezolanas en las que resultó vencedor Nicolás Maduro, la Casa Blanca emitió un nuevo paquete de sanciones.

En estas sanciones se congelaron las cuentas por cobrar de Venezuela y de CITGO en Estados Unidos, y también se efectuó una prohibición expresa a personas naturales y jurídicas en Estados Unidos o cualquiera relacionada con ese país, a participar en cualquier venta o transferencia de cualquier activo venezolano o con participación accionaria de Venezuela en posición de mayoría.

En otras palabras, Estados Unidos inhabilitó de manera expresa la negociación de CITGO por parte de Venezuela, cuestión que alcanzó un mayor grado de posibilidad en los últimos dos años mediante el aumento de las presiones, sanciones y señalamientos desde Washington contra la nación caribeña. En este evento se preparó el terreno para otras situaciones que están en vigor justo ahora.

Evolución e intenciones

En enero de 2019, Estados Unidos proclama al presidente de la Asamblea Nacional en desacato a los demás poderes públicos en Venezuela, Juan Guaidó, como «presidente interino» de la nación petrolera. Un evento de alta intensidad atravesado por grandes repercusiones, por tratarse de la efectuación de un golpe de Estado en curso con sello estadounidense.

El lunes 28 de enero, apenas una semana luego de la autojuramentación de Juan Guaidó como «presidente» de Venezuela, el asesor de seguridad de la Casa Blanca John Bolton anunció junto al secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin, el congelamiento de las cuentas del Banco Central de Venezuela en Estados Unidos y los demás activos de la República en suelo estadounidense, incluyendo a la filial CITGO.

Desde este punto, Washington emprende el ejercicio de una acción de arbitraje sobre los bienes soberanos de Venezuela, o lo que es en términos prácticos, su uso y aprovechamiento para adjudicarlos a discrecionalidad. En teoría, Washington comenzaría a adjudicar los bienes de PDVSA a Juan Guaidó, quien en simultáneo ordenó desde Venezuela la «toma progresiva y ordenada» de los activos de la República en el extranjero.

La Casa Blanca subrayó que al recibir petróleo venezolano en refinerías estadounidenses, los pagos irían directamente a beneficio del «gobierno paralelo» de Guaidó y sus acólitos delegados para supuestamente administrar los bienes venezolanos. En teoría, la intención declarada sobre CITGO ocurre como «medida de resguardo» de los activos venezolanos.

Los bienes venezolanos congelados son cuantificados en unos 7 mil millones de dólares por el Secretario del Tesoro, y su despojo efectivo y de hecho vendría con una pérdida adicional a Venezuela de ingresos por los 11 mil millones de dólares según Mnuchin, por concepto de pérdidas en las exportaciones petroleras. Esta cifra se une al ya extenso cuadro de pérdidas venezolanas mediante sanciones, de unos 23 mil millones de dólares, según el canciller venezolano Jorge Arreaza, quien lo afirmó recientemente ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

La medida del lunes 28 de enero obliga a Venezuela a cambiar los términos de pago de factura petrolera favorable a la nación, y también impone proceder a la búsqueda de otros mercados para la colocación de su crudo extrapesado, producto difícil de sustituir en el corto plazo en algunas refinerías estadounidenses, pues estas dependen casi exclusivamente de la dieta de crudo de Venezuela.

Aunque Caracas ha anunciado acciones judiciales en suelo estadounidense para proteger los activos de PDVSA, la medida de la Casa Blanca consiste en un embargo de hecho contra los bienes de la República y en teoría beneficia a sectores venezolanos, que de facto están en posiciones al margen de la institucionalidad nacional mediante una forma de proto-gobierno artificial, por autojuramentación y proclamación de Washington.

En términos prácticos, la medida de Washington de ejercer el control sobre los bienes de Venezuela es sumamente funcional tanto para ejercer presiones contra el país y al mismo tiempo darle forma a la peligrosa figura paraestatal de Guaidó, una trama que sin dudas apunta a acrecentar la presión y bloqueo económico, así como el caos institucional desde Venezuela y con proyección a su frente externo. Dicho de otra manera; hay un golpe de Estado en curso en Venezuela que opera desde direcciones varias y simultáneas.

Es consiguiente el hecho de que la agudización de los conflictos generados mediante las acciones de la Administración Trump pretende acelerar el resquebrajamiento de Venezuela desde adentro. Washington atiza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a dar un golpe de Estado y la presión psicológica multidireccional escala a niveles sin precedentes.

Desde el 23 de enero, día de la proclamación de Guaidó ante Washington, la Casa Blanca ha anunciado sanciones que ya estaban efectivas en los hechos, pero que presenta ahora como «trofeos de caza». Una de ellas es el caso de congelamiento de facto de CITGO y también lo es el caso del congelamiento y no repatriación a Venezuela de 1 mil 200 millones de dólares en oro venezolano por parte del Banco de Inglaterra.

Los anuncios, ahora oficiales, de estas acciones de bloqueo previamente consumadas a parcialidad, vienen a ser la narrativa de Washington que apunta a la conmoción de Venezuela para aupar su ruptura, facilitar otras presiones externas, agudizar el conflicto interno y además hacerlo escalar al ámbito militar. De esa manera hilvanan un esquema de guerra híbrida que pretende elevar las tensiones internas en simultáneo a la tensión presente.

Por supuesto, mediante esta operación económica, política y psicológica a gran escala, otra de las intenciones de Washington es promover los pasos en falso y reacciones no reguladas en la dirigencia del chavismo. También crear el momento efectivo para hacer salir los elementos cooptados que podrían existir en la dirigencia política nacional o en algunos sectores castrenses.

La Casa Blanca apuesta a la pérdida de cohesión en el chavismo que tanto necesita, al punto de que el robo de CITGO, como nodo económico sensible, es además un elemento instrumentalizado en favor al objetivo estratégico: doblegar a la República integralmente en sus formas de tejido político, institucional y militar.

Franco Vielma

Misión Verdad