Opinión
Foto: Referencial
Por: Edgardo Toro Carreño.
Con la firma de un contrato entre algunos venezolanos y una empresa privada estadounidense se pretendía derrocar al legítimo Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El contrato contemplaba el reclutamiento, entrenamiento, concentración, tránsito y financiamiento de mercenarios y, una vez logrado su macabro objetivo, la cesión de la soberanía de Venezuela a un mercenario extranjero quien junto a sus huestes actuaría con total impunidad en suelo patrio.
Lo que sigue es una suerte inventario de las normativas internacionales, y nacionales, que esta gente pretendió ignorar y transgredir:
•La Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.
•Propósitos y principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas relativos al estricto respeto de los principios de igualdad soberana, independencia política, integridad territorial de los Estados, el derecho a la libre determinación de los pueblos, la no utilización de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la no injerencia en los asuntos de jurisdicción interna de los Estados.
•El soberano principio del derecho a la libre autodeterminación que tienen los pueblos a determinar su condición política y procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural. También incumplieron el deber que tienen los Estados de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta, cómo es el caso del legítimo Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
• Los principios y postulados consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como el respeto a los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida y la institucionalidad democrática.
•La cesión de nuestras riquezas naturales y el espacio marítimo-terrestre venezolano para el tránsito ilícito de estupefacientes provenientes de Colombia.
•Transferencia del control de las instituciones del Estado, particularmente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyo eje fundamental se ha basado en la independencia y el antiimperialismo.
Todas estas actividades han sido condenadas por la comunidad internacional en reiteradas oportunidades, por diversas instituciones e instrumentos legales.
La Asamblea General y el Consejo de DD HH de la ONU han emitido, solo en los últimos diez años, suficientes resoluciones respecto al tema que venimos tratanto: Resolución 64/151 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 2009, y las resoluciones del Consejo 10/11, de 26 de marzo de 2009, 15/12, de 30 de septiembre de 2010, 15/26, de 1 de octubre de 2010, 18/4, de 29 de septiembre de 2011, 24/13, de 26 de septiembre de 2013, 27/10, de 25 de septiembre de 2014, 30/6, de 1 de octubre de 2015, 33/4, de 29 de septiembre de 2016, 36/3, de 28 de septiembre de 2017, 39/5, de 27 de septiembre de 2018 y 42/9 de octubre de 2019.
Como se ve, la comunidad internacional ha reconocido que los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas de terceras potencias para fomentar, entre otras cosas, la demanda de mercenarios y de empresas militares y de seguridad privadas en el mercado mundial, son graves delitos que vulnera los principios elementales del derecho internacional.
La comunidad internacional ha hecho un llamado a los Estados para que ejerzan la máxima vigilancia de prohibir el uso de empresas privadas que ofrezcan servicios internacionales de asesoramiento y seguridad de carácter militar cuando estas intervengan en conflictos armados o en acciones encaminadas a desestabilizar sistemas democráticos y gobiernos legítimos.
También ha condenado cualquier forma de impunidad que se otorgue a quienes perpetran actividades mercenarias y a los responsables de la utilización, el reclutamiento, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, rindan cuenta ante la justicia, instando a todos los Estados a que de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional brinden plena colaboración.
La aberrante pretensión de la entrega total de nuestra soberanía, violando no solo nuestro ordenamiento jurídico sino la tradición libertaria de nuestra patria no puede ser sino condenada por todos los países del mundo. La incursión mercenaria a nuestro país constituye un despropósito mayúsculo que quedará, por un lado, como una página triste por cuanto la invasión fue propiciada por quienes se dicen venezolanos; pero por otro, es un capítulo luminoso de nuestra historia: la unión cívico-militar, pilar de la revolución bolivariana, se probó en el campo y resultó victoriosa.
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