Opinión / Noticias
Por: Irán Aguilera
Con firmeza, la presidenta encargada Delcy Rodríguez llevó la voz del pueblo venezolano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el pasado lunes 11 de mayo, donde realizó lo que se ha calificado como una histórica defensa de nuestros legítimos derechos, dejando muy en claro ante el mundo que la República Bolivariana de Venezuela es profundamente amante de la justicia, la paz y la legalidad. Fue una sólida comparecencia que reafirmó el compromiso indeclinable de nuestra patria con la diplomacia bolivariana de paz, la cual se fundamenta en el respeto mutuo entre las naciones y el estricto cumplimiento del derecho internacional.
Sin embargo, la Presidenta encargada, al comparecer ante la CIJ en el marco de las deliberaciones sobre la disputa territorial de la Guayana Esequiba, hizo constar que su presencia no implicaba el reconocimiento de jurisdicción de esa instancia en tal disputa, sino la defensa de la soberanía venezolana y de la legalidad internacional. Una postura de principios irrenunciables que desmonta cualquier pretensión de instrumentalizar jurídicamente este caso.
La brillante pieza oratoria de la Presidenta encargada —en La Haya— se sustentó en el mandato de los venezolanos y venezolanas que, en pleno ejercicio de la soberanía el 3 de diciembre de 2023, se expresaron mediante el voto diciendo, de manera inteligible y contundente, que nuestro país sigue manteniendo la posición histórica de no someter a ningún mecanismo judicial sus asuntos existenciales, como la independencia y la integridad territorial, e igualmente que defenderá por todos los medios pacíficos, conforme al derecho internacional, el territorio de la Guayana Esequiba, el cual nos pertenece legítimamente.
En La Haya, Venezuela volvió a reivindicar el Acuerdo de Ginebra como el único instrumento jurídico válido para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, controversia que está regulada por ese tratado internacional que es jurídicamente vinculante, por lo cual debe ser cumplido por ambas partes de buena fe. Este documento histórico representa la única vía legal y pacífica para alcanzar una solución política real, dejando sin efecto cualquier intento de validar el fraudulento e írrito Laudo Arbitral de París de 1899, un despojo imperial que jamás ha sido ni será reconocido por Venezuela.
Venezuela nunca ha otorgado consentimiento para someter la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba a la jurisdicción de la CIJ; por lo tanto, es improcedente el recurso que de manera unilateral Guyana interpuso ante la CIJ, pues viola la legalidad internacional al no haberse agotado los medios de negociación política y pacífica previstos en el artículo 4 del mencionado Acuerdo de Ginebra de 1966. “Este marco no puede eludirse, reformularse ni sustituirse mediante el recurso unilateral a la resolución judicial: es ley entre las partes”. La patria de Bolívar no cederá jamás ante las pretensiones y presiones de corporaciones transnacionales que están por detrás de Guyana tratando de vulnerar nuestra soberanía; no pasarán.
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Barcelona/Edo. Anzoátegui